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» La Nacion
Fecha: 19/05/2024 01:44
La baja de la inflación a la par de correcciones que se retrasan, el valor del dólar, la dependencia de la necesidad de más reservas, los condicionantes de la actividad y las urgencias fiscales son temas puestos bajo la lupa por varios economistas Escuchar Aumento de precios con caída del nivel de actividad. Superávit fiscal con motosierra, más impuestos y caída del nivel de actividad. Compra de dólares con cepo cambiario y apreciación del peso. Esas son algunas de las variables del programa económico de Javier Milei que, a cinco meses del inicio de la gestión, despiertan debates entre analistas y funcionarios, sobre todo cuando se intenta determinar qué perspectivas de recuperación hay en el corto plazo. La inflación En abril la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 8,8%. Así, hubo una nueva baja mensual que fue celebrada como un ‘gol’ por Milei y el equipo económico. Es la primera vez desde octubre de 2023 que el índice es de un dígito. Entusiasmado en ese sendero de desaceleración, que se confirma también con los datos preliminares de mayo (estimaciones de la consultora Eco Go proyectan un 4,6% para este mes), el Gobierno tuvo decisiones recientes que se apartaron de su manual y de los ejes del plan implementado en los primeros meses de gestión. Son decisiones con las que se intenta sostener un respaldo político, luego de meses de ajuste y caída del poder adquisitivo. “Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, escribió el ministro de Economía Luis Caputo en la red social X, al justificar la suspensión de los nuevos aumentos de tarifas de gas y luz pautadas para mayo, a partir de la nueva fórmula que incluía, entre otros puntos, ajustes por inflación y de los costos de la energía. También frenó una actualización del impuesto a los combustibles, que suponía un aumento de al menos 7% en los precios de venta en el surtidor. Otro cambio de enfoque se dio en el caso de las prepagas, con la decisión de acudir a la Justicia y, acusación de cartelización mediante, aplicar topes para las subas, tras haberse emitido el DNU 70/23, que desreguló y habilitó las subas concretadas desde enero. Son alrededor de cinco puntos porcentuales de inflación los que el Gobierno esquivará en mayo, según estimaciones del economista Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra. “Eso es inflación postergada, no reprimida”, dice el analista, y agrega: “Se pospusieron aumentos de tarifas de servicios públicos, y en el caso de prepagas, que estaban atrasadas con respecto a la variación general, se liberó para que se adelantaran y ahora se vuelve al mismo atraso que dejó el gobierno anterior. Y la consecuencia es que hay ajustes que quedan pendientes”. El Presidente y el equipo económico celebraron que el índice de inflación de mayo fue de un dígito; entre los analistas advierten sobre los efectos posibles de posponer correcciones de tarifas o de las decisiones recientes sobre las cuotas de las repagas Juan Ignacio Roncoroni - EFE La decisión de postergar los ajustes de tarifas abrió también un conflicto con el sector energético. “Es una pésima señal”, insisten en las empresas del rubro, que habían estado entre las beneficiadas con los tempranos incrementos en los servicios públicos, al advertir por las potenciales consecuencias negativas de esta decisión. “Hubo un congelamiento a partir del 1° de mayo. Mientras esto se interprete como algo transitorio y de corto plazo no debería tener efectos significativos, pero no es una decisión óptima de política energética, sino fiscal, que puede servir políticamente, pero puede tener consecuencias complicadas, como desinversión en distribuidoras o la afectación del flujo corriente de las generadoras”, dice el economista Julián Rojo, especialista en energía. A su vez, la decisión sobre las tarifas presiona sobre la cuestión fiscal, al demandar mayores desembolsos en subsidios para cubrir el incremento en los costos que, en algunos rubros, están dolarizados. “Y esto afecta en el pico de invierno, donde los costos son más altos y se consume más cantidad. Y esto puede tener un efecto fiscal trascendente”, advierte Rojo, sobre la dinámica de los subsidios económicos, que también incluyen el rubro transporte (en el cual el Gobierno también decidió postergar aumentos, como el de los colectivos del AMBA). Y si bien en el acumulado del cuatrimestre reflejan una contracción interanual, la cuenta de subsidios en abril, según datos oficiales, interrumpió su caída. El dólar El nivel del tipo de cambio es un tema de intenso debate entre economistas y genera particular irritación en el presidente Milei. Tras la devaluación inicial, que llevó el dólar mayorista a $800, el Gobierno implementó un esquema de ‘crawling peg’ con ajustes del 2% mensual. Tras ese overshooting de diciembre, el contexto de alta inflación erosionó esa competitividad y derivó en una paulatina apreciación cambiaria: el tipo de cambio real multilateral que define el Banco Central llegó a 162 puntos en diciembre (la base 100 es el dólar a la salida del cepo en el gobierno de Mauricio Macri), y hoy se ubica en 92. Es decir, ese indicador muestra que el tipo de cambio actual está más apreciado que el dólar de $13 de diciembre de 2015. Javier Milei criticó en sus últimas intervenciones públicas que el valor del dólar estaría retrasándose frente a la inflación; según varios analistas, la dinámica cambiaria enciende luces amarillas para la competitividad y las exportaciones Toasted Pictures - Shutterstock Junto con el objetivo de eliminar el déficit fiscal, el esquema cambiario es el ‘ancla’ al cual se aferró el Gobierno para lograr una desaceleración inflacionaria tras la disparada de diciembre. Y mientras el Presidente refunfuña en cada intervención pública contra los economistas “chantas” y sus “análisis berretas”, la dinámica cambiaria enciende luces amarillas por el proceso de apreciación que erosiona la competitividad de la Argentina, incrementa