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Fecha: 16/06/2024 00:07
A seis meses del gobierno de Javier Milei , pocos temas logran la transversalidad entre los distintos bloques de la oposición como ocurre con la problemática de la discapacidad. Tras las masivas movilizaciones contra el borrador del decreto que desregula las prestaciones y coberturas, la oposición en el Congreso avanza a dos puntas para frenar lo que significaría un brutal ajuste para las más de 200 mil personas que requieren de numerosos apoyos y tratamientos en todo el país. Reuniones con representantes del área del Gobierno y un proyecto de ley son parte de la caja de herramientas a las que están echando mano legisladores de todos los bloques, menos del Pro y de LLA. Por un lado, las autoridades de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados fueron recibidas por el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo . Según pudo reconstruir Ámbito , el encuentro que se extendió por más de una hora fue cordial y el funcionario se comprometió a estudiar el caso para que no se concrete la firma final del decreto que elimina la universalidad del nomenclador para las diferentes prestaciones . Según interpretaron al menos tres de los participantes de la reunión con los que dialogó este diario, el titular de la ANDIS reconoció la legitimidad del reclamo y se comprometió a revisar el decreto, al tiempo que apuntó al lobby de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Como muchos otros aspectos del manejo del Estado por parte de LLA , el intento por dejar al arbitrio del mercado nada menos que las prestaciones para personas con discapacidad quedó a merced de las complicaciones de gestión del Gobierno nacional por la salida intempestiva de funcionarios. Ocurre que la Agencia depende de la jefatura de gabinete y el decreto se conoció en medio del despido de Nicolás Posse y el nombramiento de Guillermo Francos . Mientras tanto, el borrador permanece en el circuito administrativo, lo que mantiene en vilo a miles de familias. Actualmente está en Legal y Técnica y ya tiene la firma del propio Spagnuolo, entre otros. Sólo restaría la aprobación del Francos y del presidente Javier Milei. Si bien la diputada Lilia Lemoine, quien integra la comisión de Discapacidad desmintió en su cuenta de X la desregulación, aún no hay un comunicado oficial que confirme la marcha atrás de la medida que podría dejar sin atención y cuidados a miles de personas con discapacidad. “Hay muchas familias muy angustiadas por lo que pueda pasar. Queremos que el gobierno deje en claro que no van a avanzar. Reconozco la buena voluntad de los diputados de LLA pero falta comunicación oficial”, dijo en diálogo con Ámbito el presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lilialemoine/status/1798353753315438993&partner=&hide_thread=false Quiero informar desde la Comisión de Discapacidad, a pedido del Dip Valdez, q LLA no va a limitar las prestaciones q se brindan, q el "borrador" de desregulación q circula blue no es voluntad del Ejecutivo ni de las autoridades de ANDIS q sea implementado, estamos en otra etapa. — Lilia Lemoine (@lilialemoine) June 5, 2024 Proyecto de Ley Arroyo, diputado de Unión por la Patria, es el autor de un proyecto que avanza en el Congreso para sostener la universalidad del nomenclador de prestaciones básicas. Se tata de una modificación de la ley Nacional de Discapacidad (ley 24.901) que ya tiene dictamen de mayoría firmado por UP, la UCR y el Frente de Izquierda. Arroyo y el Diputado Eduardo Valdez pedirán que la iniciativa sea girada a la comisión de Presupuesto esta semana o la próxima, para luego ir al recinto. Los tres ejes centrales del proyecto son: La inclusión de un nomenclador único para los beneficiarios , tengan o no cobertura. , tengan o no cobertura. Mantener las coberturas de salud, que incluyen medicamentos y tratamientos ; y de educación, como los acompañantes terapéuticos y apoyos escolares específicos. ; y de educación, como los acompañantes terapéuticos y apoyos escolares específicos. La incorporación en el Directorio de la evaluación de prestaciones a la ANDIS y a organizaciones de la sociedad civil, familias y ONGS del sector. En paralelo, los legisladores cursarán invitación al director de la ANDIS a la Comisión en la cámara baja. No sólo buscarán dialogar sobre el decreto y el proyecto de ley, sino sobre toda la problemática que atraviesan las personas con discapacidad. Preocupan, sobre todo, los recortes en las pensiones, los montos del transporte para las terapias y centros educativos, y los aranceles que quedaron muy atrasados respecto de la inflación. Esto provoca, por ejemplo, que las y los acompañantes terapéuticos cobren poco y tarde, por lo que se genera mucha rotación. Esto afecta directamente al desarrollo de niños y adolescentes, quienes necesitan de la estabilidad de ese vínculo para poder desarrollarse. “En concreto, hay que elevar el monto y los tiempos de pago”, advierte Arroyo. “Hoy, el Estado paga mal y tarde”, agregó. Pensiones El otro ítem que preocupa a las familias es que el gobierno frenó el otorgamiento de nuevas pensiones y no dio nuevas altas en el plan Incluir Salud. Lo que aduce el Ejecutivo es que hizo una auditoría y que encontró irregularidades. Pero, al igual que con la problemática de los alimentos, el reclamo es que mientras se audita, no se corte la asistencia. Un paso más allá, para Arroyo es necesario generar una asignación universal por discapacidad, “para superar la instancia de las pensiones y darle una base de ingreso a las personas con discapacidad”. En la Argentina, actualmente es un universo de 1 millón 200 mil personas. Otra de las acciones que se mostraron desde el Congreso fue la firma de un documento para reclamar que no se firme el decreto de desregulación. Allí confluyeron con el kirchnerismo figuras como la de Miguel Ángel Pichetto y Ricardo López Murphy, junto a más de treinta diputadas y diputados de la Nación. Todo el arco político, con una transversalidad pocas veces vista, pidió que no se firme el decreto a través de un proyecto de declaración que advierte que, con la desregulación de los aranceles, las personas con discapacidad quedarían en un estado de vulnerabilidad absoluta.
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