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» La voz
Fecha: 06/07/2024 01:05
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Cuando la Legislatura provincial aprobó a fines del año pasado el paquete impositivo 2024, en el sector agropecuario se encendieron las luces amarillas, pero nadie denunció la alerta. Si bien hasta diciembre del año pasado la mera compra, un instituto que está contemplado dentro del objeto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, estaba exento para los productos primarios, la derogación de su exención la dejaba en un estado latente para ser gravada. Significaba, a grandes rasgos, que los meros compradores –es decir, por ejemplo los exportadores de granos que compren en Córdoba– deberán abonar un impuesto del 0,75%. Al parecer, el compromiso de la Provincia era poner en marcha el impuesto luego de que el productor cordobés comercializara la cosecha gruesa, por eso el 1 de julio era la fecha desde la cual, en principio, la administración provincial comenzaría a cobrar el gravamen. La mera compra de productos agropecuarios está alcanzada con el impuesto cuando se trate de productos que van a ser industrializados o vendidos fuera de Córdoba. Por ejemplo, un comprador de Santa Fe (exportador, molino o acopio) que compra en Córdoba sería el que debería pagar el impuesto. El problema que manifiestan los productores y también los tributaristas, es que, en la práctica, ese costo se trasladará en un descuento sobre el precio que se le paga al productor. Es ahí donde el gravamen comienza a disfrazarse de una retención, el impuesto que desde Córdoba se le reclama a la Nación que elimine. Un costo más para el productor Si bien la defensa que se hace desde la Provincia es que el monto por recaudar no es significativo (sensiblemente menor que el de los derechos de exportación) y que tiene como objetivo evitar que los granos o la ganadería se industrialicen fuera del territorio, la mayor parte de la producción agropecuaria de Córdoba sale de la provincia. Eso hace inevitable el impacto del gravamen. Mientras tanto, aquellas empresas radicadas en la provincia que adquieren materia prima a productores de Córdoba, que siguen estando exentos de pagar Ingresos Brutos, no están alcanzados por la merca compra. En marzo, a través de la resolución 6/2024, la Dirección General de Rentas de la Provincia estableció la obligación de actuar como agentes de retención del impuesto a la mera compra (con excepción de la leche) a los intermediarios del comercio: comisionistas, rematadores, consignatarios, cooperativas o similares. Por ejemplo, cuando un acopio cordobés haga la liquidación secundaria por la venta de granos a un exportador deberá actuar como agente de percepción; es decir, se le va a cobrar el impuesto que depositará luego en la cuenta de la Provincia. “El tema es que cuando un exportador compre en Córdoba, bajará seguramente el precio por pagar, porque trasladará el impuesto al costo”, aseguran los críticos del impuesto. Desde que se conoció a comienzos de año la decisión del Gobierno de Córdoba de eliminar la exención a la mera compra, y si bien aún no estaba vigente, los exportadores habían comenzado a curarse en salud, con reducciones en los valores de los granos de hasta 0,30%, según admiten los propios productores. La inminente entrada en vigencia del gravamen, prevista inicialmente para el 1 de julio y ahora prorrogada por 90 días, llevó a la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) a expresar su rechazo. La manifestación pública de la entidad que integra la mesa de enlace provincial se conoció en vísperas de una reunión que los dirigentes rurales habían solicitado a la Provincia para negociar la conveniencia del impuesto. Oficializada la prórroga hasta el 1 de octubre, y luego de recibir con beneplácito la postergación, el objetivo de las entidades rurales es lograr que el gravamen no esté contemplado en el Código Tributario para 2025.
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