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» La Nacion
Fecha: 04/07/2024 19:12
Escuchar MAR DEL PLATA.- El próximo 14 de agosto, a las 10, el juez federal Martín Poderti, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de esta ciudad, será indagado por el delito de peculado, que prevé una pena de entre dos y diez años de cárcel. El despacho que utiliza desde el pasado 7 de diciembre en la sede de avenida Luro y Santiago del Estero, cuando asumió su actual cargo, fue uno de los escenarios allanados por orden de la Justicia en busca de evidencias referidas a 144 monedas de oro valuadas en 200.000 dólares que habían sido secuestradas en una causa judicial que se sigue a un narcotraficante y que desaparecieron mientras estaban bajo custodia de Poderti, mientras desempeñaba su anterior función de secretario del Juzgado Federal N°2 de San Isidro. La medida solicitada por el fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc, y librada por el juez federal de San Martín Emiliano Canicoba se completó ayer y, además de la sede judicial marplatense, alcanzó al vehículo particular de Poderti, el domicilio en el que aquí se aloja en la zona de Playa Grande, una casa y un departamento en San Isidro y otra en la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre. Además de otros automotores que están a su nombre o miembros de su grupo familiar, según dijeron a LA NACION fuentes de la investigación. A la par, el magistrado dispuso trabar un embargo sobre los bienes de Poderti hasta cubrir la suma de 190 millones de pesos, también sobre automóviles de su propiedad, bloqueo de cajas de seguridad que le pertenecen y también la prohibición para abandonar el país sin autorización judicial. La requisa, que estuvo a cargo de personal de Policía Federal Argentina (PFA), derivó en el secuestro de documentación, teléfono celular con su correspondiente chip de línea, tarjetas de memoria, una computadora personal y otros elementos que fueron considerados de interés para la causa. En ese expediente aparecen detalles del origen de esta investigación, con faltantes de esas valiosas monedas de oro incautadas en el marco de la causa que derivó hace poco más de un año en la captura de Gustavo Sancho, acusado de comandar una organización que se dedicaba al narcotráfico en el país. Esos y otros valores habían sido preservados en una caja de seguridad en la sucursal San Isidro del Banco Nación, bajo responsabilidad del juzgado en el que Poderti se desempeñaba como secretario. El faltante, según se pudo conocer, se detectó a comienzos de abril último, cuando Poderti ya llevaba casi cuatro meses como juez en Mar del Plata, con pliegos aprobados por el Senado de la Nación en septiembre del año pasado. El hecho se estima cometido en fecha “incierta” pero sí la pesquisa considera que debió haber sido entre fines de diciembre de 2019 y febrero del año pasado, cuando Poderti pasó a desempeñarse como adscripto en el TOF N° 1 de San Martín. En principio, esa caja de seguridad correspondía al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, bajo cuya acción se había logrado el secuestro. Su titular, Sandra Arroyo Salgado, se inhibió poco después en esta causa, que pasó a manos del Juzgado Federa en lo Criminal y Correccional N°2, donde Poderti era el secretario y Lino Mirabelli el juez. Las mismas fuentes confirman que, ante la irregularidad, se revisaron los registros de la entidad bancaria y entonces confirmaron que Poderti había accedido a esas cajas de seguridad en 19 oportunidades en un plazo de tres años. Se pudo determinar que algunas de esas visitas las hizo mientras estaba en licencia de sus funciones en el juzgado de San Isidro. Su firma y documento de identidad constan en los registros bancarios de cada uno de esos pasos que tuvo para acceder a la caja de seguridad de referencia, según cita la investigación judicial. Son 144 las monedas de oro que faltan, que corresponden a cinco denominaciones distintas y con procedencia de origen de distintos países. Las sospechas llevaron al Ministerio Público Fiscal a apuntar sobre el funcionario judicial y requerir estas medidas que se cumplieron en las últimas horas, con el visto bueno de Canicoba. A la par de los allanamientos hizo lugar a varios de otros requerimientos planteados por el fiscal. Entre ellos, la inhibición general de bienes hasta cubrir la suma de 190 millones de pesos y la prohibición para salir del país sin autorización judicial. Con ello, el embargo de tres automotores, de los cuales figura como titular en el Registro de la Propiedad Automotor. También de algunas de sus cuentas bancarias, entre las cuales quedaron exceptuada la destinada al cobro de haberes y otra en la que es apoderado. Además, dispuso el bloqueo de cajas de seguridad a su nombre y de sus dos hijos. Poderti integra el TOF de Mar del Plata junto a sus colegas Roberto Minguillón, con quién compartió acto de asunción. Completa el cuerpo Roberto Falcone, juez con décadas de experiencia en ese cuerpo. Los dos primeros cubrieron vacantes tras las salidas de Néstor Parra y Mario Portela. “Hoy juré como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata. Un sueño hecho realidad después de 30 años de trabajar en el Poder Judicial. Gracias a todos los que me acompañaron en este día tan especial para mí” , publicó Poderti en su cuenta de la red social Instagram el 8 de diciembre pasado. El operativo a la totalidad del personal de ese tribunal, ya que se hizo poco después de mediodía, mientras se cumplían actividades con normalidad. Incluso con desarrollo de audiencias por distintas causas que tenían participación de fiscales del fuero. Habilitó incluso comentarios prontos en el ámbito judicial local porque se entiende que esta causa que involucra a Poderti estaba en marcha cuando se lo designó juez. La constatación del faltante se logró en agosto pasado, un mes antes de la aprobación de sus pliegos y cinco meses antes de jurar como nuevo juez del tribunal federal marplatense.
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