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» Perfil
Fecha: 16/06/2024 04:54
A última hora de este viernes la jueza María Romilda Servini dispuso la excarcelación de 17 personas detenidas durante el debate de la ley Bases en el Senado en las afueras del Congreso de la Nación. Se trata de los primeros detenidos que quedaron a disposición de la Justicia federal, para quienes el fiscal Carlos Stornelli había reclamado la prisión preventiva. En un clima de muchísima tensión marcado por una extensa protesta de diversas organizaciones políticas y sociales a la puerta de Comodoro Py, la jueza indagó ayer a otras 23 personas (el día anterior hizo lo mismo con otras diez) que en un principio habían quedado a cargo del magistrado porteño Pablo Casas pero que, tras declararse incompetente, los derivó a su par de Comdoro Py. Uno a uno: Daniel Sica, Martín Dirroco, Mateo Dettore, Germán Moyano, Gonzalo Duró, Juan Espinetto, Julia Oliva, Sofía Ottogali, Nicolás Mayorga, Sasha Lyardej, Héctor Mallea, Fernando Leone, Cristian Ferreira, Cristian Valiente, Patricia Calarco Arredondo, Juan Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramón Méndez Palacios, Luis de la Vega, Diego Iturburu, Ricardo Shariff, Lucía Puglia y Ramona Tocaba fueron pasando al juzgado con sus abogados para formalmente tener conocimiento de las imputaciones y hacer sus descargos. De estos, el primero en ser liberado fue Ramón Méndez Palacios. En tanto, de los primeros diez indagados, a última hora del viernes Servini dispuso primero la liberación de Santiago Adano y Brian Ortiz. En total fueron 17 los liberados ya que no se encontraron pruebas de su participación en los incidentes, mientras que otros 16 deberán seguir detenidos. Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite Mientras la jueza tomaba las indagatorias, diversas agrupaciones como el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Polo Obrero, el PTS y el Partido Obrero, entre otros, protestaron en reclamo de la liberación de varios de los detenidos. La jornada tuvo un momento de tensión luego de que varios efectivos de infantería de la Policía de la Ciudad afectados al operativo de resguardo del edificio judicial se apostaron al frente de la calle, mientras que otros que andaban en moto circularon varias veces acelerando constantemente sus motores cada vez que pasaban al lado de las personas que participaban de la manifestación, que se extendió hasta entrada la noche. A los 33 se les endilgaron los delitos de “lesiones, daños simples como agravados, incendio y estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos”, el fiscal agregó el posible agravante de acciones terroristas, este primer grupo fue indagado durante la noche de este jueves. Para el maratónico acto procesal, en los tribunales de Retiro se desplegó un importante número de efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad para resguardar el edificio y sus adyacencias. Dicho operativo estuvo integrado por la División Seguridad y Custodia de Comodoro Py y poco más de un centenar de oficiales de infantería de la Policía de la Ciudad. Además, se sumó un camión hidrante que estuvo en una de las calles laterales del edificio de tribunales y otro a unos cien metros. El dispositivo incluyó a otro grupo de uniformados de la PFA en el ala del río del tercer piso, lugar donde se encuentra el despacho de la jueza Servini. Solo los abogados defensores y algunos familiares tuvieron acceso a esa zona. El Gobierno acusó a todos los involucrados de terroristas y de querer perpetrar un golpe de Estado. En un momento el Ministerio de Seguridad evaluó pedirle a la jueza Servini sumarse como querellante “no solo contra los individuos detenidos, sino también contra los que resulten identificados por las cámaras emplazadas en la vía pública y también a los líderes de las organizaciones a quienes respondieren los imputados”. No obstante, la cartera que encabeza Patricia Bullrich desestimó la idea tras conocer la extensa imputación que formuló el fiscal Carlos Stornelli en el mismo sentido. La mayoría de los letrados de los 23 indagados de la jornada de ayer les sugirieron a sus defendidos abstenerse de declarar y de contestar preguntas hasta tanto pudieran ver por completo el expediente. En esa línea, todos los defensores reclamaron las excarcelaciones, que deberán ser resueltas durante estas horas. Cabe destacar que varios abogados, tras asistir a sus clientes, fueron a dar cuenta a medios de comunicación, a los manifestantes y otras personas como los diputados Nicolás del Caño, Romina del Plá y Myriam Bregman, así como también las legisladoras porteñas Celeste Fierro y Victoria Montenegro, que se encontraban fuera de Comodoro Py 2002. Los defensores denunciaron que no se les permitió volver a entrar al edificio. PERFIL pudo conocer que se trató de una orden, puesto que el horario de ingreso al público ya había finalizado. La segunda tanda de 23 indagados este viernes quedó alojada de forma preventiva en la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal; en caso de que le sea rechazada la excarcelación, podrá ser derivada a los penales de Devoto, Ezeiza o Marcos Paz. Si bien el Ministerio de Seguridad bajó su intención de ser querellante, otro sector del gobierno nacional busca meterse en la causa. La vicepresidente Victoria Villarruel, en su rol de titular de la Cámara alta, le pidió a la jueza Servini sumarla como acusadora particular. A Villarruel le resulta llamativa “la sincronía de los hechos violentos acaecidos en el exterior del Senado con los intentos de suspender la sesión en el recinto donde se trataba la ley Bases” y pidió exigirles a los medios de comunicación que cubrieron los violentos hechos “todo registro fotográfico y fílmico que obrare en su poder”, pedirle al Senado “los registros fílmicos de las inmediaciones de los edificios del Congreso Nacional, en especial los de las calles Yrigoyen, Entre Ríos y Solís; peritar los celulares de todos los detenidos “a fin de verificar sus conexiones y dónde se activaron las celdas de movimiento en las últimas 24 horas” e individualizar “la participación de las agrupaciones sociales, gremios, sindicatos, municipales y/o partidos políticos en los hechos violentos denunciados”.
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