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» Tiempo San Juan
Fecha: 04/07/2024 00:57
Es el caso más resonante del ámbito judicial y político. El origen es la expropiación de la exbodega La Superiora en el 2012. Luego de largos trámites legales, el conflicto la sociedad Inversores de Cuyo y la Municipalidad de Rawson escaló hasta la Corte de Justicia, que ordenó una llamativa segunda tasación del inmueble. Esa segunda tasación dejó contra las cuerdas al municipio, que debe afrontar una deuda de 371 millones de pesos. La demanda fue presentada por la sociedad presidida por el juez laboral Matías Pallito, que está patrocinada por el excandidato a gobernador de San Juan, Martín Turcumán. El dirigente tiene vínculos familiares con los expropiados. El Presidente en la provincia Todos los detalles de la visita de Javier Milei a San Juan: el plan que lanzará, en dónde y cómo estará tránsito Cuando este diario destapó el escándalo por la expropiación, luego de quince meses desde que la Corte dejó firme el fallo de la nueva tasación, el fundador de Acción para una Democracia Nueva (ADN), el partido que puso a Javier Milei en los cuartos oscuros de San Juan, fue sindicado como el abogado de la querella. Sin embargo, lo negó. La declaración textual del 28 de mayo fue: "Hace muchos años firmé la demanda, pero no la seguí" e informó que la causa estaba en manos de Roberto Gómez. Pero ahora, la situación cambió. Este martes, en las afueras del Secretaría Nacional Electoral, durante la visita de la secretaria General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, Turcumán afirmó que se trató de una mala interpretación de este medio y que él siempre encabezó la demanda. Pese al textual. En una reciente entrevista con Radio Sarmiento, tomó posición en la defensa de los intereses del grupo empresario y dijo: "Estamos discutiendo, desde 2012, lo que entendíamos que era un avasallamiento del Ejecutivo municipal, en aquel momento, en el gobierno de Gioja, contra un particular. Es una defensa que ya venimos llevando por más de una década y resulta que se alteran las condiciones políticas y las opiniones empiezan a cambiar". Lo cierto es que tanto el excandidato como el letrado Gómez patrocinan a Inversores de Cuyo. Turcumán tiene un lazo insoslayable con los Pallito. Es el cuñado del juez de Primera Instancia de Trabajo que preside la sociedad y también de Cristian Pallito, hombre de reconocidas apariciones en círculos políticos y mediáticos en los últimos meses del 2023. En un principio, la sociedad representada por el abogado ligado al espacio del Presidente reclamó el revalúo del inmueble y persistió en la queja hasta que el tribunal de la expropiación redefinió el precio. Pasó de los 5 millones de pesos originales que pagó la gestión de Juan Carlos Gioja a 6 millones 800 mil pesos. Una diferencia de poco más de un millón de pesos. Pallito reclamó por los andariveles judiciales. La causa cayó en la titular del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti. La jueza resolvió que se pague el saldo adeudado. La cuestión se demoró y las distintas presentaciones de la sociedad de responsabilidad limitada llevaron la causa hasta la Corte de Justicia, que no sólo le dio la razón sino que ordenó una nueva valuación que hizo saltar el valor. Encima, el municipio no apeló y el fallo quedó firme. La gestión actual, de Carlos Munisaga, tomó las riendas del caso e hizo la presentación de una queja ante la Sala IV de la Cámara Civil por un recurso de nulidad pasado que Tettamanti no concedió. Las juezas María Eugenia Varas y María Josefina Nacif estudiarán los argumentos de la Municipalidad. Por eso, resolvieron "hacer lugar a la queja formulada por la actora", "conceder el recurso de apelación interpuesto" y "disponer que bajen las presentes actuaciones y los autos principales, a la instancia de origen, a fin de la debida sustanciación de dicho recurso". El excandidato a gobernador confirmó que este jueves presentará la apelación a esa queja que suspendió el pago de la deuda millonaria hasta resolver si habrá nulidad de la segunda tasación o no. Turcumán calificó la decisión judicial como un "papelón" y anticipó que el escrito es bastante potente. La queja que hizo Rawson fue una manera de ganar tiempo ante un desembolso que podría ser un "mazazo a las finanzas del municipio", según dijo el secretario de Modernización, Adriel Fernández. Puertas adentro, la gestión de Munisaga está en la búsqueda de los responsables de la falta de seguimiento legal de la causa durante el 2023, cuando la Corte de Justicia definió la segunda tasación. Para el secretario Fernández, "la defensa fue nefasta". "Entonces, desde ese punto de vista, estamos en una situación en la cual quien debía ser diligente, fue negligente. Quien debía velar por la correcta tramitación de las causas y plantear recursos o impugnaciones en el tiempo oportuno, no lo hizo", aseguró. En ese sentido, informó que "hubo una tasación que demoró dos años, tiene 300 páginas. Y hubo otra que demoró un mes y tiene 15 páginas. En la que el municipio no intervino en ningún momento. Conociendo que se estaba llevando adelante", se quejó en alusión al exintendente Rubén García y el asesor Letrado, Pablo Manzur.
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