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Concordia » Diario Junio
Fecha: 03/08/2024 15:45
Los trabajadores sufren las consecuencias del aumento. María José Chapitel, secretaria adjunta de Agmer Concordia, explicó que la mayoría de los docentes utilizan el transporte público para ir de una escuela a otra, en el caso de los de secundaria, y para ir y volver en el caso de primaria. Un docente de primaria que viaje dos veces al día en colectivo, ida y vuelta a la escuela, de lunes a viernes deberá abonar cerca de $ 31.000 al mes. Un docente de nivel inicial cobra $ 370.000. En consecuencia, deberá destinar casi un 10 % del sueldo para transporte. Chapitel explica que quienes viajan dentro de la ciudad donde se domicilian, a diferencia de quienes tienen que ir a escuelas rurales o semi-rurales, no reciben un adicional salarial (Código 029) que está contemplado para gastos de movilidad. Otro de los colectivos que suele utilizar el transporte público son los empleados mercantiles. En Concordia cerca de 4.000 personas trabajan en el comercio. Un empleado que deba utilizar el colectivo ida y vuelta dos veces al día deberá disponer de más de $ 60.000 por mes para el transporte público. Juan José Simonetti, secretario general del Centro de Empleados de Comercio, explicó que un trabajador en blanco sin antigüedad que trabaje ocho horas percibirá cerca de $ 870.000 al mes en agosto. Pero la mayoría de los empleados solo está anotada por cuatro horas o directamente está en la informalidad. Simonetti sostuvo que muchos empleados aceptan porque no hay perspectivas de obtener algo mejor y el que se queda sin trabajo no consigue nada después. Y, en esos casos, el sueldo es menor. De hecho, indicó que hay empresas grandes que están evaluando la posibilidad de reducir su plantilla de personal, Entre ellas, mencionó el mayorista Diarco que viene en una situación límite. «Van a esperar a noviembre o diciembre y ahí van a tomar una decisión”, dijo. También Carrefour ofrece retiros voluntarios. “Hay gente que cobra menos. Es gente que tiene la mitad de jornada o está informal. Cobran $ 600.000 o $ 500.000. El que más gana es $ 700.000”, indicó. Los $ 60.000 para el colectivo implican nuevamente un 10 % del salario para gastos de transporte. Asimismo, Simonetti sostuvo que no se asombraba de lo que está sucediendo en referencia a los constantes aumentos de tarifas. “Lamentablemente estamos cada vez en peores condiciones”, indicó. “Todo esto agrava un poco más la situación”, acotó. “No te dejan margen para hacer nada”, sostuvo. Simonetti sostuvo que intentan recuperar salario, que perdió entre un 30 y un 40 % luego de la devaluación de diciembre pasado, pero lo que logran siempre es insuficiente. La ultima paritaria del sector establecía una mejor trimestral que termina en agosto con subas de entre un 4 y un 5% mensuales. “Aumenta la luz, aumenta la nafta”, etc. “La gente no llega a fin de mes y el tema es arreglarse como puedan”, indicó. “La gente se endeuda con la tarjeta. Es lo que está pasando”, sostuvo. “Al salario lo han licuado”, añadió. Del otro lado se encuentran los choferes de los colectivos. Las empresas adujeron que necesitaban una mejora para cumplir con los sueldos de los choferes. La semana pasada, Felipe Sastre, presidente del bloque de ediles del oficialismo, explicaba que desde la Cámara les indicaban que había una paritaria de UTA (Unión Tranviarias Automotor) medio que estableció una actualización trimestral de los sueldos de los choferes. Para tener una referencia de esa paritaria, en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) el último mes contemplado, julio, el sueldo básico llega a $ 1.060.000, los viáticos a $ 145.488 y hay una suma no remunerativa de $ 250.000. De esta manera, el total ascenderá a $ 1.455.488. “Tienen que dar un aumento de sueldo y, con la conformación actual del boleto, es imposible dar un aumento sin que eso implique poner en riesgo la salud financiera de las empresas”, sostenía Sastre. Una motosierra sinfín Tras la sesión, el bloque de concejales del PJ, que se opuso al aumento de tarifas, sacó un comunicado donde expresan que “los usuarios del transporte urbano, quienes en su mayoría son trabajadores, estudiantes y jubilados, entre otros, no deben ser la única variable de ajuste, y el municipio en conjunto con las empresas/cooperativas prestadoras del servicio deben encontrar un equilibrio compensatorio para el precio del boleto que pagan los vecinos y vecinas, que en su mayoría pertenecen a sectores más vulnerables y de menores ingresos”, señalaron. “A contramano de lo que venimos planteando de crear un fondo compensador que amortigüe el precio del boleto, parece que la única salida lograda por los bloques que aprobaron este aumento es el de trasladar los incrementos que impactan en el costo del servicio directamente a los usuarios, lo que se traduce en el aumento del boleto. Lamentamos que no se contemple seriamente la alternativa presentada por el Bloque Justicialista, la cual busca hasta que se estabilice la situación económica al menos, con fondos provenientes del municipio (según este disponga) compensar los aumentos, amortiguando el ajuste en el bolsillo de los concordienses”, remarcaron. “Este proyecto del Fondo Compensador se comenzó a trabajar desde el primer aumento de boleto (vamos por el cuarto), cuando comenzamos a recibir solicitudes de comerciantes, estudiantes y distintos sectores, que nos pedían que busquemos la manera de evitar los aumentos al transporte público”, añadieron. “Los argumentos de que tenemos que acostumbrarnos a pagar los costos de los servicios tal cual son, son fáciles de decir para quienes llegan a fin de mes, o tienen saldadas sus necesidades básicas, pero lamentablemente la realidad de muchos es distinta… es necesario que el municipio no sólo sea un mero mediador y que, si aumenta algún costo del servicio, se traslade directamente, sino gestionar y proponer alternativas, más aún ante la crítica situación económica que todos conocemos”, remarcaron desde el bloque del PJ. En el comunicado del bloque del PJ se señala que el transporte urbano de pasajeros es un servicio público. “Es deber del estado intervenir en pos de que sea una herramienta pública positiva, no un perjuicio para complicar más llegar a fin de mes a los vecinos. Es necesario que el municipio no sólo sea un mero mediador y que, si aumenta algún costo del servicio, se traslade directamente, sino gestionar y proponer alternativas, más aún ante la crítica situación económica que todos conocemos”, indicaron. Hasta el momento, lo único que se sabe es que, en mayo pasado, el intendente Francisco Azcué se sumó al grupo de más de veinte intendentes de todo el país que dieron a conocer un documento conjunto en el que anunciaron que irían al Congreso de la Nación a reclamar por los fondos al transporte público que Javier Milei cortó y a cuestionar la discriminación que ejerce al sostener el subsidio solo en el AMBA (provincia de Buenos Aires). No hubo más noticias al respecto ya que el tema no fue analizado por los legisladores.
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