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  • “Si el gobierno provincial no deroga el Decreto 1.576/24 vamos directamente a la profundización del conflicto”

    Gualeguaychu » El Argentino

    Fecha: 04/07/2024 19:31

    Por Luciano Peralta La situación es cada día peor para el conjunto de los asalariados del país, especialmente para las y los educadores, que hace muchos años, a pesar de que todos los gobiernos destacan la importancia de la educación, son un sector mal pago y que trabaja en malas condiciones. Estos seis primeros meses del año, lejos de revertirse la situación, el salario docente ha sufrido un gran deterioro, producto de decisiones políticas: a la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y de la partida por Conectividad, promovida por el gobierno nacional, ahora se le suma el aumento de forma inconsulta de un 3% en el aporte que cada trabajador hace a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. El decreto 1.574/24 lleva este aporte del 16 al 19% y es parte de la reforma previsional anunciada por el gobernador Rogelio Frigerio. Esto generó el rotundo rechazo de todos los gremios de la educación, que, el martes último y en conferencia de prensa, anunciaron el paro de actividades de este jueves, como respuesta a la medida. El paro fue acompañado por diferentes acciones a lo largo y a lo ancho de la provincia. En Gualeguaychú, en conjunto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los gremios docentes realizaron un acto en la puerta de la Dirección Departamental de Escuelas, donde fueron recibidos por su titular, Natalia Báez, para luego manifestarse frente a la Municipalidad. Natalia Zucol, titular de Agmer Gualeguaychú, al salir del encuentro con la funcionaria provincial, se refirió a los $358.428 que recibe un docente como salario inicial. “A ese sueldo el gobernador Frigerio le hace un recorte del 3% más, a lo que debemos sumar la quita del Fonid y la quita de Conectividad. Un sueldo de un docente que hoy es un indigente”, expresó Zucol. E interpeló directamente al Ejecutivo entrerriano: “Es ahí donde verdaderamente tiene que poner el foco si es que le importa tanto la educación pública y no sacarse fotitos a principio de año pintando una escuela”. “Después se llenan la boca hablando de calidad educativa, hablemos de lo que tenemos que hablar y de poner la plata donde debemos ponerla. No somos la clase trabajadora los que vamos a pagar el ajuste del gobierno nacional y del gobierno provincial”, expresó Zucol. Y apuntó: “No fueron votados por la sociedad para hacer lo que quieren, no se les dio un cheque en blanco. Así que será momento de demostrarles, tanto al gobernador como al presidente, que no estamos dispuestos a ceder nuestros derechos”. Conflictividad creciente Andrea Martínez, secretaria adjunta y administrativa de Sadop Entre Ríos Delegación Sur, también se manifestó ante el conjunto docente, que se ubicó sobre la calle Colombo. Leyó un documento consensuado por todos los gremios del sector (Sadop, Agmer, UDA, AMET) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). "Ante la publicación, por parte del Ejecutivo de la provincia, del Decreto Nº 1576/24, mediante el cual se elevan los aportes personales previsionales (tanto a activas/os como jubilados), reiteramos nuestro rechazo y repudio a la consumación de un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores entrerrianos”, expuso. “Para esta conducción no se trata solo del incremento del 3 %, es ese número más la reducción salarial de la mano de la quita del Incentivo y la eliminación del Fonid, sumado a la disparada inflacionaria, el alza de las tarifas de la luz, gas, el aumento de los precios de los productos básicos”, enumeró. Asimismo, el documento leído en la vereda de la Departamental de Escuelas cuestionó la postura política del gobernador de Entre Ríos, su apoyo al gobierno de Javier Milei y el acompañamiento a la Ley de Bases, lo que “demuestra su convicción de profundizar el recorte sobre las provincias” por lo que “la crisis económica se verá agravada”. “Si el gobierno de la provincia no deroga el Decreto Nº 1.576/24, vamos directamente a la profundización del conflicto. Entendemos que no puede ser que cada vez que se habla de déficit el recurso para revertirlo sea siempre el mismo: meter la mano en el bolsillo de los trabajadores. Existen otras formas de financiamiento de la Caja, es falso que deba ser aumentando impuestos a otros laburantes (comerciantes, almaceneros, pequeños productores). Estas son mentiras que pretenden instalarse desde el poder para dividirnos”, cuestionó Martínez. Y cerró: “Demandamos poder discutir con la patronal otros proyectos de financiamiento que existen y son posibles de implementar. Siempre hemos alentado el diálogo y el consenso, pero si el límite significa tomar una medida unilateral y perjudicial, el rumbo será la profundización del malestar y del conflicto”.

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