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» La voz
Fecha: 05/07/2024 03:22
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Hace tiempo que nada es azaroso en la comunicación política de los referentes del peronismo cordobés. Por eso, y luego de las diferencias para adentro respecto de cómo evocar los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón, las dejaron expuestas hacia afuera con publicaciones y expresiones que hicieron eje en diferentes aspectos. Así, Daniel Passerini optó por una foto de Perón con Evita comiendo en medio de la ruta y el foco en la doctrina social del fallecido líder, mientras que Martín Llaryora y Juan Schiaretti coincidieron en resaltar el abrazo con Ricardo Balbín y la frustrada convocatoria a la unidad nacional en medio de aquel país en llamas de los ‘70 del siglo pasado. Llaryora y Schiaretti, como les enseñó José Manuel de la Sota cuando llegó al poder hace 25 años en Córdoba, quieren plantar la idea de un proyecto superador al peronismo, que les ha dado resultado en la provincia. Y, si es posible, exportarlo. Esa fuerza exitosa en términos electorales para adentro y que todavía no logran armar para afuera responde a la misma lógica con la que Perón lo intentó en distintas etapas: la cooptación de partidos opositores, más que un acuerdo horizontal de agrupaciones y de dirigentes. Lo que cambia, además de los contextos históricos, es la conducta de quienes intentan ser cooptados. Con 30 años de diferencia, dos líderes de fuste del radicalismo, como Balbín y Amadeo Sabattini, evitaron la tentación de sumarse a un proyecto hegemónico en nombre de la “unidad nacional”. Sin defensa El “partido cordobés” de Llaryora y de Schiaretti usa aquella imagen del abrazo Perón-Balbín, pero en realidad se construye a partir del regateo de apoyos por cargos y prebendas, para los cuales siempre hay más de un radical interesado, sin conocer de Sabattini nada más que la avenida capitalina que desemboca en la vieja ruta 9. Es un concepto costoso ese de la unidad por la compra de voluntades de manera individual. Se inventan conchabos para que el dirigente que se suma al peronismo cordobesista contente a los suyos, y se agrandan las estructuras del Estado sin que ello implique mejor gestión. Ya era costosa para las arcas públicas en tiempos de extrema flexibilidad en el manejo de los recursos estatales, ni qué hablar ahora, cuando el discurso del recorte, de la casta y del equilibrio fiscal es central en la agenda pública. Uno de los tantos ejemplos de ese acuerdismo por el cargo es la Defensoría del Pueblo de la Provincia, un órgano de control en manos de radicales aliados al oficialismo desde hace 15 años. Durante los gobiernos radicales, el organismo estuvo en manos de dirigentes del mismo signo político. La Defensoría tiene 16 empleados de planta permanente, lo que debería sobrarle –junto con la treintena de cargos políticos– para hacer la tarea de tramitar reclamos de ciudadanos que dicen haber sido avasallados por la acción estatal. Pero, entre cargos jerárquicos, contratos y monotributistas, rondan los 300 agentes, para un presupuesto superior a $ 3 mil millones. ¿Defienden a algún ciudadano? No. Los 300 empleados se dedican a tareas de lo más diversas, casi todas realizadas por otras áreas del Estado. La superposición de funciones y de actividades es una constante en casi todos los organigramas estatales. Las gestiones provincial y capitalina son un claro ejemplo. Casi siempre tiene que ver con esa idea de la construcción política, de reparto por espacios, de “controles” cruzados, motivados más en la desconfianza que en la transparencia. Otras veces, los acuerdos son más costosos que el reparto de cargos y empleos definitivos o transitorios. Por caso, usar a opositores para impulsar leyes como la de las apuestas electrónicas, que están generando graves problemas sociales y sanitarios en Córdoba y en la Argentina.
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