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Fecha: 02/07/2024 20:36
Tandil es una de las ciudades que más sufre la notable alza en el robo de cables. La problemática del robo de cables en Tandil se ha transformado en un auténtico inconveniente diario para las autoridades en lo que va del 2024 y entre las últimas medidas conocidas se conoció un proyecto del gobierno municipal para crear el denominado “Registro Municipal de Acopiadores, Operadores, Transportistas y Vendedores de Metales no Ferrosos”. Días atrás el Ejecutivo a cargo del intendente Miguel Lunghi elevó un proyecto de ordenanza para crear el citado registro sobre los metales entre los que se encuentra el cobre. La intención de las autoridades comunales es que en ese registro se deban reportar todas las operaciones efectuadas, posibilitando ejercer un control efectivo sobre trazabilidad del metal no ferroso durante toda la cadena de tratamiento que va desde la obtención del material hasta comercialización final, e incluye el transporte en cualquiera de sus formas. “Esta iniciativa permitirá al municipio de Tandil y a las autoridades policiales y judiciales poseer un conocimiento cierto y actualizado de los sujetos que legalmente intervienen y/o participan en la cadena de obtención, comercialización y transporte de este tipo de materiales dentro del partido, y posibilitará conocer las operaciones declaradas por los intervinientes en toda la cadena de comercialización”, especificaron desde el gobierno comunal. El proyecto elevado que deberá tratar el Concejo Deliberante indica que las personas humanas y/o jurídicas obligadas a inscribirse, también deberán ajustarse a las prescripciones de la ley provincial N° 13564 y su decreto reglamentario N° 1018/07. El robo de cables es un delito que ha aumentado notoriamente en Tandil, en Mar del Plata y en gran parte de la Argentina, afectando al transporte y distribución del suministro de electricidad y servicios de telefonía y comunicaciones. Además estos robos provocan daños materiales a las empresas prestadores de los servicios de suministro de energía eléctrica, de telefonía, comunicaciones y al municipio, generando un perjuicio a la población que en muchas ocasiones sufre la interrupción del servicio o suministro afectado por el delito.
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