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» El Ancasti
Fecha: 04/07/2024 12:20
La tala de bosques nativos genera impactos ambientales muy negativos. Y por esa razón es deber de los gobiernos regular y limitar los desmontes, que suelen realizarse para expandir la frontera agropecuaria, en función de parámetros razonables que busquen un equilibrio entre las necesidades productivas de las provincias y la preservación de los ecosistemas autóctonos. Por esa razón suele haber una tensión entre los empresarios agropecuarios y las autoridades. Una de las provincias donde el fenómeno del desmonte ha sido muy cuestionado es Chaco. Precisamente en esa provincia asumió en diciembre, como ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible del gobierno del radical Leandro César Zdero, el ingeniero agrónomo Hernán Halavacs. La paradoja es que quien se convirtió en la máxima autoridad ambiental de la provincia de Chaco, responsable de garantizar la protección de los bosques nativos, es el ingeniero agrónomo que consiguió la mayor cantidad de permisos de desmonte en la historia reciente de la provincia. Y al parecer por vías bastantes cuestionables, según las graves denuncias en su contra, presentadas por una prestigiosa organización, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Esta ONG denunció a Halavacs junto a un grupo de diputados, exfuncionarios de Chaco y empresarios por los supuestos delitos de defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. También por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y asociación ilícita. Un informe periodístico publicado por la periodista Emilia Delfino en el portal de noticias eldiarioar.com sostiene que, según la denuncia, Halavacs es parte de una “maniobra delictiva compleja que trae aparejada la destrucción de los bosques nativos de la provincia de Chaco, en pos del beneficio económico privado, apoyada en la corrupción estatal-empresarial”. El funcionario es el mentor de la modificación del mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que sorpresivamente habilitaron para desmonte cientos de miles de hectáreas que antes estaban dentro de un área protegida. La nueva ley, según la ONG denunciante, “reduce dramáticamente la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre el ya golpeado monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, el oso hormiguero, el tapir, el quimilero (especie endémica que solo existe en la región del chaco seco), entre otros, y todo a medida de las grandes empresas tanineras y el agronegocio”. La maniobra es el resultado esperable de la gestión de una persona que se encuentra, como se dice habitualmente, “de los dos lados del mostrador”. Sobre todo si del lado oficial gestiona a favor de los intereses que defendía cuando estaba en el lado contrario, y no los públicos, para lo que fue nombrado. Esta situación ocurre también en otros niveles de gobierno, incluido el nacional, donde ministros cumplen funciones en áreas en las que con anterioridad actuaban como empresarios. n
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