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» Facundoquirogafm
Fecha: 06/07/2024 18:56
Compartí en redes: Leandro Bravo tenía 37 años cuando el 26 de febrero de 2022 murió bajo custodia policial en Charata. Por el hecho, dos años y medio después, serán juzgados en un juicio oral por "tortura seguida de muerte" cuatro funcionarios policiales que cumplían tareas en la Comisaría Primera y en el servicio 911 de esa ciudad del sudoeste: Alexis Jesús Fleitas Noguera, Enzo Matías Gómez, Franco Daniel Sosa y Carlos Agustín Díaz. El juicio tendrá lugar en Charata, según informó la Cámara en lo Criminal con sede en la localidad, y se iniciará en las dependencias ubicadas en calle Monseñor de Carlo al 645, el próximo 5 de agosto , desarrollándose las audiencias hasta el 9 de ese mes, entre las 8:00 y las 13 horas. Si fuera necesario, se extenderá hasta los días 12 y 13 de agosto, en ese mismo horario. El juez de cámara Juan Carlos Clauter presidirá el tribunal colegiado. En las audiencias previstas estarán presentes Silvia Mariela Slusar, fiscal adjunta en lo Penal Especial en Derechos Humanos, de Sáenz Peña; Silvana Karina Rinaldis, fiscal de la Cámara de la Tercera Circunscripción de Villa Ángela; Jorge Adrián Ferronato, representante legal de los querellantes particulares (la familia de la víctima); Roberto Sotelo, representante del Comité para la Prevención de la Tortura Chaco, junto a German Alexis Dellamea y Adriana Lorena Acevedo, representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Chaco, también querellantes en la causa; y los defensores particulares, Juan José Bogado, Cesar Luis Collado, Sebastián Quintana, Leandro Fioravanti, Justo Orlando Mencia y Sol Abigail Zarate. Según recuerdan desde el Comité para la Prevención de la Tortura, uno de los querellantes en la causa, Bravo murió "luego de haber sido aprehendido en la calle, sin ofrecer resistencia y tras recibir una golpiza en el suelo por parte de tres policías". Así, el joven llegó al hospital Enrique V. de Llamas "sin vida, con lesiones en la cara, hombros, marcas en las muñecas y lesiones en las piernas". El caso será juzgado por un juez técnico y no en la modalidad de juicio por jurados, como en algún momento se especuló que sería, ya que en la Cuarta Circunscripción Judicial dicho formato se aplicó con posterioridad a la elevación a juicio de la causa. Según la elevación a juicio, el oficial subayudante Fleitas Noguera, el cabo Sosa y el agente Díaz están acusados como coautores del delito de tortura seguida de muerte; mientras que, al primero de ellos, también se lo acusa por falsedad ideológica. En tanto, Gómez fue imputado como partícipe necesario del delito de tortura seguida de muerte. "Estuvieron privados de la libertad el máximo tiempo previsto por nuestro Código de Procedimiento. Por eso, si bien llegan (al juicio) en libertad, es por una cuestión técnica-procesal y no por falta de valoración de las pruebas ", explicó el abogado querellante por el Comité, Roberto Sotelo. En marzo de este año, la Cámara en lo Criminal de la Cuarta Circunscripción Judicial con sede en Charata resolvió que los cuatros policías imputados por la muerte del joven fueran liberados, condición en que continúan esperando el juicio. Por unanimidad, la Cámara dispuso el cese de la prisión preventiva, no haciendo lugar a la prórroga solicitada por la parte acusadora, y ordenando así la inmediata libertad de los cuatro imputados. El cese de la prisión preventiva es un paso procesal automático al cumplirse los dos años de detención de los imputados. En este caso, la fiscalía y el Comité de Prevención contra la Tortura del Chaco -en condición de querellante- solicitaron la prórroga por un año, pero la Cámara lo rechazó. En aquella ocasión, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero había declarado que "como institución" bregaban "por la libertad de nuestros efectivos, atento a que se trata de un hecho sucedido con motivo y actos del servicio policial ". "En función de eso, les asignamos los abogados de la institución. Otros efectivos tenían abogados particulares, pero en definitiva se logró el objetivo que era que recuperen la libertad, que afronten el juicio en libertad", explicó el funcionario policial. Como ya lo hiciera en otras oportunidades, Romero insistió en que "decida la justicia sobre la inocencia" de los agentes o su culpabilidad. Para el jefe policial en "la causa judicial se ventilaban cuestiones que, en principio, indicaban la presunta inocencia de los mismos", razón por la cual fue requerida su libertad previa al juicio.
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