07/07/2024 06:47
07/07/2024 06:47
07/07/2024 06:47
07/07/2024 06:22
07/07/2024 06:20
07/07/2024 06:15
07/07/2024 06:11
07/07/2024 05:52
07/07/2024 05:52
07/07/2024 05:52
» Fin del Mundo
Fecha: 04/07/2024 09:03
Zona Liberada Ambiental El acopio ilegal de más de 150.000 bolsas de plástico de baja densidad para uso industrial persiste en un predio sin habilitación ni medidas de seguridad en Ushuaia. 04/07/2024 D esde hace al menos dos meses, uno de los terrenos ubicados en el acceso a Ushuaia es testigo de un acopio ilegal y continuo de 150.000 bolsas de plástico de baja densidad para uso industrial que se encuentran en un predio que no cuenta con habilitación ni medidas de seguridad adecuadas. El caso, que ha generado más reacción mediática que institucional, sigue generando preocupación ante la evidente insolvencia estatal para resolver una situación que se aparta de toda legalidad. Por ejemplo, el potencial riesgo ambiental continúa en una zona de suma fragilidad por estar continua centenares de hectáreas de bosque nativo, especialmente ante la falta de señalización en caso de incendios y la nula existencia de equipos para minimizar siniestros. Además, llamativamente se evidencia la ausencia de sanciones o multas por parte de las autoridades que tienen responsabilidad directa sobre la actividad. Según información a la que pudo acceder este medio, entre los días 21 y 24 de mayo, la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA) tomó cartas en el asunto tras un relevamiento de oficio realizado por el área técnica, luego de la publicación de la información en EDFM. En su informe, solicitaron a las empresas involucradas, Transinland S.R.L. y Río Chico, propietaria del material plástico, detalles sobre la cantidad de bolsas almacenadas, composición del material, y el propósito y destino final de la materia prima. También exigieron información sobre las medidas de contención implementadas para evitar la dispersión del material en el ambiente y una copia de la habilitación municipal vigente. Transcurrieron 14 días para la respuesta preliminar de Transinland S.R.L., quien el 7 de junio, aseguraba que las bolsas, que contenían polietileno de baja densidad, no representaban un riesgo significativo de incendio o contaminación. Según la empresa, el material estaba debidamente acondicionado en bolsas resistentes, sujetadas con film stretch y dispuestas en pallets de madera. Además, la empresa afirmó que en caso de rupturas, el material se recolectaba y se enviaba a los clientes para su tratamiento. Pese a estas afirmaciones, la respuesta no tranquilizó a las autoridades ni a la comunidad, que seguían observando el material esparcido sobre el suelo natural del predio. Recién el 1 de julio, la DGGA envió otra nota a Transinland S.R.L. solicitando en un plazo de 24 horas un cronograma detallado de retiro del material acopiado, junto con documentación respaldatoria. También, se les recordó los requerimientos no cumplidos de la Nota DGGA N° 14/24. Seguidamente, la inspección realizada el 2 de julio por la Secretaria de Ambiente reveló que el material seguía estibado sobre suelo natural y en pallets, sin adecuadas medidas para evitar su dispersión. A pesar de la existencia de barreras laterales y contenedores como medida de prevención, se observó la presencia de pellets dispersos en varias áreas del predio. La auditoría instó a la empresa a realizar una limpieza inmediata del sector. Durante la inspección, se constató que desde el 28 de mayo, la empresa había realizado 118 cargas de material con destino a Río Grande, totalizando 2.124 pallets de materia prima enviados. Sin embargo, la DGGA sigue sin recibir una respuesta completa sobre la cantidad actual de material acopiado ni el cronograma definitivo de su retiro. La situación expone un claro ejemplo de cómo a algunas actividades comerciales e industriales se les exigen estrictas medidas de seguridad y habilitación, mientras que otras, como el depósito irregular que utilizan Transinland y Río Chico, parecen operar con un llamativo nivel de impunidad. Por otra parte, se desconoce el tipo de intervención que han realizado las autoridades municipales, ya que el predio no cuenta con la debida habilitación, a la par que no se han aplicado sanciones ni multas efectivas. El caso ¨Bolsones¨ se ha convertido en un símbolo de la laxitud en la aplicación de normativas ambientales en Tierra del Fuego, generando la necesidad de una intervención más enérgica por parte de las autoridades para resolver esta inquietante situación de impunidad ambiental.
Ver noticia original
.gif)
 (1).jpg)
Examedia © 2024
Desarrollado por