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» Cadena3
Fecha: 21/08/2024 15:40
Juan Federico En el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba finalizó este martes el primer juicio por la compleja investigación alrededor de una concesionaria de vehículos de alta gama de Villa Carlos Paz que habría operado como una "pantalla" narco y de una fabulosa mesa de dinero, en la que incluso habría policías involucrados. /Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/ De los primeros ocho imputados, cuatro terminaron condenados. Entre ellos, el que figura como el cabecilla de toda esta historia, Eugenio Andrés Cavas, quien en Villa Carlos Paz abrió una concesionaria y emprendió diversos negocios utilizando el nombre falso de Javier Cañete. Recibió una pena de nueve años de prisión acusado de organización de narcotráfico y falsificación de documentos públicos, entre otros delitos. Un ladrón de countries que se había fugado de la provincia de Buenos Aires, donde lo buscaba la Justicia, para instalarse en Villa Carlos Paz, donde pronto instaló la fachada de una concesionaria de vehículos de alta gama en plena avenida Cárcano. A la par, se sostuvo en la investigación, fue generando un mercado ilegal moviendo importantes cantidades de droga y lavando dinero. La causa en su contra se precipitó a mediados de 2021 cuando un grupo de jóvenes intentó robar un camión cargado con casi 300 kilos de marihuana que estaba estacionado en Villa Páez, en la ciudad de Córdoba. Cavas aún tiene otro juicio pendiente por presuntamente enjuagar las ganancias ilícitas para reintroducirlas en el circuito financiero bajo una apariencia de legalidad. Para ese nuevo juicio por lavado de dinero lo acompañarán en el banquillo de los acusados dos supuestos testaferros, el abogado Enrique Adalberto Struck (un exempleado jerárquico de Epec) y Gastón Ignacio Quevedo. /Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/ Pero, a diferencia de otros juicios, el fallo que se conoció este martes en el Tribunal Oral Federal N° 1 trajo importantes novedades en torno a los absueltos. Uno de ellos fue Ramón Eduardo Barrionuevo, quien forma parte de un linaje muy particular en Córdoba: es nieto de la conocida narco Ramona “Kika” Reyna e hijo de Ramón Leyva, célebre delincuente acusado de integrar la banda de pistoleros que el 9 de octubre de 1996 robó un millón de pesos (un millón de dólares al cambio de la época) de una sucursal del Banco Francés de la ciudad de Córdoba. Leyva murió en Rosario tras un tiroteo con la Policía. Durante los alegatos, el fiscal Hairabedian había pedido una condena de cuatro años en su contra. También fue absuelta su esposa, Mariela Rosa Couly. Ambos fueron representados en el juicio por el penalista Miguel Juárez Villanueva. Otro de los absueltos fue Lucas Agüero, un mecánico de Villa Carlos Paz, a quien directamente el fiscal no acusó en los alegatos ya que, según apuntó, en el juicio no surgieron elementos para incriminarlo y que se trataba de una persona que no contaba con ningún antecedente. Detrás de Agüero se escribió una sórdida disputa política que hizo explosión mediática durante la última campaña para la intendencia de la ciudad de Córdoba, disputa que tuvo como principales contendientes al oficialista peronista Daniel Passerini y al opositor radical Rodrigo de Loredo. /Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/ Sucede que Agüero es pareja de la abogada Jessica Rovetto Yapur, quien en esa elección figuraba como candidata a concejal por la lista de De Loredo. En medio de una reñida campaña, que en su momento fue definida como “sucia” por ambos lados, desde algunos ámbitos mediáticos se insistió con la idea de que la candidata era “abogada y pareja de un presunto narco”. En ese momento, Agüero estaba imputado en el marco de esta investigación y se esperaba el juicio que llegó un año después. En los días previos a la elección, este dato, sumado a la supuesta conexión de otro candidato (Cristian Chesarotti) con una causa de narcomenudeo, cuestión que tampoco llegó a tener una resolución judicial, hizo hablar mucho de los presuntos vínculos narcos de la oposición. En el medio, se coló un proyecto que obligaba a los concejales electos a realizarse un narcotest. /Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/
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