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Parana » Pagina Politica
Fecha: 01/07/2024 00:49
El escándalo suscitado por la investigación de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, por las posibles coimas cobradas en el marco de la prestación del servicio de seguridad en Enersa, trastocó un negocio que benefició aparentemente y según se desprende de la imputación a un pool de empresarios y funcionarios. Fue el primer inconveniente que se presentó a la actual administración en el plano de la gestión transparente. Los empresarios Claudio Raúl Tortul y Marcelo Javier Tortul, que por décadas se dedicaron a ese rubro, también desarrollaron emprendimientos inmobiliarios. A través de estos últimos intentaron quedarse cerca del calor del poder de turno. Le alquilaron una de sus casas a Rogelio Frigerio y algunos funcionarios, que decidieron rescindir. El contrato de Tornell, nombre poco original con que se denomina a la firma conformada por los Tortul y Daniel Eduardo Carbonell, se venció el 24 de mayo. La nueva gestión había prorrogado el contrato, aunque en condiciones económicas más favorables para el Estado respecto a la eficiencia y una mayor optimización de los recursos. La cantidad de horas se habían reducido en un 10% para los primeros tres meses y a partir del cuarto mes la reducción era del 15%. Los ceos de la empresa de seguridad habían logrado que se incorpore en la licitación un artículo que permitía prorrogar por dos años más la contratación a cambio de una rebaja en la hora de seguridad. Todo eso quedó en letra muerta. Lo cierto es que iniciado el proceso judicial y con los Tortul detenidos, la empresa estatal de energía llamó a licitación para proveerse del servicio de seguridad en todo el territorio entrerriano. Esto implica hacerse cargo de una gestión integral de seguridad en 20 centros de monitoreo (control físico, es decir personal) y 80 objetivos de seguridad con respaldo electrónico. Todo distribuido en distintos puntos de la provincia, según reconstruyó Página Política. El gobierno provincial llamó este viernes a licitación (2024-0320) para contratar el “servicio de seguridad patrimonial física, operación, mantenimiento y actualización del sistema de videovigilancia”. Los interesados tienen un día límite para presentarse: el 12 de julio, hasta las 10 horas. El período entre la convocatoria y la presentación es, entonces, de 15 días. El procedimiento para poder concursar requiere de algunas exigencias que presentan alguna dificultad para resolver en poco tiempo. Por ejemplo la contratación del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos “como entidad aseguradora, a favor y a entera satisfacción de Enersa”. El otro punto es que las empresas de seguridad deben ser habilitadas por la Sección Agencias de Vigilancia Privada, que funciona bajo la órbita de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos. El tiempo contrarreloj y la burocracia para presentar la propuesta correría en desventaja para firmas fuera de la provincia, excepto que hayan tenido la información de un inminente llamado a licitación por el marco que es de público conocimiento. La investigación que derivó en la detención de los hermanos Tortul comenzó en 2020 cuando la empresa de seguridad privada Securitas denunció a sus ex directivos porque “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”. Según Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez, al menos entre 2016 y 2018, funcionarios provinciales y ex directivos de Enersa habrían recibido pagos millonarios a cambio de mantener los contratos y otras formas de influencia. Los Tortul fueron detenidos por haber pagado supuestamente coimas millonarias para retener contratos en organismos públicos y por la emisión de facturas truchas, evasión y lavado de activos. La defensa está a cargo de Juan Félix Marteau. Fuente: Página Política
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