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» El Ciudadano
Fecha: 03/07/2024 15:54
Las administraciones de Javier Milei y de Alfredo Cornejo darán esta semana un paso clave para desprenderse de sus acciones en la emblemática metalúrgica fundada en 1907 por la familia Pescarmona: una carta de intención para venderlas a una compañía estadounidense Fuera de las discusiones sobre el enajenamiento de empresas estatales, uno de los puntos que dilató la aprobación de la ley Bases, la metalúrgica Impsa será este jueves el mascarón de proa para la cruzada de traspaso a manos privadas de compañías públicas o, como en este caso, de capital mixto. La ex Pescarmona tiene hoy participación mayoritaria del Estado nacional y del Gobierno de Mendoza, donde está radicada. Lo que se hará es la firma de una carta de intención con una compañía estadounidense interesada en quedarse con la argentina. El nombre de la compradora se mantiene en reserva, explicaron fuentes oficiales, por razones de “confidencialidad”. Impsa fue estatizada parcialmente en 2021 por decisión del entonces presidente Alberto Fernández. El Estado nacional invirtió 15 millones de dólares para quedarse con el 63,7% de la firma. El de Mendoza aportó 5 millones con lo que se quedó con el 21,2%. El 15,1% restante de las acciones quedaron en manos privadas: el fideicomiso de acreedores retuvo el 9,8% y la familia fundadora mantuvo el 5,3%. Las administraciones de Javier Milei y de Alfredo Cornejo darán esta semana un paso clave para desprenderse de sus acciones en Impsa. A las 12.30, firmarán la carta de intención que inicia el proceso de salida pública de la emblemática metalúrgica fundada en 1907 por la familia Pescarmona. En el momento de toma de control público, Impsa atravesaba una grave crisis, fundada entre otros factores en problemas con sus negocios en Brasil, donde había montado una fábrica de aerogeneradores, y Venezuela que comenzaron en 2010. A ello se sumó la reducción de proyectos de magnitud en la Argentina. Tras varios procesos judiciales y de reestructuración de su millonaria deuda, la inyección de capital estatal le dio aire para iniciar un proceso de recuperación. Pero todo se detuvo a fines del año pasado, con el cambio de administración nacional. “La empresa venía recuperando negocios y capital de trabajo muy bien, hasta diciembre. El problema es que muchos de los proyectos que financiaba la Nación en San Juan, Santiago del Estero, La Rioja y otras provincias se frenaron a fin de año”, indicaron al portal mendocino El Sol fuentes del sector metalúrgico. Aunque parezca, la operación no es una sorpresa. La semana pasada, hubo negociaciones apuradas para dar el paso. El encargado de los detalles es el nuevo CEO de la empresa, Horacio Aldo Chighizola, a quien designó Milei para gestionar y ejecutar la transición para la venta. En esa línea, el viernes último se oficializaron los cambios en el Directorio. Chighizola quedó como CEO, pero con un contrato temporal por el proceso de venta. “Dado que el accionista mayoritario (Estado nacional) ha manifestado que tiene la intención de analizar la venta del paquete accionario de control de la Empresa, la contratación del CEO se efectúe mediante un contrato de trabajo a plazo fijo, por un período de 12 meses, sin perjuicio de su eventual terminación anticipada o prórroga, según resulte necesario en relación con el objetivo antes mencionado”, se expuso en el acta de la reunión de Directorio. En diciembre de 2020, el Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Matías Kulfas confirmó que la empresa había ingresado en el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp) y que, por lo tanto, el Estado iba a pagar durante cuatro meses el 75% de los salarios de los trabajadores. La deuda millonaria de Impsa tuvo su origen en 2014, producto principalmente de los “malos negocios” con Venezuela y Brasil. Tuvo que hacer un plan para restablecer operaciones, con un pasivo superior a los 1000 millones de dólares que consiguió reducir a menos de la mitad en paralelo con la postergación de pagos de las deudas. Después, llegó el rescate final del Estado que ahora la administración libertaria busca revertir. La empresa, que entre otros proyectos realiza trabajos para la represa Yacyretá, emplea a unos 720 trabajadores. El secretario de Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, Juan Pazo, a cargo de la negociación gruesa del traspaso, señaló que la oferente estadounidense se compromete a pagar los sueldos de los empleados durante los próximos dos meses, hasta que se pueda concretar la privatización total del capital accionario.
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