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» La voz
Fecha: 23/08/2024 03:38
Con la nominación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Javier Milei está dando el mayor paso en dirección contraria al discurso “anticasta” que lo llevó a la presidencia. Y Martín Llaryora ha respaldado esa decisión. La política argentina está dominada por amplios silencios y todo indica que muchos terminarán siendo apoyos vergonzantes al juez federal experto en dormir expedientes. Hay algunos rechazos bien claros, incluso en el seno del oficialismo, y muy poquitas voces de respaldo explícito. A ese minúsculo coro se sumó el gobernador cordobés, que dijo no tener “ninguna objeción” sobre Lijo, más allá de aclarar que quienes decidirán su nombramiento son los integrantes del Senado. Esa ausencia de objeciones de Llaryora sobre el juez propuesto por Milei podría ser una indicación sobre el comportamiento de la senadora Alejandra Vigo, pero la representante del peronismo cordobés ha sido enfática respecto de que la vacante que produjo Elena Highton debe ser cubierta por una mujer. Vigo se caracteriza por las ambigüedades en sus pronunciamientos cuando los temas son espinosos o controvertidos. El tema es que Llaryora parece tener varias razones para dar un aval a la llegada de Lijo a la Corte. Una está relacionada con hacer todos los gestos de respaldo posibles a la gestión libertaria, con la cual trata de ser quirúrgico en sus críticas públicas y bien explícito en sus apoyos. Otra tiene que ver con los padrinazgos de Lijo, en especial el de Ricardo Lorenzetti, el santafesino que fue durante años el hombre fuerte del máximo tribunal de la Nación y ahora ha quedado en cierta soledad. Llaryora tiene llegada a Lorenzetti por la vía de esos operadores políticos-judiciales todo terreno, que reciben jugosos honorarios de las más variadas administraciones. Por ende, imagina ampliar los interlocutores en un cuerpo que tiene varios asuntos que involucran los intereses de Córdoba. También está el tema de que Llaryora tiene una situación similar a la de Milei: hay una vacante ya producida en el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia y dos posibles en el corto o mediano plazo. Mercedes Blanc dejó en enero la cabeza del Poder Judicial cordobés y hasta acá el Ejecutivo no dio una sola señal de reemplazo. Luis Rubio ya pasó los 75 años y Luis Angulo está por cumplirlos. Justamente, Blanc renunció a esa edad citando lo dispuesto por la Constitución Nacional para los jueces federales, aunque en Córdoba no existe ese tope. La cuestión es que Llaryora bien podría especular con que si pasa el cuestionado Lijo en la Corte podría tener amplio margen a la hora de postular a alguien para el Tribunal Superior cordobés. Sin independencia Es que así como la Corte Suprema ha dado algunas señales de independencia del poder político en los últimos tiempos, el Tribunal Superior mantiene en Córdoba la tradición de estar siempre en sintonía con los trazos gruesos del Ejecutivo provincial. La mitad de sus actuales seis integrantes han tenido cargos políticos en las gestiones justicialistas. El caso más notorio es el de Angulo, quien fue ministro de Justicia, compañero de militancia y amigo de su impulsor Juan Schiaretti. Y mientras las miradas se posan en la Corte y la renovación parcial de esta en la era Milei, el Tribunal Superior fue apuntado en las últimas horas por una denuncia del líder de Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorrio, quien dice haber tomado conocimiento de un pedido millonario de coima por parte de altos funcionarios judiciales a Schiaretti para que el TSJ frenara la investigación del caso Odebrecht y la contratación de los gasoductos troncales en la provincia. El exlegislador alude a una votación en la cual el Tribunal Superior le denegó a la asociación civil Asoma la posibilidad de ser querellante y, de este modo, que avanzaran en Córdoba las causas vinculadas con aquel megaescándalo regional de la firma brasileña. No son casuales, tampoco, las alusiones de García Elorrio, porque al reflotar Asoma, recuerda el trío que compartía con sus pares Liliana Montero y Juan Pablo Quinteros, quienes pasaron de denunciantes de corrupción a ministros de la actual gestión provincial.
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