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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 30/06/2024 06:17
Los cuatro diputados que responden al Gobernador de Entre Ríos votaron a favor de la Ley Ómnibus y el paquete fiscal. Frigerio anunció la suba del 3% de los aportes jubilatorios, que fue cuestionado por sindicatos y por la Federación de Jubilados. Debates en el peronismo y el radicalismo. La Cámara de Diputados de la Nación sancionó definitivamente las iniciativas “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y “Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes”, que se transformaron en las dos primeras leyes de la gestión de Javier Milei en la Casa Rosada. El rol del mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, fue significativo por el papel de interlocución para el acompañamiento de los diez gobernadores de Juntos por el Cambio; el protagonismo en las negociaciones de los miembros de la bancada de Hacemos Coalición Federal (HCF), que integra su legislador más leal, Francisco Morchio, y conduce Miguel Pichetto; la articulación para el respaldo de sus pares que conducen los distritos de la estratégica Región Centro; y el apoyo de los tres senadores de la provincia en la Cámara Alta, incluido el peronista Edgardo Kueider. Además de la espada parlamentaria más fiel, la oficina estelar de Casa Gris aportó los votos afirmativos de Atilio Benedetti, Marcela Antola y Pedro Galimberti, que componen la bancada de Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), aunque responden a tres líneas partidarias que coexisten con diferencias internas, ratificado en la discusión del paquete fiscal, especialmente en los artículos vinculados al Impuesto a las Ganancias. El ex Intendente de Larroque es referente de la Corriente Illia en Entre Ríos, alineado a los posicionamientos más duros del partido centenario, en tanto que la ex concejal de Gualeguay es parte del sello Evolución y responde al actual titular del Comité nacional, Martín Lousteau. Por otro lado, el ex Presidente municipal de Chajarí fue promotor de “Entre Ríos Cambia”, el espacio conformado por jefes de ejecutivos locales que resistieron, con mayor o menor éxito, la decisión mayoritaria del radicalismo de ceder la candidatura principal para las elecciones de medio término de 2021 y los comicios generales del año pasado. Sin fondos, gestos La noche anterior al debate final de las leyes troncales de La Libertad Avanza (LLA), el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, difundió una fotografía junto a Frigerio. Unas horas previas de esa jornada decisiva, el Mandatario provincial devolvió la publicación de la reunión bilateral, con un mensaje corto y sin grandes detalles del contenido. “En Entre Ríos estamos haciendo enormes esfuerzos para ordenar nuestras cuentas públicas, siendo los más austeros y eficientes posibles a la hora de gobernar”, afirmó. Ambos compartieron el gabinete nacional de Cambiemos, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando el actual poseedor del sillón de Urquiza se desempeñó como ministro del Interior y el actual funcionario nacional ocupó la Secretaría de Finanzas (2015/2017), su posterior ampliación con rango ministerial (2017) y la presidencia del Banco Central (2018). El primero condujo una de las patas más políticas del Ejecutivo amarillo, donde tenía a su cargo el vínculo directo con las provincias, como ocurre actualmente con Guillermo Francos en la administración libertaria. El segundo tomó relevancia en aquella gestión después de la renuncia de Alfonso Prat Gay al Ejecutivo nacional, que desembocó en una división de su cartera en dos ministerios, donde Nicolás Dujovne tomó las riendas de Hacienda y Caputo concentró las funciones de Finanzas. El principal eje del cónclave del miércoles pasado fue la incertidumbre provincial por la ausencia de gestos de la Casa Rosada sobre las obras públicas, con financiamiento nacional, que se encuentran paralizadas hace más de seis meses. El convenio firmado con Francos a principios de junio pareció una buena señal para la reactivación de algunas de ellas, aunque la dilatada sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal postergó la concreción de esos financiamientos. Caputo escuchó esos planteos, como también el reclamo de Frigerio por un trato diferenciado con aquellos mandatarios que intercedieron y facilitaron la aprobación de las normas pedidas. Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, describió en retiradas ediciones el sinuoso equilibrio que transita el Gobernador entre el acompañamiento absoluto a la hoja de ruta de Milei y la compleja situación de asfixia financiera que sufre la provincia por el recorte de fondos coparticipables y la eliminación de partidas discrecionales, destinadas a la asistencia de hospitales y escuelas, el Fondo Compensador del Transporte, el desarrollo de las obras públicas, el auxilio a las cajas de jubilaciones, y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Aunque goza de la legitimidad del primer año de mandato, la carencia o demora de acciones concretas sobre el programa de gobierno, en materia de obras públicas, que abarca desde la puesta en valor de los accesos y las rutas provinciales a la situación de los establecimientos educativos, despierta las primeras críticas de electorados diversos. En cada reunión conjunta con gabinetes municipales, el Mandatario expone los problemas de recursos, pregona la austeridad presupuestaria y proclama un futuro cercano, luego del pacto de julio, con mayores inversiones. “La gestión, la eficiencia y la eficacia es mucho más relevante que en cualquier otra oportunidad, porque tenemos que sacarle agua a las piedras y ver cómo hacemos con pocos recursos para dar respuesta”, se sinceró en el cónclave ampliado en Larroque, con la presencia de su jefe municipal, Francisco Benedetti, la vicegobernadora Alicia Aluani, el diputado Benedetti y el senador Alfredo De Ángeli. Con escasas respuestas de la Casa Rosada, el Ejecutivo provincial coloca sus expectativas en los recursos de la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, donde espera la recuperación de 150 mil millones de pesos mensuales, aunque también desempolva la agenda de contactos privados de su época como Ministro clave de Cambiemos. “Estoy en la búsqueda de financiamiento bilateral, multilateral y de cooperación internacional”, anticipó. Con el grifo de recursos anulado, se vuelve un obstáculo complejo el equilibrio entre el apoyo incondicional a la Casa Rosada, la necesidad de exhibición de logros de la gestión provincial y el desfinanciamiento significativo del Ejecutivo nacional. La esperanza está puesta en un segundo semestre de rebote y brotes verdes que se vislumbra cada vez más lejano, pese a las promesas de agosto como fecha clave para la reducción del Impuesto País al 7,5%, incrementado por el propio Caputo en diciembre pasado. Esas expectativas también se encuentran en la demorada eliminación de las restricciones para la compra de divisas y la supuesta competencia de monedas, en un contexto donde el Gobierno nacional no consigue dólares frescos para el robustecimiento de las reservas y la ansiada supresión del cepo cambiario. Un laberinto donde julio asoma con subas en distintos precios de la economía que empujan el proceso inflacionario, caracterizado por la decisión de la Casa Rosada de frenar aumentos planificados de combustibles, electricidad y gas. Un mes donde la administración libertaria también enfrenta vencimientos de deuda por 3.634 millones de dólares, con un saldo negativo en junio respecto al manual macroeconómico del Gobierno, ya que vendió más dólares de los que compró. Una pequeña alerta roja para la infraestructura financiera y para la fase 2 anunciada por el presidente Milei tras la sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal, ratificada por Caputo en la conferencia realizada el viernes pasado. Sin fondos, reforma jubilatoria En paralelo al tratamiento culminante de las leyes en el recinto, Frigerio viajó hacia la capital santafesina, con el propósito de un nuevo encuentro con los mandatarios de la Región Centro, enmarcado en el Día de la Integración Regional. La fecha se celebra en conmemoración de la habilitación del túnel subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis, donde ya pasaron 145 millones de vehículos en 20.000 días de funcionamiento. El cónclave, encabezado junto al gobernador anfitrión, Maximiliano Pullaro, y su par cordobés, Martín Llaryora, sirvió como exhibición de una alianza política aceitada para el abordaje de la realidad de sus regiones, sus actividades productivas, agropecuarias e industriales, y las necesidades específicas de una zona clave para el ingreso de divisas. Además, el trabajo conjunto de las tres provincias posee como finalidad la unificación de posicionamientos comunes frente a la agenda gubernamental y legislativa de Milei. En esa sintonía, en la reunión efectuada en el salón blanco de la Casa de Gobierno de Santa Fe, los dirigentes anunciaron una presentación conjunta por la deuda histórica que mantiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con las cajas