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» Clarin
Fecha: 02/07/2024 16:33
La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló toda la causa en la que se cedió a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue un predio de 180 hectáreas registradas a nombre del Ejército Argentino sobre la ladera oeste del cerro Otto, localidad de San Carlos de Bariloche. El Máximo Tribunal tomó esa decisión porque en el caso se omitió dar intervención a la provincia de Río Negro, cuya citación resultaba necesaria para que pudiera ejercer su derecho de defensa en juicio. Se trata de las tierras de la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche que el gobierno K quería entregar a esa comunidad mapuche luego de un proceso administrativo irregular y en el marco de ocupaciones ilegales en el lago Mascardi. Con el apoyo del kirchnerismo, esa comunidad demandó al Estado Nacional para que se instrumente a su favor el título de propiedad comunitaria sobre las tierras que alega ocupar en forma “actual, tradicional y pública”, según fue reconocido por la resolución 1174/2012 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de conformidad con el resultado del un supuesto relevamiento técnico, jurídico y catastral realizado por dicho organismo. En primera instancia en Bariloche se hizo lugar a la acción de amparo y se ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que en el término de 60 días, a partir de que la resolución quedara firme, transfiriera a título gratuito al INAI el dominio de las tierras disputadas. El Ejército Argentino apeló esa decisión y la Cámara Federal de General Roca rechazó el planteo por considerar que había sido presentado fuera del plazo procesal previsto gracias a una maniobra de funcionarios del ministerio de Defensa del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que investiga el fiscal Carlos Stornelli. Contra esa decisión, tanto el Ejército Argentino como la fiscal general interpusieron sendos recursos extraordinarios, que fueron denegados y dieron lugar a la presentación de sendas quejas ante la Corte. La actuación de los abogados estatales también dio lugar a una causa penal que se encuentra en trámite y en la que fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Allí, la Cámara Federal de Casación Penal anuló los procesamientos, decisión que está recurrida ante la Corte. En la sentencia del día de la fecha, la Corte declaró la nulidad del trámite de la causa judicial y dispuso que se le debía dar participación en el juicio a la Provincia de Río Negro. Fundó la decisión en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que establece que en materia de adjudicación de tierras a las comunidades indígenas la Nación tiene competencias concurrentes con las provincias en las que se encuentran ubicadas esas tierras.
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