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» Perfil
Fecha: 06/07/2024 13:26
Sin levantar el perfil, el Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, entró en un cuadrilátero para arrancar un nuevo round contra las prepagas. Una pelea que tiene ejes definidos: fiscalizar funcionamientos, con 280 empresas en la mira, y multar a aquellas que incumplan con normativas, con montos millonarios. A su vez, se encaró un fuerte ajuste. De acuerdo a lo que pudo reconstruir PERFIL, el objetivo que tiene el área que conduce Gabriel Oriolo para esta etapa es fortalecer su rol fiscalizador y empezar a ver bien de cerca qué pasa con las obras sociales y empresas de medicina prepaga. Fuentes libertarias dicen que eso no sucedió en los últimos años y colocan como ejemplo que las multas por incumplimientos fueron directamente de cero pesos entre 2022 y 2023. Bajo ese marco, en el oficialismo detectaron que al menos 280 prepagas no cumplieron con procesos administrativos obligatorios y entrega de documentación. Específicamente, no presentaron en tiempo y forma balances, padrones, planes y/o cartillas ante los requerimientos de la SSS. El mensaje fue claro: las entidades que ofrecen servicios de salud deben “ponerse al día” lo más rápido posible, caso contrario se procede a la baja. Existe una posibilidad de que desde Balcarce 50 cuenten en los próximos días qué prepagas están flojas de papeles. Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite De todos modos, antes de avanzar con la eliminación de una de las entidades, aparecerán las advertencias y las sanciones. Un dato: a partir de este año, la SSS modificó los procedimientos internos de multas tanto para las prepagas como las obras sociales e incrementó las cifras que deberán pagar en caso de no ajustarse a las reglas. De hecho, una voz de La Libertad Avanza al tanto del tema indica que muchas sanciones eran de 30 mil pesos, un número irrisorio para las arcas de las empresas u obras sociales, y ahora, dependiendo la infracción, la cifra más alta podría llegar a ser de más de 100 millones de pesos. ¿Qué sucederá con los valores de las cuotas, un tema en el que la administración Javier Milei se metió de lleno en su momento a través de su ministro de Economía, Luis Caputo? Desde este mes las prepagas pueden aumentar libremente según establece el DNU 70/2023 y la SSS no tiene la facultad de regular los valores. Pero desde el área prometen contar con una lupa para “garantizar la libre competencia”. Y, en caso de “abusos” que en su momento se detectaron, con marcha atrás incluida por parte de la Casa Rosada al regular el mercado, el organismo volverá a accionar. Por último, en la SSS se dio un paso más para ajustar números y funciones. Un proceso de “reordenamiento interno”, tal como denominan al achique que existió en la estructura política. Esto derivó en la eliminación de tres gerencias, cinco subgerencias y 14 coordinaciones. Lo que representó un ahorro de casi 80 millones de pesos al mes. A su vez, en LLA destacan que se economizaron más de 70 millones de pesos mensuales por dejar de tercerizar el call center. “Se brinda el mismo servicio de atención a los beneficiarios con los propios empleados del organismo”, son las palabras que aparecen desde el Gobierno para justificar el accionar. Emergencia en salud La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados se reunió en Tucumán y analizó un proyecto para declarar la emergencia de salud por un año que busca evitar la quiebra de clínicas y sanitarios, que se encuentran atravesando graves problemas por el aumento de los costos de medicamentos e insumos. A pocos días de firmarse en esa provincia el Pacto de Mayo entre el presidente Javier Milei y 18 mandatarios, el diputado de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, convocó a una reunión de la comisión en su provincia que se realizó en la Legislatura y contó con la participación del vicegobernador, Miguel Acevedo, y el ministro de salud Luis Medina Ruiz. Yedlin explicó que su proyecto busca declarar“la emergencia sanitaria, que es una ley que viene siendo prorrogada de alguna manera hace 22 años y que su objetivo es evitar que nuestras clínicas privadas y sanatorios que están con deudas previsionales o deudas impositivas no quiebren”. Además, detalló que la iniciativa tiene como fin crear un régimen especial para el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) no computable.
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