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Parana » Radio La Voz
Fecha: 28/06/2024 12:22
En la reciente discusión sobre los cambios en los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales por parte de la Cámara de Diputados, queda en evidencia una vez más la desigualdad en el sistema tributario argentino. Mientras los trabajadores continúan soportando una carga impositiva significativa, aquellos que blanquean dinero en negro son beneficiados con exenciones que desafían toda lógica de equidad y justicia social. El dictamen que se aprobaría hoy en Diputados propone la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, afectando a unos 800,000 trabajadores con alícuotas que oscilan entre el 5% y el 35%. Esto, en un contexto donde el mínimo no imponible se ajustará trimestralmente y luego semestralmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta medida, aunque podría parecer progresiva, en realidad sigue castigando a los trabajadores formales que ya ven cómo sus salarios se erosionan debido a la inflación y a la carga tributaria. En contraste, la reforma del Impuesto a los Bienes Personales (IBP) busca beneficiar a aquellos que planean blanquear capitales, estableciendo un nuevo piso del tributo de $100 millones y deducciones significativas para la vivienda familiar. Este doble estándar en la política fiscal no solo profundiza la desigualdad económica, sino que también socava la libertad de los ciudadanos. Con menos dinero disponible debido a una carga impositiva desproporcionada, los trabajadores tienen menos capacidad de decisión sobre sus propios recursos. La crisis económica actual debería ser enfrentada con medidas que distribuyan equitativamente el esfuerzo, no con privilegios para los que han acumulado riquezas al margen de la legalidad. El Impuesto a las Ganancias sigue estando en el centro de la escena en el marco de los debates en el Congreso. El Senado rechazó hace unos días la propuesta del Ejecutivo, que consistía en revertir los cambios realizados por el gobierno anterior. Ahora, la Cámara de Diputados deberá evaluar si aceptar la decisión de los senadores o insistir con el texto original, en el que estaba contemplada la reforma. El proyecto rechazado la semana pasada con 41 votos en contra y 31 a favor establecía un nuevo esquema en el que la categoría más baja, con un salario bruto de hasta 1.800.000 pesos o una remuneración neta de hasta $1.494.000, quedaba eximida del tributo. Además, existe un debate sobre la constitucionalidad de este proceso legislativo. Jorge Yoma, convencional constituyente de la reforma de 1994, sostiene que, según el artículo 81 de la Constitución Nacional, "No podes 'resucitar' la media sanción de Diputados, ignorando el rol constitucional del Senado como Cámara Revisora". Según Yoma, la Cámara de Diputados "tiene que expedirse por SÍ o NO sobre lo que el Senado les comunicó". Este cuestionamiento añade una capa adicional de incertidumbre y polémica sobre la legitimidad de las medidas propuestas. El Gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para garantizar el éxito del blanqueo de capitales, pero esto no justifica el trato desigual entre contribuyentes. La justicia tributaria debe ser un principio fundamental en cualquier democracia, y no podemos permitir que los que menos tienen sean siempre los que más pagan. Es imperativo revisar estas políticas y exigir un sistema más justo y equitativo, donde todos contribuyan de acuerdo a sus capacidades y nadie se vea obligado a cargar con el peso de la crisis económica en solitario. La igualdad ante la ley y la equidad fiscal son pilares de una sociedad justa. Es hora de que nuestras políticas reflejen estos valores y que la carga de la crisis sea compartida de manera justa por todos los sectores de la sociedad.
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