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» Clarin
Fecha: 30/06/2024 18:43
Una porción de los 361 millones de pesos que el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor recibieron del Estado fue desviado para financiar actividades políticas, de acuerdo con la acusación penal. Para simular esa maniobra, en la rendición de gastos -según corroboró el juez Sebastián Casanello- se usaron facturas apócrifas emitidas por empresas fantasmas. Una de ellas, al mismo tiempo, constituyó tres compañías más, entre ellas la firma Coxtex, y en el grupo de profesionales que intervinieron se encuentra un escribano vinculado a Lázaro Báez. La última semana la justicia concluyó la ronda de indagatorias sobre una veintena de integrantes del Polo Obrero y El Resplandor en las que ninguno de los imputados aceptó responder preguntas del juzgado ni de la fiscalía de Gerardo Pollicita. Mucho menos aquellas personas que estaban implicadas en el entramado de facturas truchas. La maniobra defraudatoria que se investiga incluye operaciones realizadas con fondos públicos que se giraban a las diversas organizaciones sociales, tras la firma de convenios con el extinto Ministerio de Desarrollo Social. El objetivo de esos acuerdos era que el dinero se destine a los planes Potenciar Trabajo. En el caso del Polo Obrero y de la Cooperativa, esto no sucedió, indica la imputación penal. Según se determinó en la causa, en el período comprendido entre junio de 2020 y diciembre de 2022, la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda. firmaron cinco convenios por una suma global de 361.087.500 pesos. El dinero que recibían vía transferencia bancaria, como se mencionó, era para la administración del programa social Potenciar Trabajo. El Polo Obrero como la Cooperativa se habían constituido en unidades de gestión y debían garantizar que los beneficiarios finales, siempre personas en estado de vulnerabilidad, reciban el dinero correspondiente al Potenciar Trabajo. Dentro de las obligaciones asumidas por las organizaciones sociales estaba la de rendir los gastos comprometidos. A la hora de determinar el fraude atribuido a los integrantes de ambas organizaciones, el juez Casanello indicó que se utilizó una importante cantidad de facturas apócrifas que posibilitaron simular gastos que nunca se hicieron. Ese fue uno de los circuitos que la justicia le atribuye al Polo Obrero, para desviar fondos. Esto funcionó con múltiples vías y la finalidad de hacerse de esos fondos que debían terminar únicamente, en manos de los beneficiarios de planes sociales, fue el “sostenimiento y financiamiento” de actividad político-partidaria. En juego hay más de 361 millones de pesos que, en un importante porcentaje, Casanello concluyó que se manejaron indebidamente. Cuando los fondos se rindieron se observaron diversas irregularidades, por lo que la acusación habla de un “engaño al Estado” debido a que involucra fondos públicos. Las facturas apócrifas se emitieron, en una gran mayoría, a nombre de dos empresas: Coxtex y Ediciones e Impresiones Rumbos. La primera de ellas fue declarada por la AFIP como una usina de facturas truchas, sin sede social ni comercial. La segunda carecía igual de una sede real para su funcionamiento. Se las contrató para consignar gastos que -para los investigadores- no se concretaron y que para que sea más sencilla esta simulación, los incluyeron en categorías amplias como ser: “materiales, indumentaria e insumos”, o bien “maquinaria, herramientas y equipamiento”. Emitidas por Coxtex a nombre del Polo Obrero, se detectaron dos facturas por 5.144.418 pesos. Pero alrededor de esta empresa surgieron otras sospechas. El mismo grupo de profesionales que intervino en la constitución de Coxtex creó en el mismo año 2020 otras tres firmas: Recinsur SA, VSP Consulting SA y Ciriaco Shoes SRL, con “varios datos por demás llamativos”, definieron fuentes judiciales a Clarín. En primer término, en la conformación de las cuatros compañías participó el mismo grupo de profesionales: la gestora Anahí Rivero, la abogada Lucía Agúndez y el escribano Juan Bautista Derrasaga. Este último no era un nombre desconocido para el juez Casanello, quien instruyó el caso conocido como la Ruta del Dinero K, donde Lázaro Báez (ex socio comercial de Cristina Kirchner) lavó 55 millones de dólares. De ese expediente principal que terminó con una condena de diez años de prisión, confirmada por la Cámara de Casación, se derivó otra causa -M&P- donde están involucrados Luciana y Martín Báez, los hijos mayores del contratista. Según se determinó en la investigación, la firma era una “pantalla”, utilizada como financiera para mover dinero de origen ilícito. En la constitución de esa firma y otros negocios vinculados al empresario kirchnerista, intervino Derrasaga. Hay otro dato que los investigadores recordaron rápidamente: el escribano también apareció en la causa contra Ricardo Jaime, donde se investigaron las coimas que recibía y el incremento patrimonial injustificado que tenía. Derrasaga fue quien constituyó la firma Clamarán SA, que utilizó el ex secretario de Transporte para adquirir un departamento en Capital Federal, sobre la Avenida Figueroa Alcorta al 300. La compra del inmueble de 250 metros cuadrados fue en efectivo. Esos son los antecedentes del escribano que intervino en Coxtex y en las otras tres compañías que, por el momento, se sospecha cumplían la misma función: ser utilizadas para desviar fondos porque carecen de giro comercial real. El otro dato que desentrañó el juzgado tiene que ver con los accionistas de las cuatro empresas. La facturación anual de las mismas, según lo declarado, iba de 300 a 500 millones de pesos. Cuando se allanó a quienes figuraban como socias en las firmas, detectaron que eran personas “en situación de vulnerabilidad, y bajo ningún aspecto podían facturar lo que las empresas declaraban”, indicaron fuentes del caso a Clarín. En otras palabras, “eran socios ficticios”, se remarcó. Un mensaje de celular fue el disparador para dar con esta red de nombres repetidos y empresas vacías. Cuando se secuestraron en los allanamientos dispositivos electrónicos, lograron establecer el primer puente: una de las personas del equipo de profesionales recibía el mensaje con la orden de “ir a crear una empresa”. En ese armado, participaron siempre dos personas que son objeto de investigación. La imprenta fantasma Ese circuito de empresas que se habrían utilizado para simular gastos se suma a la ya detectada por el juzgado denominada Rumbos, una imprenta que -como contó Clarín-, cuando la justicia federal fue a allanarla en el domicilio declarado, no había ninguna empresa. Además, se verificaron una importante cantidad de facturas truchas: 179 por 31 millones de pesos. Todo ese dinero involucrado -36.144.418 pesos- fue desviado y se volcó a facturas apócrifas. De esa manera el Polo Obrero se armó de una “caja” para las actividades político-partidarias, violando la letra del convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social, que le depositó en tres transferencias bancarias, el dinero que era exclusivamente para el programa Potenciar Trabajo. El juez Casanello volcó en una de sus resoluciones que todo este entramado se creó con el objetivo de que una parte importante del dinero que “se disfrazó” estaba destinado a financiar actividades del Polo Obrero.
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