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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 06/07/2024 18:19
Con la aprobación de la Ley Bases, para la segunda parte del año, el Poder Ejecutivo abrirá el abanico con nuevas propuestas polirubro, que incluye por ejemplo la “ley Hojarasca”, tal es el nombre pintoresco con que el ministro de Modernización Federico Sturzenegger bautizó a la iniciativa que apunta a barrer con un centenar de normas y regulaciones burocráticas que considera vetustas y que ralentizan el flujo de la economía. En el plano económico también se recorta en el horizonte una nueva ley de Hidrógeno, según reveló el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chrillo. “Además de tener una norma estructural del RIGI y la iniciativa privada, es posible que presentemos un proyecto de ley de hidrógeno. El mismo será acotado, donde se traten temas vinculados a las normas técnicas, esquemas de certificación, H2 en redes de gas (blending), entre otros puntos”, comentó el funcionario. La Ley Bases que se aprobó después de haber pasado por una cantidad de filtros dejó afuera las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio Televisión Argentina. De estos tres, el Gobierno quiere la privatización de la aerolínea de bandera, al evaluar que es un agujero negro de gasto público y de déficit irrecuperable, además de ser búnker de gremios enquistados. El diputado nacional del MID Oscar Zago, que es ex titular del bloque libertario, señaló que ya se están preparando proyectos de privatizaciones que se presentarían en los próximos dos meses, y que contarían con el apoyo de los bloques dialoguistas. El 1 de marzo, en la apertura de sesiones ordinaria, el presidente Javier Milei había anunciado la intención de avanzar con un conjunto de leyes “anticasta”. Aunque no se conoce la letra chica, en su momento el jefe de Estado había deslizado que se trataría de reformas en el sistema electoral sindical, la eliminación de jubilaciones de privilegio, el fin del financiamiento público de los partidos políticos y la apertura a los capitales privados y el proyecto de “ficha limpia” para evitar que funcionarios condenados puedan volver a presentarse a elecciones. En el plano de la seguridad pública, la Cámara de Diputados ya inició el tratamiento de una batería de proyectos impulsados por la cartera que preside Patricia Bullrich. La Ley “antimafias” propone agravar penas por delitos complejos aplicando sentencias de prisión de entre 8 a 20 años de prisión para aquellas personas que integren una organización ilícita. Asimismo, se prevé que todos los miembros de una organización considerada criminal puedan ser penadas con la pena máxima que corresponda al mayor delito cometido por la organización. Dentro de este paquete también se encuentran en debate la "Ley de Reiterancia", la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos para la investigación criminal de delitos sexuales en el ámbito del Ministerio de Seguridad, una actualización del régimen penal para las fuerzas de seguridad en lo que refiere al cumplimiento del deber y la legítima defensa. Por último, una modificación de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el combate al narcotráfico. Esta iniciativa también tiene el impulso del ministro de Defensa, Luis Petri. De la mano con estas iniciativas, el ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona, está terminando de pulir un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. La primera versión de la Ley Bases presentada en diciembre pasado, que contenía más de 600 artículos, entre ellos la obligación para los jueces de utilizar toga negra y martillo, incorporaba entre otros capítulos una ambiciosa reforma electoral. La resistencia de las provincias y de los partidos políticos de la oposición a que ese fuera un tema debatido en el marco de una ley ómnibus hizo que ese fuera el primer capítulo amputado de la redacción de la norma. La decisión del Poder Ejecutivo es reflotar la reforma electoral que puede resumirse en los siguientes puntos: eliminación de las PASO, boleta única y listas abiertas para que los ciudadanos tengan mayor participación en la selección de los candidatos, y bajar la edad de votación a los 13 años, igualando el criterio con la edad de imputabilidad que está proponiendo Cúneo Libarona para los menores que delinquen. Lo que todavía no está claro en esta reforma electoral es si se mantendrá el criterio de paridad de género en la integración de las listas electorales, cuya eliminación estaba presente en la primera Ley Bases. La ampliación del número de ministros de la Corte es un tema recurrente, que atraviesa administraciones de distinto signo político. Ya lo había planteado el Gobierno anterior, que quiso llevarlo a 15 miembros, y había logrado media sanción del Senado. Después el trámite se cajoneó en Diputados. Ahora el Gobierno de Milei quiere no solamente conseguir que se aprueben los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en el Senado, sino seguir agrandando el Tribunal Superior con el espíritu de sumar mujeres y darle a la Corte una impronta más federal.
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