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» Noticiasnet
Fecha: 03/07/2024 02:16
02/07/2024 Otro giro para el lado de la recuperación de fondos legislativos acaba de dar el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia de Río Negro en el pleito que se lleva a cabo dentro de las demandas entabladas por el Loteo de la Asociación de Empleados Legislativos (APEL), mientras ese gremio estaba en manos de Alejandro Gatica. Esta nueva demanda por la restitución de partidas, gananciosa para la Fiscalía de Estado, surgió a partir de que el STJ rechazó un recurso de casación impuesto por Gonzalo Javier Angos y la firma GAL SRL, y de acuerdo a cálculos oficiales según pudo saber NoticiasNet de fuentes dignas de crédito, la devolución -en este caso- podría rondar en los 40 millones de pesos a la actualidad. Cuatro años atrás, la Fiscalía de Estado de la Provincia inició cuatro demandas por 70.000.000 millones de pesos contra cinco empresarios inmobiliarios que facilitaron la defraudación millonaria a Río Negro, y en mayo de 2020 Angos, su hermano Ricardo Angos (reelecto como concejal de Patagones por Juntos por el Cambio), Yolanda Inostroza, Mario Montero de Espinosa y Alberto Otermin. Lograron el beneficio de suspensión de Juicio a prueba con la entrega de cinco lotes (por un valor de 10 millones de pesos) en el marco de una causa penal entablada en la Primera Circunscripción Judicial. Sin embargo, los fiscales reclamaron en el fuero civil una suma mayor. El Fondo de la Vivienda fue creado en 2010 con aportes públicos y quedó bajo la administración del sindicato legislativo para dar "soluciones habitacionales" a los empleados. Los empresarios inmobiliarios fueron acusados de participar en la venta irregular de inmuebles a Gatica, y según la causa penal ventilada en los tribunales capitalinos, tres de ellos fueron señalados por simular ser adquirentes intermediarios en estos negocios inmobiliarios y disimular los sobreprecios, asegurando el retorno a Gatica y su círculo familiar así como a su socio, Angos. El dirigente gremial fue condenado en 2020 a tres años de prisión en suspenso por defraudación al Estado en el manejo del fondo de viviendas, junto con la titular de Finanzas también involucrada en los hechos, Stella Maris Sale, y el entonces adjunto, Walter Bringa. Se les cuestionó años atrás por el delito de Administración infiel por el dinero que debía destinar para planes de casas entre 2010 y 2014. Evitó la cárcel, pero debió pagar 15 millones de pesos. Asimismo, Stella Maris Sale, ex secretaria de finanzas del gremio debió reparar el daño entregando más de 2.700.000 de pesos al erario estatal. El STJ hizo lugar en el último fallo del 19 de junio a un recurso de casación para que puedan quejarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) los involucrados Alejandro León y Alicia Fernández en lo relativo al agravio sobre la omisión de la sentencia de computar los bienes (dinero y bienes muebles) entregados a la provincia con consecuencia del beneficio de suspensión de juicio a prueba en el expediente Gatica. León y Fernández también atravesaron ese juicio penal por ser considerados partícipes necesarios de la "defraudación por administración infiel y por abuso, ambas en perjuicio de una administración pública", y terminaron con la suspensión de juicio a prueba en la que tuvieron que pagar dinero en efectivo o entregar lotes privados, y realizar trabajos comunitarios. En el caso de Alejandro León y Alicia Fernández, quienes en su momento se dijo que eran empleados de la Legislatura de Río Negro, se comprometieron a devolver seis millones y medio de pesos descontado en cuotas de sus sueldos.
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