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» Diario Cordoba
Fecha: 16/06/2024 04:49
Lanzar un ultimátum al PP desde las cámaras de TVE como ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lugar llamar directamente al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no es la mejor manera de intentar que socialistas y populares inicien una nueva ronda de negociaciones para la intrincada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero ha servido al menos para que el asunto vuelva a ponerse sobre la mesa. No va a ser fácil que la desconfianza entre los dos grandes partidos se vaya diluyendo en las próximas semanas, dado el alto nivel de bronca que enreda a ambas formaciones y que, como no tiene visos de remitir, será el escenario que envolverá las nuevas negociaciones. Si las hay. Esperemos que sí, que las haya, que el Gobierno y el PP se vuelvan a reunir, con o sin la mediación de la Unión Europea, porque no hay situación democrática más anómala que mantener en funciones el órgano de gobierno de los jueces desde hace más de un lustro, por razones conocidas por todos. Ahora, la institución está controlada por una mayoría conservadora, la que se correspondía con la mayoría absoluta que tenía el PP de Mariano Rajoy en las Cortes Generales cuando, hace 11 años, se renovó por última vez el CGPJ. Evidentemente, no son esas las mayorías que había hace cinco años ni las que hay ahora. En noviembre de 2018, Sánchez y el entonces líder popular, Pablo Casado, pactaron una renovación que se frustró por el mensaje del senador del PP Ignacio Cosidó alardeando de que iban a controlar «desde atrás» la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que después juzgó el ‘procés’. Manuel Marchena, que hubiera sido presidente del CGPJ y lo es todavía de esa sala del alto tribunal, renunció a su nominación tras la filtración. Desde entonces ha habido varios acuerdos más de los que el PP siempre se ha desdicho. Y una iniciativa legislativa unilateral del PSOE y Podemos para rebajar la mayoría necesaria para la renovación, que se tuvo que retirar ante el rechazo de la UE. Como es evidente que las cosas no pueden seguir así, es este, seguramente, el mejor momento para proceder de una vez por todas a la renovación del CGPJ. Feijóo puede aprovechar que no hay elecciones a la vista para actuar como hombre de Estado, alejarse de los radicales de su partido y apoyarse en los barones moderados que le están pidiendo precisamente eso, que alcance pactos de Estado que ayuden a desbloquear las instituciones (está también pendiente el nombramiento de gobernador del Banco de España), contribuyan a centrar al PP y permitan rebajar la cansina efervescencia del debate político español. Si Feijóo lo hace, su figura ganará puntos en el conjunto de la sociedad española. Convendría también que los negociadores aprovecharan para definir mejor las funciones del órgano de gobierno de los jueces y, si se quiere, para reflexionar seriamente sobre la manera de elegir a sus miembros. La amenaza del presidente del Gobierno de limitar las funciones del CGPJ para que se busque otro modo de nombrar a los jueces de los altos tribunales no debiera ser una forma de presión sino una propuesta formal, que permita que los magistrados del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia no lleguen a esos puestos por simpatías políticas sino mediante un concurso de méritos neutral, que asegure la tan cuestionada independencia del poder judicial y garantice una mayor calidad democrática.
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