de jubilaciones de los diferentes distritos. “Estamos hoy acá en defensa de nuestros derechos, en términos de ser tres provincias que no han transferido su Caja Previsional, que tiene que estar asistida por el gobierno nacional como la ley, con mucha precisión, lo demanda”, afirmó el ex Ministro del Interior. Tres días antes, el Gobierno de Entre Ríos publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 1576/2024, que fijó la suba del 3% de los aportes previsionales personales, sobre los salarios de todos los trabajadores nucleados en el sistema provincial, con excepción de la Policía. En la misma línea, estableció una contribución del 3% de los jubilados incluidos en el régimen ordinario especial, hasta el cumplimiento de los requisitos previstos para los agentes pasivos bajo la reglamentación ordinaria común. Un ejemplo del último caso es la metodología que engloba a los docentes, que prevé un esquema especial donde pueden jubilarse entre cinco y ocho años antes. Las reformas habían sido anunciadas a fines de mayo por el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, y el presidente de la Caja, Gastón Bagnat, justificadas en la necesidad de una reestructuración que permita la supervivencia del 82% móvil y la sostenibilidad del sistema. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) denunció que es “la consumación de un nuevo golpe al bolsillo de las/os trabajadoras/es entrerrianas/os”. Recordaron que la decisión de la Casa Gris profundiza una serie de recortes nacionales vinculados a “la reducción salarial por la quita del Incentivo y la eliminación del Fonid, así como también la disparada inflacionaria, el alza de las tarifas de la luz y el gas, y el aumento de los precios de los productos”. Ante el contexto nacional y provincial, el sindicato docente mayoritario en Entre Ríos impulsó un Frente Gremial con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Docentes Privados (Sadop), la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA), para la definición un plan conjunto de lucha. “Frigerio, al apoyar e instar a los legisladores entrerrianos a votar la Ley Bases, demuestra su convicción de profundizar el recorte sobre las provincias”, advirtió Agmer en un comunicado enviado a LA CALLE. “La crisis económica se verá agravada”, añadió. En el último encuentro de la Intersindical, desarrollado el 25 de junio en Colón, se anticipó la realización de una conferencia de prensa para este martes en la sede provincial del sindicato docente, ubicado en Paraná, donde se resaltó la precaria situación de la Caja de Jubilaciones, la obra social y el deterioro de los salarios. “Si el Gobierno no deroga el Decreto Nº 1576/24, vamos directamente a la profundización del conflicto”, se alertó. Otra voz que cuestionó la decisión del Gobierno provincial fue la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos (Fjpper). “Avanza sobre los derechos adquiridos de los jubilados y de los activos”, cuestionó en un comunicado conjunto con la representación de la vocalía en la CajaJper. “Así no solucionarán el déficit de la Caja”, se fustigó. “Configura un retroceso en nuestros derechos” se advirtió. En el otro rincón, se encuentra la postura de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que había expresado la necesidad de “sentarse a hablar de la Caja, porque si no, en pocos años, los activos no vamos a poder jubilarnos”. Carina Domínguez, secretaria gremial del sindicato y vicepresidenta del consejo provincial del Partido Justicialista (PJ), agregó que “no se pretende una política de déficit cero, pero sí evitar que colapse el sistema” y ratificó que “UPCN está dispuesto a dar la discusión». Discusiones distintas Los posicionamientos internos de los principales frentes políticos opositores, más aliados o más confrontativos al Gobierno nacional, respecto al paquete de leyes sancionadas esta semana, exponen una pequeña fotografía de los debates abiertos en cada una de las coaliciones y en los partidos miembros, luego de la asunción de Javier Milei en la presidencia de la nación. Las discrepancias visibles en el radicalismo respecto a la postura adecuada frente a la agenda libertaria y a las peculiaridades de los acuerdos en los territorios donde tiene responsabilidades ejecutivas, ponen en una crisis identitaria al partido. El voto negativo en el Senado, casi en soledad, del presidente del Comité nacional, contra la Ley Bases, marca una ilustración exquisita de la confusión del ex socio de Propuesta Republicana (PRO) y la Coalición Cívica (CC). En la Cámara Baja, los tres diputados radicales de