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Parana » Radio La Voz
Fecha: 04/07/2024 03:37
El abogado Javier Baños, integrante del staff de Fernando Burlando, en comunicación telefónica con RADIO LA VOZ, se refirió a la defensa del exgobernador Sergio Urribarri y la situación de la exfiscal general adjunta Cecilia Goyeneche. Señaló que: “Respeto mucho el principio de inocencia, hasta que no haya una resolución firme; el caso de esta doctora está siendo analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, y aclaró que: “El caso Urribarri es un caso nefasto realmente, desde el punto de vista jurídico, procesal, del derecho procesal constitucional, y además es nefasto desde el punto de vista político institucional para la provincia de Entre Ríos y para todo el país”. Argumentó al respecto que: “Acá hay una condena contra Urribarri que realmente es escandalosa, está mal dictada. No se respetó ninguna regla básica del procesamiento; aplicaron al revés todos los principios más elementales del debido proceso legal constitucional: no hubo defensa en juicio; se juzgó a Urribarri por fiscales especiales, es decir, fueron elegidos a dedo; se violaron un sinnúmero de leyes nacionales y provinciales; hicieron allanamientos ilegales; se prorrogó ilegalmente la jurisdicción criminal, cosa que está prohibida; se hicieron escuchas ilegales y no se respetó ni siquiera la mínima garantía que es la de un Juez imparcial”, enfatizó Baños. Sobre los Jueces que condenaron a Urribarri aseguró: “El Juez de primera instancia es el cuñado de la Juez que confirma el fallo; la Jueza del Tribunal de Casación es la esposa de su peor enemigo; la tercera Juez de Casación es la pareja del Procurador General de la Provincia, que está denunciado por encubrir a la sub procuradora, la cual es desplazada por presuntos actos de corrupción. Es decir, el procurador no solo está denunciado, sino que el señor Urribarri a través de su abogado, el doctor Fernando Burlando, le ha pedido el jury de enjuiciamiento”. Con respecto a los Fiscales indicó que “los tres fueron elegidos a dedo por el procurador general, no se respetó el sistema de turnos, un sistema equitativo de distribución de trabajo, no hay criterios objetivos; solamente hubo una discrecionalidad absoluta en la procuración general que a dedo elige una fiscalía, entre comillas, anticorrupción para que de esta manera se pueda arrogar esta potestad, que es totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, de seleccionar discrecionalmente nada más y nada menos que a los fiscales que se encargan de investigar a todos los delitos más sensibles de la provincia, los delitos de corrupción, es inconcebible en una República, en un sistema democrático de derecho porque nadie puede legalmente concentrar todo ese poder”. Enfatizó Baños al respecto: “Todos los delitos de corrupción los investigan tres amigos del procurador general, tres fiscales de su extrema confianza. Supongamos por hipótesis que el procurador general es un corrupto, ¿quién lo investiga al procurador general?, la provincia queda en manos de una sola persona. No puede concentrar todo el poder del Ministerio Público de una provincia en una sola persona, porque de esa manera tendría todo el poder concentrado del sistema judicial. El fiscal acusa, archiva, resuelve; es decir, tiene que haber un sistema de peso y de contrapeso, un sistema de control, porque un poder tan exorbitante lo que hace es generar corrupción, y esto es lo que provocó todas las arbitrariedades y todas las ilegalidades que el equipo de grandes juristas que viene defendiendo a Urribarri desde los primeros momentos de la instrucción lo vienen denunciando, pero le dictan a todo que no, pero claro, si los tres fiscales que concentran todo ese poder exorbitante han sido elegidos a dedo por el procurador general”. Con respecto a la ex procuradora general adjunta, Baños dijo: “Hasta que no se expida el máximo Tribunal Federal yo no puedo decir si es corrupta, si no es corrupta, si cometió los actos que como bien decís objetivamente están probados, se los hizo con dolo, fue más un problema de negligencia o de incapacidad para ejercer un cargo público. Pero la realidad es que no fue desplazada por combatir la corrupción; fue desplazada porque objetivamente era socia, tenía propiedades en común con un imputado en una causa que ella estaba investigando y en la cual, cuando tenía el deber de excusarse, no se excusó; y el señor procurador general encubrió y apañó esta situación”. En forma paralela, “esta mujer está filmada mientras coacciona a un imputado para que declare como testigo en extraña jurisdicción. Está filmada en jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires coaccionando a una persona para que declare como testigo, cuando era su deber hacerle saber los hechos que tendría que haberle imputado y los derechos particulares que le asistían a elegir un abogado defensor”. Analizó el abogado que: “Todas las defensas que esgrimió ella en el proceso que se siguió en su contra en el jurado de enjuiciamiento son las mismas arbitrariedades que vienen denunciando el equipo de abogados de Urribarri desde el primer momento de la investigación, con lo cual parecería que tiene una doble vara para medir la situación: cuando las irregularidades se le cometen a Urribarri están bien cometidas, ahora cuando a ella le parece que pueden estar siendo cometidas en su contra es una aberración y automáticamente se queja y va al máximo Tribunal Federal para que se revea su situación”. Agregó en relación a la causa contra la ex sub procuradora que “nunca podés utilizar el interrogatorio contra una persona imputada de un delito sin la presencia de su abogado defensor, y en este video que se acompañó como prueba se advierte una coacción evidente: le están diciendo al imputado que declare contra el gobernador o queda procesado. Concretamente le dicen nosotros tenemos motivos, hay elementos para imputarte, y le dice la fiscal hemos decidido no hacerlo. Esto es completamente ilegal. Le está diciendo a una testigo/imputada que en la medida en que sea útil para condenar a Urribarri el nuevo código le da la posibilidad de no imputarla, eso es un disparate, esto es ilegal”.
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