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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 25/06/2024 05:10
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Eduardo Belliboni junto a otros dirigentes del Partido Obrero El titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, será indagado hoy por el juez federal Sebastián Casanello en la causa en la que se investiga una presunta extorsión desde la organización a beneficiarios de planes sociales y una administración fraudulenta contra el estado por el uso de facturas falsas para rendir los gastos por los fondos públicos que el estado nacional le daba para las unidades de gestión. La indagatoria será a las 9 en los tribunales de Comodoro Py y el Polo Obrero convocó a una manifestación para el mediodía en la puerta del edificio de Retiro. La de Belliboni será la primera indagatoria de la última audiencia de acusaciones a las que fueron convocadas 23 personas. Fueron tres semanas de audiencias. Luego, el juez Casanello tendrá 10 días para resolver si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a los acusados. Hasta ahora, los imputados que aceptaron declarar explicaron que no se le negaba la comida a nadie. Los dirigentes más políticos aseguraron que los aportes de dinero eran voluntarios y que existe una persecución política por parte del Gobierno contra los movimientos sociales. Todos rechazaron los delitos por los que están imputados. En el inicio de la investigación, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, Belliboni no estaba imputado. Si nombre surgió cuando se hicieron los primeros allanamientos en la causa. Allí se encontraron facturas con la firma de Belliboni que serían falsas con el objetivo de justificar gastos ante el ex Ministerio de Desarrollo Social -hoy Capital Humano- que nunca se realizaron. El Estado le entregaba dinero al Polo Obrero y a la Cooperativa El Resplandor por convenios del Plan Potenciar Trabajo como unidades de gestión. Parte de ese dinero (unos 279 millones de pesos de un total de 360 millones) se rindieron en concepto de herramientas, ropa y cursos. Pero de ese dinero rendido, aparecieron nuevas sospechas. Inicialmente, el juez detectó que se contrató a una firma llamada Costex SA y a la imprenta Rumbos, que pertenecería al propio partido. Costex, en cambio, fue el puntapié para abrir más hilos: la AFIP la declaró como una usina de facturas truchas. Fue fundada por por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega. Ninguno de los dos tenían capacidad económica para ese emprendimiento. Cuando declararon, dijeron no saber de qué se les estaba hablando. Sin embargo, los investigadores detectaron en las últimas horas conversaciones que revelarían que a las dos personas las mandaban autos para que fueran al banco a retirar chequeras o abrir cuentas y recibían un pago período por esos servicios. La pregunta sigue siendo quiénes estaban atrás de esas órdenes. El juez federal Sebastián Casanello Aparecieron además facturas a Urban Graphics SA, Rizo Print SRL, Miniso Trade SRL y Carlos Osvaldo Monfrini, que prestado servicios alquilando handies. En estos movimientos, el Polo Obrero emitió cheques, pero esos cheques habrían terminado siendo acreditados en cuentas de Rumbos, con lo que se refuerza la sospecha de dibujar gastos para fondear actividades del partido. Cuando el juez Casanello dispuso las indagatorias señaló: “Todas las personas que fueron escuchadas en su calidad de beneficiarias del Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local –”Potenciar Trabajo”- (Resolución 121/20 del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) indicaron haber accedido al beneficio a través de organizaciones sociales, que actuaron como unidades de gestión. El rol de esas unidades era garantizar y hacer posible, a través de propuestas productivas, la inclusión social de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social y económica. El directo del ingreso económico debía ser completado por el beneficio indirecto que ofrecía la unidad de gestión”. Según destacó, “por esta tarea, la organización recibía fondos del Estado y asumía una serie de obligaciones de administración de aquellos intereses universales que le habían sido confiados. Los elementos probatorios reunidos por la fiscalía y el juzgado llevan a sospechar que, en los casos que aquí se investigan, el interés público fue desviado”. “Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo”, afirmó. Hoy será el turno de Belliboni.
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