Entre Ríos votaron a favor de la Ley Ómnibus y del paquete fiscal, mientras el Comité provincial publicó un duro comunicado contra el norte libertario. “Somos un partido centenario y no debemos titubear a la hora de plantarnos contra los avasallamientos que propone un Gobierno nacional improvisado y que muchas veces ejerce un nivel de violencia que está en las antípodas de lo que nos ha sostenido como partido”, se afirmó en el escrito remitido a LA CALLE. “Si bien algunos radicales padecen una suerte de estrabismo y plantean que la UCR debe modernizar sus paradigmas, estamos convencidos de que el objetivo es afianzar nuestros principios históricos”, se argumentó. “Seguimos creyendo en la inclaudicable defensa de una república con instituciones fuertes, con partidos sólidos y con un Estado presente que defienda los intereses de los argentinos”, se profundizó. Aunque el radicalismo cumple un rol secundario en el armado provincial que llevó a Frigerio al sillón de Urquiza, las heridas en el peronismo local son más hondas, ya que también rediscute su rol opositor en Entre Ríos, luego de cinco mandatos a cargo de la administración central de Casa Gris. En la columna anterior, Punto y Seguido graficó la convivencia de múltiples tribus generacionales del justicialismo, donde prevalecen distintas estrategias respecto a la reconstrucción del partido, el papel opositor y la generación de una nueva plataforma de gobierno. Los grupos Gualeguaychú y San José, definidos de esa manera por la locación de las reuniones de los últimos meses, promovidas por el ex director general de Aduanas, Guillermo Michel, en la ciudad del carnaval, y por el espacio de intendentes que fomenta Gustavo Bastián, en la localidad del departamento Colón, y que abarca a Ricardo Bravo de Federación, Damián Arévalo de Feliciano, Hernán Niz de Mantero, Juan Amavet de Santa Anita, Mauro Chávez de Aldea San Antonio, Fernando Viganoni de San Justo y Ricardo Sandoval de Pronunciamiento, entre otros. La clasificación de esos sectores surge más como una división analítica, incluso territorial, que una distancia sustantiva de posicionamientos irreconciliables sobre el presente y el futuro del peronismo. Ello se vio reflejado en la renovación de autoridades del consejo provincial del PJ, con el ex vicegobernador José Cáceres como nombre de unidad, como también en la conformación de la Liga de Intendentes Justicialistas, que preside la Presidenta municipal de Paraná. La columna Punto y Seguido adelantó la semana pasada que Rosario Romero de la capital provincial, José Lauritto de La Histórica y Adrián Fuertes de Villaguay no estaban de acuerdo con los pedidos de expulsión al senador Edgardo Kueider, como solicitaron formalmente los consejos departamentales del PJ de Gualeguaychú, Concordia y Paraná. Esas posturas dispersas, a veces aisladas o inorgánicas, como sucedió con la respuestas positivas de la ex Ministra de Gobierno y de Gustavo Bordet sobre la convocatoria de Frigerio para una reforma electoral que implemente la Boleta Única de Papel (BUP) en la provincia, o como ocurrió con el posicionamiento de Romero a favor de los ingresos que genera a los municipios la restitución de Ganancias, exhiben la falta de debate puertas adentro de una exposición pública más homogénea como coalición opositora. Michel, que impulsó encuentros con el ex ministro de Economía, Sergio Massa, el actual legislador nacional, Miguel Pichetto, dirigentes importantes del justicialismo entrerriano y actores que se fueron de la vida partidaria del peronismo, incluso respaldando al actual Mandatario, dejó un mensaje sobre la discusión de Kueider. “No me sumo a los planteos de expulsiones del peronismo”, apuntó. “No tengo el peronómetro. Creo que la decisión de él fue estrictamente personal, que no tiene nada que ver con la política”, resaltó. “Es un senador que vota de manera contraria al espacio político por el que accedió a su banca y ni siquiera hace uso de la palabra en el recinto para explicar su voto. Claramente fue una posición personal”, explicó una de las voces más activas en las críticas a Casa Gris. La confusión que atraviesa al peronismo se vio reflejada en una insólita discusión entre el último candidato a gobernador del PJ, Adán Bahl y el ex presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Ángel Giano. En su primera declaración después de la asunción de Frigerio al poder, en una entrevista al programa Cuestión de Fondo, donde expresó que “el peronismo no puede transformarse en un partido de la administración pública”, recordó el nombramiento y el despido de