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» Diario Pampa
Fecha: 30/06/2024 14:19
De las 8 casas impugnadas: dos fueron finalmente adjudicadas, 3 perdieron la adjudicación y los casos restantes tienen un nuevo plazo para presentar la documentación. Una de las abogadas de las familias culpó al municipio por las impugnaciones. Las ocho vecinas de Parera que habían sufrido la impugnación de sus viviendas del Plan Mi Casa III, próximas a entregarse, se reunieron este jueves nuevamente con personal del IPAV, que arribó a la localidad a explicar la situación de cada una de ellas. Finalmente, dos familias obtuvieron su vivienda, tres fueron desadjudicadas y las otras tres deben completar nuevos trámites. Las adjudicatarias impugnadas estuvieron acompañadas por sus abogadas Cristina Salvadori y Yanina Cabrera, quienes recibieron las respuestas de cada uno de los casos. "A partir del recurso que presentamos logramos revertir dos casos (Aldana Merlo y Alejandra Villegas), quienes ya tienen su vivienda adjudicada, tres casos quedan pendiente de la entrega de documentación y en otros tres, fueron desadjudicadas, lamentablemente", detalló Salvadori al portal Zonal Noticias. Sobre las responsabilidades por la situación, la abogada afirmó que "hubo mucha impericia de parte del municipio local respecto del asesoramiento a las chicas para poder acceder a su vivienda, un derecho que está consagrado constitucionalmente". Con respecto a los tres casos en los que se debe presentar documentación, dentro un plazo de cinco días hábiles, la abogada detalló que "en uno de ellos, desde Acción Social de Parera me entregaron la documentación que hacía falta, pero necesito que el intendente municipal y la Unidad Local me entreguen otra documentación que falta y que es fundamental para que en un plazo de cinco días podamos acreditar y revertir, en este derrotero de varios meses, todo aquello que fue informado erróneamente". Y amplió que "hay información que se presentó desactualizada o se dio crédito a algunas cuestiones que no pueden ser consideradas con mayor valor probatorio que una información de dominio público, como es un registro catastral". Salvadori añadió que, en otro de los casos, "necesito que el intendente me suministre informes fidedignos y que la Unidad local me realice un informe actualizado y no como el que nos entregó que está desactualizado y es erróneo". Desadjudicadas Sobre los tres casos restantes, done las personas quedaron desadjudicadas, la abogada indicó que "una de ellas fue perjudicada gravemente ya que no se le permite acceder a una vivienda, sino también pierde la antigüedad para acceder a una futura vivienda". Y completó: "las otras dos personas no lograron acreditar la continuidad y la permanencia en la localidad que era uno de los requisitos que exigía el IPAV, pero eran obstáculos que podrían haberse sorteado porque estas personas no estaban en la localidad no por voluntad propia, sino que no tenían alternativa alguna, salvo vivir en la plaza". Salvadori argumentó que "en estos casos claramente se trató de una circunstancia de fuerza mayor porque estas familias se fueron, no porque quisieran, sino porque no tenían otra opción". Y ejemplificó que "uno de estos tres casos que quedaron desadjudicadas, se trató de una joven que no tuvo la posibilidad de acreditar su residencia, pero tampoco fue su voluntad irse a vivir a otra localidad por un tiempo, porque en ese momento era menor y no dependía de ella esta decisión". "La realidad del caso es que estas ocho familias necesitan una vivienda, hay un montón de niños que quedan desamparados, en líneas generales los requisitos están cumplidos, todas son madres, tienen hijos pequeños y necesitan un lugar digno, es una garantía constitucional y se les está haciendo vedada, el perjuicio se lo está provocando el mismo municipio al no informar de manera verídica y contundente la situación real de esas familias", concluyó Salvadori.
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