01/07/2024 12:01
01/07/2024 12:01
01/07/2024 12:00
01/07/2024 12:00
01/07/2024 12:00
01/07/2024 12:00
01/07/2024 12:00
01/07/2024 12:00
01/07/2024 12:00
01/07/2024 11:59
» Clarin
Fecha: 29/06/2024 06:09
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó este viernes el proyecto de ley “Régimen Penal Juvenil”. Es la reforma que el Gobierno libertario enviará “en estos días” al Congreso para bajar a 13 años la imputabilidad de los menores de edad, que hoy comienza a los 16. Esos tres años menos desde los que se propone poder juzgar y privar de la libertad a los adolescentes que cometan un delito es motivo de debate social cada vez que en los hechos de inseguridad participan delincuentes con edades que duele escuchar, y víctimas y familiares que exigen Justicia. Pero ahora la política oficializó su postura. Ni desde los 14 ni desde los 15, como había trascendido, el Gobierno quiere imputar a menores desde los 13. En un tema así de caliente, el contexto permite templar las opiniones. Clarín consultó a expertos de un lado y del otro del proyecto para entender qué pasa hoy en realidad con quienes tienen menos de 16 y delinquen y qué cambiaría con esta reforma. "Hoy en día, cuando se decreta la inimputabilidad, como en el caso del playero de Rosario asesinado por un chico de 15 años, el juez directo cierra la causa. Con este proyecto, se debe hacer un informe ambiental, psicológico, interdisciplinario, para que se se vea si un inimputable, es decir, un menor de 13 años, no está en peligro. No hacerlo, como sucede ahora, es abandonar a alguien que no es punible pero podría estar en riesgo o ser un riesgo para otros", explica a Clarín Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial, que participó de la redacción del texto. Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich en el anuncio del proyecto para bajar la edad de imputabilidad. En adolescentes desde 13 años, que el proyecto considera punibles, sería un régimen muy diferente de lo que se viene haciendo hasta ahora desde los 16. Todo dependerá del delito, de las víctimas y del victimario. "Si no hay daño grave ni lesiones graves, el fiscal, el juez, el supervisor (una figura de control que se incluye en el proyecto), podrían hasta eximirlo de pena, y aplicarle medidas de control. No es automáticamente cárcel o libertad. Se verá si es más importante meterlo preso o dejarlo en libertad", explica. Desde el otro punto de vista legal, los detractores de bajar la edad de punibilidad a los 13 años marcan una contradicción con lo que exige el Comité Internacional de los Derechos del Niño, que controla el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. "Es el tratado internacional más ratificado en la historia del mundo y fue incorporado a nuestro sistema constitucional como ley suprema (arts. 75 inc. 22 y 31)”, explica a Clarín Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca. ¿Cuál sería la contradicción? y ¿por qué se debate si es correcto ‘desde' los 13 años? “En 2019 ese organismo emitió la Observación General N°24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, para señalar que ‘las pruebas documentadas en Desarrollo Infantil y Neurociencia indican que la madurez y el pensamiento abstracto todavía están evolucionando de los 12 a 13 años, debido a que la parte frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando’”, detalla. Por lo tanto, para Morabito, que también es miembro de la red de jueces de Unicef, es ley escrita y constitucional que “es poco probable que a esas edades comprendan las consecuencias de sus acciones o que entiendan los procedimientos penales. Y también se ven afectados por su entrada en la adolescencia”. ¿La adolescencia se toma hoy como un atenuante? El mismo Comité, en otra observación general pero de 2016, remarca que “es una etapa singular de definición del desarrollo humano caracterizada por un rápido desarrollo del cerebro, lo que afecta a la asunción de riesgos y a la capacidad de controlar los impulsos”. Por eso alientan a los Estados parte a que "tomen nota de los últimos descubrimientos científicos" y a que "eleven la edad de responsabilidad penal en sus países, a 14 años como mínimo o, por ejemplo, a 15 o 16". "Además -dice el juez- las pruebas científicas indican que los cerebros continúan madurando incluso más allá de la adolescencia, lo que afecta a ciertos tipos de toma de decisiones”. Según los datos de Unicef que repasa Morabito, en el país 8,5 millones de niños y niñas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. “Si bien no todos esos niños y niñas cometen delitos, sí pueden llegar a cometerlos y potencialmente recaer en conductas transgresoras, Más aún cuando en el país dos de cada tres niñas y niños (66%) son pobres por ingresos o están privados de derechos básicos, como el acceso a la educación, la protección social, a una vivienda o un baño adecuado, al agua”, sigue. Cómo puede impactar la medida Otro de los puntos del debate es de qué manera bajar a 13 años la edad en la que se permita privar de la libertad (en establecimientos especiales, nunca con mayores de edad, como explicó Bullrich) cambiaría el destino de los adolescentes que pudiesen ingresar al mundo delictivo, o la de las potenciales víctimas. “La Argentina cuenta con una sobrada experiencia acerca de que endurecer la política penal no ha mejorado la calidad de vida de la ciudadanía y tampoco ha bajado los índices del delito que crece a medida que aumenta la población y los niveles de pobreza. La lógica es muy sencilla. Para que la ciudadanía pueda vivir libre de violencia y delito, no hay que trabajar sobre los efectos del delito, cuando ya existen víctimas y victimarios, o sea tarde, sino en las causas que pueden llegar potencialmente a generar el delito”. Al mismo nivel de la falta de oportunidades y de acceso a derechos básicos, el magistrado incluye en esas causas al consumo problemático de sustancias y a los problemas de salud mental en niños, niñas y adolescentes. En adolescentes no punibles -que hoy tienen menos de 16 años- propone realizar intervenciones tempranas, porque “casi siempre, los pibes y pibas que transgreden la ley penal comienzan con alguna transgresión menor y es allí a donde deben trabajar fuertemente los sistemas de protección integral de derechos, que son parte del Poder Ejecutivo y a los que muy pocos recursos se destinan”. Bullrich explicó que para las penas que vayan de 3 a 6 años van a tener "alternativas concretas" y no estarán "simplemente encerrados sin salida". “Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”, señaló. Las máximas propuestas, en delitos graves como el homicidio, llegan a 20 años. En el texto del proyecto de ley se invita a las provincias a adherir a la reforma. “Hace doce años que trabajo de juez en la justicia penal adolescente de Catamarca, y vi a muchos chicos de menos de 16 años cometer delitos, especialmente, robos y hurtos. Negarlo sería algo ilógico e irrazonable. Pero no vi un solo caso de un chico o chica que por debajo de esa edad cometiera un delito más grave (un homicidio, por ejemplo) y me animo a decir que en muchas provincias tampoco. En las grandes provincias, los delitos suelen ser más violentos", cierra el juez.
Ver noticia original
.gif)
 (1).jpg)
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/6EMMQKFA7FFD3GCO7E5QUWREOU.png)
Examedia © 2024
Desarrollado por