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Fecha: 29/06/2024 13:43
Los ministros Bullrich y Cúneo Libarona anunciaron la iniciativa que enviarán al Congreso. El objetivo, detallaron, es “evitar la impunidad de los crímenes cometidos por los menores”. Hasta ahora, el régimen penal juvenil se aplica entre los 16 y 18 años. Los ministros nacionales de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentaron este viernes el proyecto que enviarán al Congreso de la Nación para bajar la edad de imputabilidad de los actuales 16 años a 13. Se trata del proyecto de Ley Penal Juvenil, que establece además una serie de medidas de ordenamiento del Código Penal de acuerdo al delito cometido. Qué dice el proyecto Los adolescentes de entre 13 y 18 años que delincan podrán ser privados de la libertad en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo”. El proyecto establece escalas de penas´. Van de 3 a 6 años los casos en los que “no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas”. En estos casos, también, “la pena podrá reemplazarse por: amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico”. La iniciativa establece un máximo de 20 años de penas, que al cumplir las 2/3 partes, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas. Si se impone condena condicional, se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes. Cumplimiento de penas Hay un énfasis especial en la iniciativa en el control de cumplimiento de las penas, en las que incluso se habilita a la víctima a hacer el seguimiento. “El cumplimiento de las penas deberá ser verificado por el juez o el fiscal. También por la víctima, si es su deseo. Ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa”, dicen algunas líneas del proyecto oficial. Para los casos en donde seguiría vigente la inimputabilidad, los menores de 13 años, “el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas. En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental, dar intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social”, establece la iniciativa. Para las víctimas establece la atención psicológica y el patrocinio gratuito. “El juez y el Ministerio Público fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas”, detalla el proyecto. Mediaciones La iniciativa oficial abre la puerta a otras maneras de resolver la pena, con mediación o soluciones restaurativas. La mediación se habilitaría cuando el delito tuviere una pena prevista inferior a seis años y la probation cuando se produzcan casos con penas que no excedan de tres años. “Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien. Es por eso que, por decisión del Presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente”, explicaron los ministros Bullrich y Cúneo Libarona. Se invita a las provincias a adherir, aunque se trata de una reforma penal, que es privativa del Congreso de la Nación. Fuente: Infobae
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