sus hijos de la Cámara Baja de la provincia. “No los hice designar. Realmente fue una propuesta de Giano en un contexto donde eran necesarios. Sin embargo, el concordiense desmintió el relato del ex Vicegobernador y rememoró que la situación fue al revés. “La verdad es que a los hijos de Bahl los designé en planta permanente a su pedido”, afirmó. “Me equivoqué y me arrepiento”, aseguró. Errores no forzados El pasado jueves 20 de junio, la ciudad de Basavilbaso amaneció con la trágica noticia del fallecimiento de cuatro jóvenes que nacieron, crecieron y se desarrollaron deportivamente en la capital de los trenes. Los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi, fueron víctimas de un accidente automovilístico en la ruta 39, en cercanía a la localidad de Caseros, cuando se dirigían a su trabajo en un frigorífico de la zona. El rodado Chevrolet Corsa en el que se dirigían fue embestido por un auto oficial de la provincia que se cruzó de carril durante la madrugada, conducido por el ex candidato a intendente de Concepción del Uruguay y director (hasta el lunes pasado) del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Orrico. La información sacudió a la segunda ciudad más relevante del departamento Uruguay y la noticia llegó rápidamente al Poder Judicial y a la oficina principal de la Casa Gris. Tras unos días de silencio, el Gobierno provincial comunicó el martes pasado que de común acuerdo “se ha decidido que no continuará ejerciendo el cargo de presidente del Instituto hasta tanto la justicia esclarezca lo sucedido en el trágico hecho que protagonizó en la Ruta 39 en la madrugada del jueves último”. En el escrito, se adelantó el inicio de un proceso de sumario administrativo de forma paralela a la investigación judicial, que actualmente tiene la carátula de homicidio culposo. No obstante, la querella reclama el cambio de esa conceptualización por el agravamiento del consumo de alcohol, confirmado por la pericia judicial del test de alcoholemia a Orrico. La tragedia evitable, que además visibiliza el deterioro del estado de las rutas, dejó una escena de negligencia, agravada por la utilización de un auto oficial para un evento privado y nocturno. El pasado 12 de febrero, la policía de Entre Ríos detuvo a Ariel Goyeneche, que se encontraba subido arriba de un techo, atravesando una situación de crisis subjetiva, en la calle Piedrabuena de Paraná. La denuncia fue realizada por un vecino que después desmintió que el joven haya tenido una actitud agresiva. El joven se identificó ante los uniformados, dialogó previamente con el vecino, y accedió a ser trasladado y esposado hacia la sede de la Comisaría Segunda, ubicada en calle Gualeguaychú. Allí, según la reconstrucción judicial, volvió a tener una crisis. El cabo David Vázquez y el sargento Lisandro Romero intervienen para controlarlo, pero el joven muere por asfixia luego de reiterados reclamos de ayuda y una brecha de cuarenta minutos hasta la llegada de la asistencia médica. El informe del médico forense del Poder Judicial corroboró que Goyeneche falleció por una compresión externa en la zona del tórax y el abdomen, poniendo la lupa sobre la responsabilidad del accionar de los oficiales. “La conclusión final de la autopsia es una prueba contundente, esclarecedora, autosuficiente y completa que da cuenta de la causa de la muerte de Ariel Goyeneche”, expresó Lara Linari, abogada de la familia, en diálogo con APF. Videos viralizados de vecinos de la zona muestran el pedido de auxilio del joven acostado, mientras Romero le reducía las piernas y Vázquez le apoyaba sus rodillas sobre la espalda. Seguidamente a confirmarse las precisiones de la pericia, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, dispuso el pase a disponibilidad de los efectivos que actuaron en el caso y la generación de un sumario administrativo de Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos. “Lo que sigue será delinear los tipos penales en lo que encuadran los hechos. La pericia no deja margen de duda. No hay grises”, expresó la letrada. Sin morbo periodístico ni utilización política, las muertes evitables ponen el foco en distintas planificaciones públicas y los modos de intervención del Estado. El financiamiento de las obras públicas, la transparencia prometida y el control sobre el uso de lo público, la inversión en políticas que aborden la salud mental y los consumos problemáticos, y la transformación en la formación y la actuación de las fuerzas de seguridad, aparecen entre esos debates profundos. 1 de 6
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