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» El Destape Web
Fecha: 21/08/2024 16:52
La Unión Industrial Argentina (UIA) se manifestó en contra de los aumentos en el comercio fluvio-marítimo, ante la suba de los peajes de la Hidrovía propuestos por la Administración General de Puertos (AGP). La suba, que busca saldar una deuda con la empresa de dragado Jan de Nul, podría tener graves consecuencias para los costos logísticos de la producción nacional y, por ende, para la competitividad de las exportaciones, según advirtieron entidades clave como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA). La propuesta de la Administración General de Puertos (AGP) de implementar un aumento en el peaje en la Hidrovía Paraná-Paraguay generó tensiones en la industria argentina. Este miércoles la UIA se expresó en contra de los aumentos durante una audiencia pública celebrada en la que aseguró que tiene un efecto directo en los costos de flete, que afectan la competitividad de las exportaciones argentinas y los costos de los insumos importados necesarios para la operación de las cadenas de valor. La entidad industrial aseguró que "los aumentos en el peaje de la Vía Navegable Troncal podrían aumentar entre el 46 y el 63 por ciento". Los representantes de la UIA indicaron que "en un contexto global de alta competencia que exige mejorar las condiciones de acceso a los mercados internacionales, medidas como ésta atentan contra la competitividad del desarrollo industrial argentino". "La tarifa propuesta por la AGP podría incrementar todos los costos de importación y exportación de graneles en más de un dólar por tonelada y los costos de los contenedores de importación y exportación en valores que oscilarán entre los 60 y 85 dólares extra", indicó la entidad. La UIA afirmó que "el aumento de los peajes se suma a los altos costos portuarios que representan más barreras para las exportaciones argentinas y menor competitividad". El informe de la entidad empresaria sostiene que "los costos portuarios como barreras para la exportación", realizado por el departamento de Transporte y Logística de la entidad y que revela que mover un contenedor de 40 pies en Argentina llega a ser hasta tres veces más caro para las exportaciones en comparación a otros puertos de la región y hasta siete veces más caro para el caso de las importaciones". La suba, que busca saldar una deuda con la empresa de dragado Jan de Nul, podría tener graves consecuencias para los costos logísticos de la producción nacional y, por ende, para la competitividad de las exportaciones, según advirtieron entidades clave como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA). Este incremento, que llevaría la tarifa de 3,06 a 4,98 dólares por tonelada, es percibido por los industriales como un golpe a la competitividad en un contexto de elevada competencia internacional. La UIA ha expresado su rechazo, argumentando que los costos adicionales no sólo impactarán en las exportaciones, sino también en los insumos importados necesarios para la operación de las cadenas de valor, afectando de manera integral a la economía argentina. La UIA cuestiona la existencia del “desequilibrio de base” argumentado por la AGP, señalando que existen ofertas en el mercado que podrían realizar las tareas de dragado y balizamiento a un costo significativamente menor. La UIA sugiere relicitar el servicio para reducir costos en lugar de aumentar el peaje. Por otra parte, la organización gremial se opone a la profundización de solo dos pies, argumentando que es insuficiente y podría entorpecer una futura licitación para un dragado más profundo. La entidad insiste en que se debería buscar una mayor profundidad para mejorar verdaderamente la competitividad del comercio exterior argentino. Desde la entidad sostienen que los usuarios del sistema fluvial no deben cargar con las consecuencias de decisiones que no han tomado, como el incremento de los costos de dragado o la inclusión del IVA. Además, argumentan que el contrato vigente pone la responsabilidad de la gestión de deudas en manos del concesionario, no de los usuarios del sistema.
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