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» Clarin
Fecha: 02/07/2024 15:56
La Cámara Federal de Casación declaró esta tarde inadmisible la apelación del ministerio de Capital Humano, que insistía en que la decisión del juez Sebastián Casanello respecto al diseño de un plan de distribución de los alimentos que estaban guardados en dos galpones oficiales, porque se trataba de una "intromisión judicial" en políticas del gobierno. Después del fallo adverso de la Cámara Federal porteña, en el que se ordenó al ministerio de Capital Humano que entregue un cronograma de distribución de los alimentos secos a comedores y merenderos de diversas provincias, la subsecretaria Legal de la cartera -Leila Gianni- siguió con la vía recursiva y llegó ante la Casación, sosteniendo que había una violación de la división de poderes por parte del juzgado a cargo de Casanello. Al analizar la apelación, la Sala II de la Cámara de Casación, integrada por la jueza Ángela Ledesma y sus pares Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, consideraron que era inadmisible el reclamo de Capital Humano. La disputa por las cinco toneladas de alimentos que se encontraban en dos depósitos continúa sumando capítulos en la justicia federal. Ahora será el máximo tribunal penal el que deberá pronunciarse ante la apelación de la resolución de la Cámara de Apelaciones que había dado la razón al juez federal Sebastián Casanello sobre el pedido de elaboración de un plan que indique la cantidad de alimentos, fecha de vencimiento y su distribución. El fallo de la Cámara Federal encomendaba al Ministerio de Capital Humano que cumpliera con lo solicitado por el juez Casanello, esto era que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”. Después de una intimación del juzgado, tras el fallo, el ministerio que dirige Sandra Pettovello remitió a Casanello un listado con el detalle de los alimentos, su ubicación y el plazo que demandaría la distribución de los mismos. Sin embargo, el ministerio consideró que había elementos suficientes -agravios como se plantean en esta instancia- para ir ante la Casación Federal. Uno de los principales planteos es que observan una “violación al principio constitucional de división de poderes, el debido proceso” y se refirieron, también, a la “arbitraria la resolución recurrida”. Se volvió a hacer referencia en la apaleación, a que la decisión del juez del caso como la confirmación de la Cámara, “amén de inmiscuirse en cuestiones políticas no justiciables, generan un perjuicio irreparable para el interés general”. En concreto, había reclamado Capital Humano: “la orden del juez de grado establece un requisito adicional, que es la intervención de un órgano judicial, quitando la inmediatez que tiene la Administración Pública Nacional en la ejecución de políticas públicas. Implementar un procedimiento adicional al establecido por la normativa”, continuó diciendo la abogada Gianni, “por un órgano del Estado que carece de competencia constitucional al respecto para fijar la política pública o forzar a la distribución de aquellos alimentos en la forma que se intenta, lo único que logra, es entrometerse en la esfera de otro poder”. Cuando la Sala II estudió el planteo de la Subsecretaría Legal, consideró que era inadmisible llegar a dicha instancia con el reclamo. De esta forma, en la instancia previa a ir con un reclamo ante la Corte, el juez Casanello fue respaldado en cuanto al criterio aplicado. Capital Humano buscaba revertir el fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña que rechazó sus argumentos sobre la decisión del juez que según su abogada “viola la división de poderes”. Esos planteos no prosperaron y los camaristas convalidaron el criterio del juez Casanello. En aquella resolución, el presidente de la Sala, Martín Irurzun, sostuvo que “la decisión fue adoptada por un juez penal en el marco de una causa en desarrollo, con lo cual no puede sostenerse que estamos en presencia de una intromisión indebida de la justicia en esferas que son de exclusiva competencia de otro órgano del Estado”. Al profundizar en este punto, se añadió: “No están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria sino, lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos”. El fallo apelado por Capital Humano y que la Casación rechazó, explicó que Casanello “no ordenó la “entrega de los alimentos, sino que encomendó “al Ministerio de Capital Humano que, en el marco de sus competencias, elabore un plan de distribución” de los alimentos almacenados en dos depósitos. Esta diferencia “pone de manifiesto una actitud de prudencia del juez de primera instancia, que debe ser destacada". Los alimentos distribuidos Pese a continuar con el reclamo judicial por considerar que los tribunales no deben intervenir en el diseño y la ejecución de las políticas públicas, el ministerio de Capital Humano cumplió con la orden del juez Casanello: informó el detalle de los alimentos almacenados y cómo serían distribuidos. El detalle del cronograma, al que accedió Clarín, informa la entrega de 1.500.445.303 kilos de leche que tienen fecha cercana de vencimiento. La distribución incluye catorce provincias: Buenos Aires, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, La Pampa, Salta, San Juan, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos. En su última presentación, el ministerio que conduce Sandra Pettovello informó que todo terminará de distribuirse el 28 de junio. "Una vez vencido el referido plazo, trabajaremos exclusivamente con las provincias que hayan decidido recibir alimentos para lograr, con la máxima premura posible, la entrega de estos, lo que será informado en detalle al Tribunal a medida que se vaya concretando", indica el oficio presentado a Casanello.
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