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Parana » El Once Digital
Fecha: 04/07/2024 18:11
Los abogados defensores de los dos policías implicados por la Fiscalía en la muerte de Ariel Goyeneche, el 12 de febrero pasado, cuando lo detuvieron en la zona de calle Luis Piedrabuena y lo trasladaron hasta la sede de la Comisaría Segunda de Paraná, cuestionaron el informe pericial de la autopsia y señalaron que ese estudio tiene defectos. El fiscal de la causa, Santiago Alfieri, caratuló la causa como por “homicidio en exceso en cumplimiento de un deber”, e implicó a tres miembros de la fuerza. En base a los informes periciales colectados en el último tiempo, la Fiscalía presume que 12 de febrero, alrededor de las 6,30, los funcionarios policiales en servicio en Comisaría Segunda Lisandro Romero, sargento; David Vázquez, cabo; y Alan Vázquez, oficial ayudante, “ocasionaron la muerte de Ariel Alejandro Goyeneche por asfixia mecánica por compresión toráxicoabdominal. También le provocaron múltiples lesiones contusas, excoriaciones y equimosis en el torso, tobillos, rodillas, mejillas y cabeza, así como un hematoma en riñón derecho y desgarro hepático”. Los abogados de Lisandro Romero y David Vázquez, Damián Petenatti, Iván Vernengo y Daniel Rosattelli, dieron a conocer su punto de vista sobre el caso. El tercer oficial involucrado en la muerte de Goyeneche, Alan Vázquez, es defendido por el abogado Eduardo Gerard. Sobre el llamado de Fiscalía a prestar declaración de imputados para los policías, los defensores Petenatti, Vernengo y Rosatelli señalaron: “El acto de imputación y la calificación legal de los hechos es esencialmente provisoria, y de ninguna manera implica que la investigación esté finalizada; por el contrario, desde el punto de vista de la defensa, aquella recién comienza a desarrollarse, ya que a partir de ella es que los imputados pueden conocer precisamente de qué hecho concreto se los está acusando, circunstancia que hasta el momento no se sabía”. “Las medidas de prueba continuarán su curso y una vez que pueda entenderse definitivamente finalizada, recién allí la Fiscalía podrá determinar, si esta imputación actual es ajustada o no a lo que realmente ocurrió en aquel hecho o, por el contrario, debe modificarse”, señalaron en un escrito dado a conocer jueves. Y señalaron que “esta decisión se tomó luego de transcurrido casi cinco meses de aquel suceso, lo cual explica claramente la complejidad de los hechos y ha sido motivada por la conclusión del informe autópsico que indica como supuesta causa de muerte, una compresión toráxico-abdominal en la persona de Ariel Goyeneche”. Sobre ese punto, explicaron que “la defensa de los dos funcionarios que trasladaron a Ariel Goyeneche manifiestan que todos los estudios existentes hasta el momento han sido profundamente examinados por el consultor privado del equipo de la defensa, Dr. Oscar Rafael Chiappetti, un experimentado y solvente médico legista con más de cuarenta años de trayectoria, veintitrés de los cuales los ha ejercido dentro del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Entre Ríos”, indicaron los letrados. “De dicho informe privado, que será presentado para conocimiento del Sr. Fiscal de la causa al concluir la inminente feria judicial de invierno, se observan severos e irremediables defectos en la autopsia practicada a Ariel Goyeneche, junto a omisiones en la consideración rastros presentados en su cuerpo, que no fueron debidamente estudiados ni abordados, entre ellos, la presencia de una partícula extraña en su tráquea, corroborada por la propia médica forense que efectuó la necropsia y con suficiente entidad para provocar una asfixia mecánica, circunstancia que resulta absolutamente ajena a la intervención de nuestros defendidos, al igual que otros signos presentados en la autopsia que los alejan de haber provocado su muerte”, destacaron. El perito de parte “ha podido concluir que del estudio anatomopatológico y fotografías de la autopsia, ninguna de las características propias de esa especial tipo de asfixia (toraco abdominal) se encontraban presentes en el cuerpo de Ariel Goyeneche”. Además, sostuvieron que las “observaciones y medidas de prueba pendientes, deberán continuar para obtener los elementos necesarios que permitan concluir con los motivos del deceso”, resaltaron. Al final, pusieron de manifiesto que resulta “auspicioso que de aquí en el futuro, se capacite a funcionarios de la fuerza de seguridad en el tratamiento de personas con problemas de salud mental y/o bajo los efectos de estupefacientes, circunstancia que a la fecha de los hechos no existía en la fuerza policial de la Provincia, como así tampoco formación alguna para afrontar tal eventualidad, careciendo los funcionarios investigados de los conocimientos propios para obrar de un modo distinto lo que, por ello mismo, no era exigido por la ley vigente”.
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