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Fecha: 30/06/2024 19:10
Durante los próximos meses se debatirá nuevamente en Argentina la edad de imputabilidad de menores, tarea que necesita del análisis de diversos factores que hoy se acontecen en nuestra sociedad y de los cuales, es verdad, ha surgido un mayor índice de delitos perpetrados por menores de corta edad. En este sentido, y como primer análisis, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Cruz, Silvana Hevia, dijo que “la legislación aplicable hoy en nuestro país para las situaciones en que un adolescente está imputado por la comisión de un delito es paupérrima”. Entiende que la ley 22.278, creada en la dictadura “genocida”, tiene enormes algunas falencias importantes, lo que se ha demostrado en diferentes fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que segùn explica Hevia “existe una fuerte tensión entre esa vieja norma de sesgo tutelar autoritario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuyos instrumentos Argentina ratificó y a los cuales otorgó jerarquía constitucional”. Ante esta situación los jueces, defensores u órganos administrativos “realizan malabares interpretativos para buscar una difícil armonía con la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos internacionales. No caben dudas de que es necesario un nuevo régimen legal destinado a los adolescentes infractores a la ley penal, pero debe contemplar un menú de sanciones especializado para adolescentes que privilegie muy claramente las medidas no privativas de la libertad, mecanismos para resolver conflictos saliendo de los procesos penales o evitando juicios y sentencias inconvenientes (conciliación, mediación, justicia restaurativa) y correctas articulaciones entre el sistema penal y las acciones de protección, para que lo punitivo no ocupe el espacio que dejan vacante lo educativo, los social, lo comunitario. Esos cambios pueden hacerse sin bajar la edad mínima penal”. Para la funcionaria, la nueva propuesta del actual gobierno nacional “persigue claramente finalidades que no sólo no tienen que ver con los derechos de los adolescentes, sino que los perjudican, porque no solo les interesa bajar la edad de punibilidad de los actuales 16 a 13 años de edad, además pretenden crear nuevos delitos, subir las penas, reducir las excarcelaciones”, y señaló: “Esto resulta doblemente grave porque se desatiende la situación de los chicos, pero además se oculta que el efecto en materia de seguridad, de prevención del delito, sería insignificante”. Además, expresó que “es inadmisible que organismos que, en el marco de la Ley 26.061, fueron rectores en las políticas de infancia, como el Consejo Federal de Ñinez, son, para el gobierno nacional, actores irrelevantes en el debate sobre un nuevo régimen penal para adolescentes, con una carencia de representación en las mesas de debate organizado por el Ministerio de Justicia”. Por último, Hevia sintetizó: “Es necesario derogar el régimen legal de la dictadura y sustituirlo por uno claramente inspirado en los Derechos Humanos. Estamos de acuerdo que es necesario el cambio del régimen penal juvenil para adolescentes, pero debe ser realizado en el marco de un fuerte respeto a las normas vigentes del Derecho internacional, y no como lo propone el gobierno actual con un encuadre de mayor represión hacia los adolescentes con una propuesta de baja de edad de Imputabilidad, como si fuera una solución mágica al problema de la inseguridad, en base a premisas y presupuestos falsos”, y cerró: “Es una responsabilidad indelegable de Estado, generar políticas públicas activas, que ayuden a fortalecer a todos los actores que componen el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en todo el territorio nacional para dotarlos de mejores capacidades para garantizar los derechos de los niños y adolescentes, por ende mejorar su calidad de vida y la de sus familias”.
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