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» El Esquiu
Fecha: 30/06/2024 11:29
martes, 25 de junio de 2024 00:05 La desaparición del pequeño Loan Peña, de apenas 5 años, conmocionó a todo el país, que se mantiene en vilo por conocer el paradero y el estado de salud del niño, de quien no se tienen noticias desde hace más de 10 días. Inicialmente se pensó que el chiquito se había perdido en un pueblo de su Corrientes natal, pero conforme transcurre la investigación se teme que haya sido secuestrado. Ya hay personas imputadas por el presunto delito de trata de personas, y cada pista se sigue con atención, mientras se reza por la aparición con vida de la inocente víctima. *** En estas horas oscuras, las redes sociales refrescan los dichos de Javier Milei en campaña, cuando sugería que la venta de niños era admisible, e incluso se difunden filmaciones de Patricia Bullrich, quien es hoy ministra de Seguridad, reprochándole con severidad tales afirmaciones al propio Milei. Queda claro que nada tuvo que ver el presidente en tan desgraciado suceso, y no hay razón para poner en duda que el Estado nacional está poniendo todo su empeño y herramientas para hallar a Loan lo más rápido posible. Pero lo que enseña el episodio es que no siempre a las palabras no se las lleva el viento, y adquieren un peso significativo cuando se aborda liviana e irresponsablemente una cuestión grave, y luego se presenta un drama de esta naturaleza. *** Esta situación se profundiza cuando, además de palabras, hay actos que atentan contra el resguardo de las personas. Así se ocupó de subrayarlo el diputado nacional Eduardo Toniolli, quien directamente acusó al presidente Milei de “destruir” las políticas contra la trata con el DNU 195. El decreto presidencial fue publicado el lunes 26 de febrero pasado, por el cual el Poder Ejecutivo dispuso que el Comité Ejecutivo y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas pasen a depender del Ministerio de Seguridad, que actualmente comanda Patricia Bullrich. “Desde ese momento todas las políticas del área fueron degradadas”, afirmó el legislador, para aseverar que “en ese marco el Gobierno Nacional abandonó las políticas de prevención (dejando de actualizar las redes sociales oficiales y frenando las campañas de difusión), y de asistencia a víctimas (no más altas en programas, no entrega más viviendas, desmantelamiento de CDR’s), limitó la persecución de estos delitos, resintiendo la capacidad de inspección del Estado, con el desmantelamiento de distintas áreas y la falta de articulación con UIF y AFIP para cruzar información. El DNU “cesanteó a 30 trabajadores de la Línea Nacional Anónima y Gratuita 145 – Programa Nacional de Rescate (PNR), que hoy atiende con el 50% del personal necesario para su funcionamiento y se cortaron todas las acciones de coordinación con otros niveles y poderes del Estado, y con países limítrofes”. Un conjunto de acciones que, penosamente, hacen a muchos Loan más vulnerables que cuando el Estado los cuidaba. El Esquiú.com
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