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Parana » Plazaweb
Fecha: 08/07/2024 13:36
Al respecto, pidió al Gobierno nacional y provincial que reconozcan la problemática y pongan en marcha soluciones que frenen el cierre de más establecimientos de salud que ya corren peligro. “El panorama es realmente muy complicado”, enfatizó con preocupación la referente empresaria. “Somos esenciales cuando nos necesitan”, lamentó al recortar el largo período de pandemia que visibilizó su vital importancia para sostener el entramado social y productivo, pero que tampoco terminó sirviendo para tomar “medidas de fondo” que solicitan desde hace más de dos décadas. “La situación de la provincia no escapa al del resto de las provincias con sanatorios del sector privado que trabajan para la seguridad social”, señaló, y aclaró que las empresas de salud en Entre Ríos dependen en gran medida del vínculo con las obras sociales. Sobre este punto, diferenció que las compañías de medicina prepaga, que si bien centralizan el debate nacional, apenas inciden entre un 5 y 7% en el financiamiento del sector privado de salud en el interior del país. Para poner en contexto, D’Agostino recordó que la emergencia en salud se declaró en 2002 y se extendió hasta diciembre de 2023. “En 21 años no se tomaron medidas de fondo para el sector, luego de ir de emergencia en emergencia prorrogada. Pasamos pandemia, períodos que no teníamos pacientes, otros con sanatorios llenos, un montón de crisis, pero medidas de fondo no se tomaron”, planteó. En esta coyuntura, recordó que la emergencia caducó en diciembre de 2023 y con ella “se terminó el subsidio en el empleo, la disminución que teníamos en contribuciones y en el impuesto al cheque, que se extendieron ambos hasta marzo”. En otras palabras, las políticas de alivio fiscal fueron parches temporales que, una vez finalizadas, obligaron a afrontar costos mayores a las empresas en medio de una recesión y licuación de ingresos. Pero ello no es todo. Indicó que “a nivel provincial cayó junto a la emergencia el subsidio del 50% a la energía, siendo que somos electrodependientes, que no podemos apagar o poner más despacio un respirador en terapia ni podemos apagar la luz los fines de semana”. Incluso, el impacto fue considerablemente mayor si se contemplan los incrementos tarifarios dispuestos a nivel nacional y que se trasladan sin morigeración en Entre Ríos. Además, subrayó: “A esto se suma la devaluación que nos impactó de lleno en los costos. Los insumos, medicamentos, descartables, tienen mucho componente importado. Ni siquiera se comportó con el índice de la devaluación, sino con porcentajes superiores y totalmente dispares. Se calculó un dólar a 2.000 pesos en diciembre”, advirtió, y agregó que también debieron ajustar necesariamente los salarios frente a la crisis que soportaron sus empleados. “Esto da un panorama que realmente es muy complicado”. La presidenta de Acler informó que la crisis actual tiene la particularidad del elevado endeudamiento. “Endeudamiento con AFIP, con ATER, muchos regularizados a través de planes de pagos, pero algunos sin regularizar. Sanatorios que no pueden pagar en tiempo y forma los sueldos y lo hacen de forma escalonada. Durante 21 años de emergencia, la AFIP no pudo embargar los sanatorios, pero termina el 31 de julio. No sabemos qué va a pasar”, advirtió. Ante este escenario, Acler realizó una encuesta en 34 de 38 sanatorios de la provincia: – El 72% mantiene deudas con AFIP. El 66% del total por períodos mayores a tres meses. – El 60% tiene planes de facilidades de pago. – El 46% mantiene deuda con ATER, de las cuales el 30% de ese total están regularizadas en planes de pago. – El 42% de las clínicas no están abonando sueldos a término. – El 51% de los establecimientos no están cumpliendo los plazos de pago con proveedores. – El 15% ya ha tenido reclamos por incumplimientos bancarios y/o financieros. – El 66% ha tenido que recurrir a endeudamiento para cumplir con obligaciones corrientes. Escuchá la entrevista completa:
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