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» El Sol
Fecha: 01/07/2024 09:11
“Los bonos del tesoro americano son una alternativa de bajo riesgo y buena rentabilidad”, reconoció una fuente calificada del gobierno de Alfredo Cornejo cuando este diario le consultó sobre si esa posibilidad de inversión pública estuvo en análisis usando para ello los 1.023 millones de dólares de la fallida presa de Portezuelo del Viento. Si bien se trata de una alternativa de muchas que se estudiaron antes del paso del tema por la Legislatura (allí se decidió que vaya todo a obras de infraestructura), no ha dejado de dar vueltas –entre los varios destinos de inversión– luego de una ronda variopinta de consulta, más o menos reservada, que fue teniendo el Ejecutivo desde que acordó con la Administración Milei cambiar el destino y ampliar el uso de esos millones de dólares para otros conceptos. ¿Cuál sería el punto y el porqué de la posibilidad?: los intereses de los bonos podrían permitir la eliminación del impuesto de sellos, además de poder usarlos como garantía para la toma de préstamos destinados a obra pública. Mientras avanzaba en la firma de la adenda con los ministros Guillermo Francos y Luis Toto Caputo, pacto que confirmó y anunció en aquel discurso del 1 de marzo pasado ante la Asamblea Legislativa, Cornejo habría buscado opiniones en diversos sectores informados y relacionados con toda la gama de la economía y las finanzas para ir definiendo el destino de lo que se considera la última joya de la abuela mendocina: los fondos de Portezuelo, los que suman en total casi la mitad del presupuesto anual con el que cuenta la provincia para funcionar. En una de esas rondas, un grupo de investigación en inversiones y análisis económicos atentos a la evolución de la economía nacional, como la de las provincias, sugirió ir por los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados como los más seguros del mundo y que garantizan ingresos predecibles, desde ya, y atractivos del orden del 4,3 por ciento anual. La adenda, como se conoce –la que ha permitido conformar el ahora llamado fondo de resarcimiento de los efectos negativos para Mendoza de la promoción industrial a las provincias vecinas–, ya fue aprobada por la Legislatura y se encuentra en vías de ser finalmente refrendada a nivel nacional con la firma del presidente Javier Milei. Desde ya que la discusión acerca del destino de los recursos despertó las viejas rencillas políticas entre intendentes y el Gobierno provincial, y el tradicional reclamo de la zona sur de la provincia para que toda o la mayor parte de la inversión de los dólares se destine a obras en ese territorio, por ser el sur, entienden, los más afectados por la crisis económica que se abatió sobre Mendoza tras ser otros Estados los favorecidos impositivamente por la nación. Portezuelo, precisamente, se la interpretó como una obra sobre el río Grande, en Malargüe, la que vendría a resarcir los quebrantos. Pero el flagelo de la promoción que benefició a San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja, se extendió sobre toda la provincia, visión que se está imponiendo al momento de comenzar a decidir el destino de la plata en proyectos de obras de infraestructura que puedan contener una dosis importante de repago. Todo un debate que recién ha comenzado en la provincia. Destinar los 1.023 millones de dólares, o una parte, a la compra de bonos del Tesoro americano supone internarse en un camino más que cuesta arriba, peligroso y lleno de azotes, críticas de todo tipo y hasta denuncias en puerta para el gobierno que lo así lo disponga. Se recuerda a la administración de Rodolfo Suarez cuando casi al fin de la gestión tuvo que salir a explicar y responder una denuncia del kirchnerismo sobre aquella decisión política de enviar a una cuenta de la provincia en el Banco de Nueva York alrededor de un 2 por ciento de lo que se había acumulado en el fondo. “Fue para resguardar algo, porque siempre se corre algún peligro con una gobierno tan inestable y poco fiable”, dijeron en su momento desde Mendoza, como respuesta a la denuncia y de paso derramar una camionada de brea incandescente sobre el gobierno de Alberto Fernández. La inversión en Bonos del Tesoro americano viene acompañada de un atractivo o plus que supera, de acuerdo con lo que surgió la propuesta en análisis, el solo hecho de una apuesta a un bien seguro. El interés que se percibiría por la tenencia de los bonos podría permitirle a la provincia, por ejemplo, compensar la eliminación del impuesto a los Sellos, lo que podría operar como un incentivo a la economía local. Y con la tenencia de los bonos, a su vez, salir a buscar créditos a la banca internacional usándolos como garantía. Los recursos que se le prestarían a la provincia ampliarían el fondo de resarcimiento y si se usaran responsablemente, con control parlamentario y siguiendo un reglamento específico y determinado –así lo sostienen, entusiastas, aquellos que analizan positivamente la alternativa– podrían extenderse por mucho tiempo destinados a obras de infraestructura y el desarrollo provincial. También está claro que un paso en ese sentido, el de destinar los fondos a la adquisición de los bonos más seguros del planeta, debería contar con autorización legislativa y el asumir un debate que llevaría tiempo y ardorosas discusiones, qué duda cabe. Porque además del aval parlamentario, “se tendría que cambiar otra vez el objeto de uso de los fondos, sólo previstos para obras y, a la vez –de acuerdo con la mirada técnica–, la conformación de un fideicomiso para adquirir los bonos y establecer, por ley, que los intereses de la operación se destinen a la eliminación de sellos, además de establecerse, por la misma ley, que el monto total de los bonos pudiese utilizarse como garantía de préstamos con organismos internacionales de forma de potenciar la obra pública”, confió a este diario una fuente cercana al grupo de expertos que acercó la propuesta. Me gusta: Me gusta Cargando...
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