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Valle María » Vallemarianoticias
Fecha: 08/07/2024 12:42
Se apuntó contra el “proceso de desarticulación y vaciamiento” del Registro Único de la Verdad, se exigió la puesta en marcha del Comité de Prevención de la Tortura y la integración de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos. El plenario de la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) denunció un “vaciamiento” en áreas del Estado. Fue este sábado en Concepción del Uruguay, donde se analizaron temas de la coyuntura nacional y provincial. Estuvieron presentes integrantes de los organismos de Concordia, Paraná, Gualeguaychú, Gualeguay, Colón, Villaguay y Concepción del Uruguay. Los representantes de la red recibieron al intendente José Eduardo Lauritto, quien manifestó su compromiso con las políticas de memoria, verdad y justicia, resaltando su voluntad de seguir apoyando las diversas acciones que se lleven a cabo. En el encuentro se abordó la situación de las causas judiciales sobre crímenes de lesa humanidad, con la presencia de la fiscal federal Josefina Minatta y el rol de las querellas de los organismos de derechos humanos en la reconstrucción judicial de la memoria. También se hizo presente, el diputado provincial Yari Seyler, quien conversó con los comisionados del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Sofia Stamatti e Ignacio Journé sobre la imperiosa necesidad de que las y los legisladores avancen en la puesta en marcha efectiva de ese organismo, su ejecución presupuestaria y la integración de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos. Además se escuchó la voz de las y los trabajadores del Registro Único de la Verdad, que a 20 años de su creación, “está sufriendo un proceso de desarticulación y vaciamiento”. Ambos temas vienen siendo denunciados públicamente, por parte de la Red y ante diversas autoridades del gobierno provincial, “entendiendo que estas políticas forman parte de la lucha inclaudicable del movimiento de derechos humanos en nuestra provincia”, dice el comunicado difundido luego del encuentro. Finalmente, se consensuó el rechazo a “las políticas de desguace del Estado nacional, el avasallamiento y la política represiva sobre los derechos fundamentales, la pérdida de soberanía y el empobrecimiento acelerado de gran parte de nuestro pueblo”.
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