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» El Intransigente
Fecha: 03/07/2024 09:40
Los miembros del Senado debatirán desde las 11hs del jueves 4. Los proyectos que se tratarán tienen que ver con la trata de menores, una jornada en conmemoración al atentado de la AMIA y el asenso de tres superiores de las Fuerzas Armadas. La iniciativa que plantea declarar el 18 de julio cada año un día de Duelo Nacional en homenaje a las victimas del atentado ejecutado por terroristas en la Asociación Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994. El proyecto establece que: «La Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los lugares y edificios públicos durante la jornada«. «En conjunto, el Ministerio de Educación, a través del Consejo Federal de Educación y en coordinación con las autoridades educativas de las provincias, dispondrá los medios necesarios a fin de que los establecimientos educativos primarios y secundarios, de tanto gestión estatal como privada, organicen y desarrollen actividades conmemorativas», continuó desarrollando el texto. Los asensos del Contraalmirante Carlos María Allievi (de la Armada), del General de Brigada Carlos Alberto Presti (perteneciente al Ejercito) y al Brigadier Mayor Fernando Luis Mengo (de las Fuerzas Aéreas) al grado superior se dictaminaron el último jueves de junio. La Comisión presidida por la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri. El Senado contra la trata infantil Uno de los casos que tiene en vela a toda Argentina es la búsqueda de Loan, el niño correntino desaparecido hace 20 días y cuya investigación se complica cada día más. La senadora radical, Carolina Losada, presentó ante la comisión de Justicia un proyecto que busca fortalecer los castigos contra «quien entregue un niño o niña, haya mediado precio o no, una promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación». La nueva propuesta penará con cinco a quince años de prisión a quien facilite o promoviere la perpetración de estos delitos. Establece también una pena de cuatro a diez años de prisión para los funcionarios o empleados públicos, tutores o guardianes del menor de edad, abogados, o miembros de organizaciones especializadas en adopción que participen o avalen las conductas previstas en la Ley.
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