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» El Ancasti
Fecha: 30/06/2024 12:35
“Debo aclarar que es la primera vez desde mis tantos años de trabajo en este Poder del Estado que me encuentro con una situación de tal naturaleza y que, claro está, las herramientas necesarias para poder abordarlas desde el punto de vista estatal son escasas o al menos muy endebles”, asentó el juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito en una reciente sentida sobre la ejecución penal de un joven condenado por delitos contra la propiedad. Mientras cumplía la pena en el Servicio Penitenciario Provincial, en Capayán, fue diagnosticado con esquizofrenia. Esta patología de base se suma a un consumo problemático de sustancias. Tras una audiencia con los operadores de los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Seguridad y del equipo de profesionales de salud del Poder Judicial, el magistrado resolvió una serie de medidas. En primer término, autorizó el plan de abordaje integral presentado por la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud al Tribunal Penal Juvenil y ordenar el inmediato traslado del joven desde el pabellón especializado en salud mental del Servicio Penitenciario Provincial hacia el Centro Integral de Salud (CIS). En este centro asistencial deberá ser abordado por los especialistas en salud mental, adicciones y protección integral de derechos. El objetivo primordial es lograr el más alto nivel de salud posible y la restitución de todos sus derechos humanos fundamentales a través de una eficaz rehabilitación, precisó. Además, estableció que debe permanecer con la debida custodia especializada hasta tanto se consiga el objetivo principal de la primera etapa del plan, esto es, la concreta “estabilización de su cuadro psicopatológico de base para la disminución de riesgo cierto e inminente para sí y para terceros”. “Me ha quedado muy en claro en la audiencia oportunamente llevada a cabo que en este tipo de casos de jóvenes en conflicto con la ley penal y con serias patologías que afectan su salud mental a la vez de estar inmersos en un consumo problemático de drogas, con los dispositivos existentes actualmente en materia de salud mental en nuestra provincia es muy difícil que sean tratados o abordados”, señaló. Sin embargo y a pesar de ello, remarcó que el joven no puede quedar a la deriva ante este grave cuadro que vulnera su salud mental y todos sus derechos fundamentales, especialmente cuando las normas convencionales le garantizan el derecho a nivel más alto posible de salud e, incluso, su propia integridad personal. La misma sociedad puede quedar a expensas de ser potencialmente dañada nuevamente en sus bienes o integridad personal debido a que el Estado no cuenta con los mecanismos o dispositivos necesarios para tratar y contener este tipo de casos, advirtió. “En otras palabras, el Estado no puede abandonar ni al joven transgresor y tampoco a la sociedad ante un riesgo muy concreto de que el joven -debido a su patología grave de salud mental- pueda volver a consumir y a recaer nuevamente en el delito y debido a esas consecuencias ser dañado o dañar a otras personas”, señaló. Entre otras medidas, se comunicó a la Secretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social que deberá designar personal especializado para el trabajo conjunto con el joven y su familia a los fines de la restitución prioritaria de sus derechos básicos y fundamentales. También se informó a las autoridades del Ministerio de Salud “que resulta sumamente necesario contar con dispositivos específicos de internación para estos casos complejos y con recursos humanos y materiales especializados en materia de salud mental (de acuerdo con la Ley Nacional 26657) atento a la necesidad de garantizar el disfrute del más alto nivel posible de salud de los jóvenes sometidos a proceso penal y evitar –en la medida también de lo posible- que puedan recaer nuevamente en el delito con consecuencias nocivas e irreversibles para sí mismos y otras personas”. Pedidos En la citada audiencia de revisión de pena, el fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez reconoció que, dado el padecimiento en salud mental que afecta al joven, “no corresponde que siga permaneciendo en el Servicio Penitenciario Provincial. Deben articularse los medios necesarios y en atención a los principios de especialidad y de interés superior del joven y se brinde al mismo la atención médica y tratamiento psicológico y psiquiátrico que requiere y se evalúe en su caso, la declaración de inimputabilidad y si corresponde la imposición de medidas de seguridad curativas, siempre y cuando a través de un pronóstico se concluya de forma afirmativa sobre su peligrosidad procesal”. A su turno, el defensor del fuero especializado Daniel Véliz solicitó que se dicte resolución por parte del tribunal declarando la inimputabilidad de su defendido y que, en salvaguarda de su salud, se ordene al Ministerio de Salud, en cabeza de la Secretaría de Salud Mental, se brinde tratamiento psicológico y psiquiátrico de internación o ambulatorio, según prescriban los profesionales que los organismos estatales designen para la evaluación del joven. “Esta situación actual torna con carácter de urgente la obligación para el Estado de comenzar a trabajar desde las distintas áreas de salud mental que han venido interviniendo a lo largo de este proceso, como así también, desde la faz de protección integral a los fines de que el joven pueda al menos recuperar un estado de salud que le permita volver a vivir en sociedad sin dañarse así mismo o a terceras personas y, a su vez, pueda garantizársele un plan o proyecto de vida por parte de las instituciones en razón a que las consecuencias que suele dejar a nivel cerebral el consumo problemático de drogas son muy graves”, sostuvo el magistrado. Diagnóstico En relación con este caso, la especialista en psiquiatría infantojuvenil Mariana Díaz, integrante del equipo de salud del Poder Judicial, evaluó al joven y concluyó que “presenta alteraciones de sus facultades mentales y alteraciones psicopatológicas que indican enfermedad mental. El entrevistado requiere de tratamiento psiquiátrico y psicológico (ambulatorio o internación según las estrategias del equipo tratante) con acompañamiento permanente”. El magistrado citó el marco legal vigente al respecto. Hizo mención a la Convención de los Derechos del Niño, a la Ley Nacional 26657 de Salud Mental y a la Ley Provincial 5383 por la que Catamarca adhiere a la normativa nacional, “… pero a la vez sé que hoy en Catamarca no contamos con un dispositivo específico para él (…). Debemos planificar algo muy bien porque es un interno que tiene una patología muy compleja. En Catamarca y todos los que trabajamos en salud mental sabemos que este tipo de patología es muy difícil tratarla y trabajar como se debe trabajar. Considero que sí hay una situación de vulnerabilidad muy importante en él, que sí corre un riesgo para sí mismo y que se puede convertir en un riesgo para terceros”, remarcó. Expediente En marzo de este año en la Cámara de Sentencia Penal Juvenil, el juez Morabito –quien luego quedó a cargo de la ejecución penal- condenó a cuatro años y seis meses de prisión a un joven que había llegado imputado por 14 hechos, todos delitos contra la propiedad -varios robos, un robo agravado por el uso de arma, otro robo agravado por ser cometido en lugar poblado y en banda y varios hechos más de encubrimiento por receptación-, entre 2022 y 2023, cuando era un adolescente. Desde entonces se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Posterior a la condena se le efectuó una pericia. Los psicólogos del penal indicaron que tiene un cuadro de esquizofrenia, por lo que se encuentra en una situación de inimputabilidad. Se estableció que no puede comprender sus acciones, lo que está bien de lo que está mal ni tampoco puede dirigir sus acciones. El 11 de junio se llevó a cabo la audiencia de revisión periódica de la pena. Tras anoticiarse de esta pericia, Morabito convocó a una audiencia de ejecución penal interdisciplinaria con todos los actores del Estado. En la ocasión, solicitó a todos los organismos del Estado (psiquiatra, psicólogos y asistentes sociales) una evaluación interdisciplinaria, con un único diagnóstico y con una sola estrategia de intervención.
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