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Fecha: 30/06/2024 18:34
El 14 de enero de 1999 la familia de Verónica Andrea Chávez, una joven de 25 años acudió a los medios para denunciar la desaparición de la mujer. De acuerdo al relato de la madre de la joven, Chávez se dirigía a su trabajo de encargada del guardarropa de un boliche bailable la última vez que tuvieron contacto con ella. La falta de noticias del paradero de la joven generaba preocupación ya que durante años, la ciudad estuvo en vilo por el supuesto ataque de un asesino serial entonces denominado “Loco de la ruta”. Con el paso de los días se confirmó que la joven era prostituta y en su vivienda los investigadores encontraron una agenda con los nombres y teléfonos de sus clientes regulares, entre los que había policías y políticos, incluyendo el fiscal Marcelo García Berro. Entonces, de acuerdo a las crónicas de la época, el juez Pedro Federico Hooft, encargado de la causa del "Loco de la Ruta", ordenó interceptar todos los teléfonos registrados en la agenda e investigar los registros de llamada del prostíbulo ubicado en Salta 1337, situado en el barrio marplatense de La Perla, donde trabajaron al menos tres de las doce victimas Fue el último caso atribuido al “Loco de la Ruta”, el supuesto asesino en serie así bautizado por un periodista de un medio gráfico local. Se cumplen 25 años del último crimen “serial” que tuvo en vilo entre 1997 y 1999 a los marplatenses y llegó a ocupar las primeras planas de los medios nacionales. Antes que Chávez, desaparecieron Ana Nores, Patricia Prieto, Silvana Caraballo, Jacqueline Romero, Mirta Bordón, Sandra Villanueva, Mercedes Almaraz y Fernanda Varón. Los cuerpos de Adriana Jaqueline Fernández, María Esther Amaro, Viviana Guadalupe Spíndola, Mariela Giménez y María del Carmen Leguizamón aparecieron al costado de la ruta. El común denominador de todas estas mujeres era que a excepción de una, eran trabajadoras sexuales. Los casos El 1 de julio de 1996, en Mar del Plata, Adriana Jaqueline Fernández, una artesana uruguaya de 27 años, fue encontrada sin vida por transeúntes debajo de un puente, a la vera de la Ruta Nacional 226. Su cadáver desnudo presentaba signos de estrangulamiento, la causa de su muerte comprobada por la autopsia que se le realizó horas después. El 26 de septiembre de ese mismo año, una trabajadora sexual llamada María Esther Amaro (35), también fue hallada muerta al costado de la ruta, esta vez a la altura del kilómetro 15 de la Provincial 55, en Mar Chiquita. Su cadáver, también desnudo, había sido mutilado. En su espalda, tajeada con precisión, se leía la palabra “puta”. El 21 de enero de 1997, al costado de la altura del kilómetro 27 de la Ruta Provincial 88 que une Mar del Plata con Necochea, aparecieron un torso, dos piernas y un brazo. Días más tarde, los restos fueron identificados. Pertenecían a Viviana Guadalupe Spíndola, de 26 años de edad. Como Amaro, también se dedicaba a la prostitución. El 13 de mayo, el mismo año y en la misma ruta, un cuarto cadáver fue abandonado cerca de Necochea. Otra trabajadora sexual, identificada como Mariela Giménez (27), había sido asesinada. A su cuerpo le faltaban las nalgas y el brazo izquierdo. El 20 de octubre de 1998, en un descampado del barrio Las Heras, dos menores se toparon con los muslos diseccionados de una mujer. Habían sido cortados prolijamente desde la ingle hasta la rodilla y estaban cubiertos por un sacón femenino. Junto a los restos había también dos cordones y una cadenita de fantasía. Todo estaba manchado de sangre. Días después, las autoridades pudieron identificar a la fallecida, cuyas partes restantes de su cuerpo nunca fueron recuperadas. Su nombre era María del Carmen Leguizamón, tenía 25 años y, también, era prostituta. Una investigación con aporte internacional sin culpables La investigación al Ministerio de Segurodad a ofrecer una recompensa de 300 mil pesos/dólar y a crear la División de Homicidios Seriales y pedir apoyo al FBI y al detective Alain Pérez, agregado de la Embajada de Francia. Entonces, el galo aseguraba a los medios nacionales que lo consultaban que “no existe el crimen perfecto, apenas asesinos a los que cuesta encontrar. Les aseguro que vamos a poner todos los medios, experiencia y obstinación para encontrarlo, esté donde esté. Si me escucha, es el momento de que se arrepienta” , declaraba Pérez. También pidieron ayuda a una vidente, sin éxito. Hasta el momento, todos apuntaban a un solo hombre, pero nadie podía dar datos certeros para armar un identikit único. Algunos testigos aseguraban que se trataba de un hombre calvo y de gran contextura física, pero nunca llegaron a identificar sus rasgos. Para Pedro Federico Hooft, juez a cargo de la causa, nunca hubo un solo hombre detrás de los crímenes. “El loco de la ruta no existe y nunca existió”, sostenía. La hipótesis del entonces magistrado era que el serial killer era una pantalla para tapar la red de corrupción montada en ciertos prostíbulos locales y que, quienes querían escapar del sistema eran víctimas de la red. “Creemos que algunas de las víctimas se negaron pagar las coimas y a trabajar para la Policía, y por eso las mataron. Fueron homicidios en los que intervinieron distintos asesinos, no hubo una única mano ejecutora. Se trata de casos separados. Por ejemplo, sospechamos que, en dos de los hechos, las mujeres fueron asesinadas por una pelea entre bandas de policías y proxenetas que intentaron instalar prostitutas mendocinas en Mar del Plata", indicaba en 2002 una fuente cercana al magistrado. La investigación de Hooft arrojó la existencia de numerosas llamadas a los pubs donde trabajaban Ana Nores, Silvana Caraballo y Verónica Chávez, por parte de diferentes dependencias policiales. Entonces, ordenó la detención de nueve efectivos, cuatro civiles y un fiscal. También se procesó a la pareja de Amaro, un hombre que trabajaba como chanchero en las afueras de la ciudad. De la investigación se desprendió que a algunas de las víctimas, los efectivos policiales les cobraban 100 pesos/dólar por semana a modo de protección, para dejarlas ejercer la prostitución. Además, la organización formada por también por civiles que se dedicaban a explotar a prostitutas exigía entre 500 y 1000 pesos a los propietarios de cada uno de los cabarets que funcionan en la ciudad. El resultado de las autopsias también fue revelador: No todas las mujeres habían sido asesinadas por la misma persona o no presentaban la misma metodología, aunque sí había serialidad en los primeros casos en los que las víctimas habían sido estranguladas con un lazo y sus cuerpos eran abandonados desnudos y mutilados cerca de la ruta. Pese a los resultados de las pesquisas, todos los acusados fueron absueltos tras un largo proceso judicial por falta de pruebas y aún hoy, a 25 años del último caso adjudicado a la serialidad, las víctimas no tienen justicia.
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