los costos locales y golpea la ecuación del sector exportador. “El tipo de cambio es mucho más que el cociente entre la oferta monetaria y las reservas. Es lo que marca la competitividad de la Argentina. Y si sigue en este esquema de apreciación, con los salarios subiendo en dólares junto con los precios internos en dólares, llega un punto donde la producción en el país no va a ser rentable o va a ser difícil exportar lo que no sea primario”, dice Guido Zack, director del área de Economía en el think tank Fundar. “Y cuanto más apreciada esté la moneda, mayor será el salto cambiario que habrá cuando quieras salir del cepo, y eso implica mayor salto inflacionario futuro y, a su vez, tiene consecuencias sobre la actividad”. Las reservas En lo que va de la gestión Milei, el Banco Central compró US$16.475 para sus reservas, que al momento de cambio de gobierno eran negativas en US$11.500 millones. Esa recomposición, que avanza en los meses de mayores exportaciones por la esperada liquidación de la cosecha gruesa, encuentra limitaciones. Se dio, en parte, con colocación de Bopreales para saldar deuda pasada (casi US$10.000 millones), o con la cuotificación de pagos para importaciones en los primeros meses de gestión. Según Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, existe una tensión entre la dinámica del nivel de actividad, la recaudación para sostener el equilibrio y la acumulación de reservas. “Con el dólar blend, el Gobierno manda el 20% de las exportaciones al contado con liquidación. Eso es el 80% del superávit comercial del año”, advierte la economista, sobre las dificultades que enfrenta el Banco Central para fortalecer su activo. La variable de ajuste, plantea, es la caída en las importaciones asociada a la recesión. “La clave es el ajuste del nivel de actividad que se necesita para seguir comprando dólares. Entonces, no está claro el objetivo del programa: recesión para bajar la inflación y recomponer el balance del Banco Central, o reactivar la economía”, dice la economista. El nivel de actividad Dado este escenario económico, el ‘talón de Aquiles’ del esquema es el nivel de actividad, según define Gabriel Caamaño, economista de la Consultora Ledesma. Números como la caída del 3,2% en febrero, según el indicador EMAE del Indec, o el desplome del 21,2% de la industria y el 42,2% de la construcción en marzo, anticipan un primer semestre recesivo, con la incertidumbre sobre cuándo y cómo será una eventual recuperación. “La inflación va a bajar, pero el tema es el costo en materia de actividad. En el primer trimestre hubo un derrape muy fuerte y la pregunta es si en el segundo trimestre llega el piso y, después, cómo es el perfil re esa recuperación”, dice Caamaño. Hasta febrero, la actividad acumulaba seis meses consecutivos de caída. Mientras hasta el FMI se entusiasma con una recuperación “en la segunda mitad del año”, el Gobierno apuesta a que sean sectores como la minería o el agro, con una recuperación tras el impacto de la sequía de 2023, los que traccionen mejores números para el resto de 2024. Al mismo tiempo, el ajuste en el gasto público y la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos (salarios, jubilaciones) que afectan negativamente al consumo (principal componente del PBI), configuran un escenario de heterogeneidad y debilidad en las perspectivas de recuperación de una economía que no crece hace más de una década. Por eso, así como cayeron las expectativas de inflación, también se profundizaron entre economistas los pronósticos negativos sobre el PBI para 2024: según el REM que difunde el Banco Central, la caída será del 3,5% este año (con un rebote del 3,4% en 2025). El resultado fiscal Es la “meta innegociable” del Gobierno, que ratificó el rumbo al informar que alcanzó superávit financiero en abril ($17.409 millones), y un acumulado del 0,2% del PBI en el primer cuatrimestre. Por el lado del gasto, la licuación de partidas y recortes explican la caída: según el Iaraf, en el primer cuatrimestre el gasto real en jubilaciones y pensiones cayó 35%; la inversión directa, 15%; subsidios a la energía, 8%, y salarios, 8%. Y esa dinámica derivó en episodios conflictivos (marcha universitaria, reclamos por jubilaciones en el Congreso), que llevaron al Gobierno a ceder, como en el caso de los fondos para la UBA o a regirse con cambios en la fórmula de ajuste de los haberes jubilatorios, que ahora se ajustan cada mes por IPC. El ajuste a las erogaciones del sector público, que permitieron llegar al superávit fiscal, derivó en episodios conflictivos, como la marcha por el presupuesto para las universidades, luego de la cual hubo un acuerdo sobre los fondos para la UBA Santiago Filipuzzi “El Gobierno arrancó rápido tipo shock y dejó de pagar. Eso de entrada puede funcionar como señal, pero a la larga se vuelve insostenible”, opina Caamaño, sobre la subejecución de partidas, el freno en obra pública y cuestiones latentes, como la deuda acumulada con las generadoras eléctricas. “No hay magia. No se puede pretender mantener las tarifas y no pagar subsidios, porque esa ecuación económica explota. Lo mismo con la obra pública: hay un montón de obras de infraestructura que el Estado tiene que hacer, rutas que mantener, que son indispensables para que el sector privado produzca. En definitiva, es reemplazar ajuste transitorio por uno permanente y darle sustentabilidad al ancla fiscal”, dice el economista. A su vez, el superávit está sostenido del lado de los ingresos por la suba del impuesto PAIS aplicado a compra de divisas, importaciones y el Bopreal del Banco Central: solo en abril la recaudación de este tributo que se sostiene en el cepo cambiario (y caduca, en principio, a fin de año) fue del doble del superávit primario del mes. En el cuatrimestre, según estima Caamaño, ya es la mitad del superávit primario acumulado en el período. “Hoy, salir del cepo es expansivo para la economía, pero es una decisión de política económica. El Gobierno quiere licuar y para eso necesita cepo y represión financiera”, concluye el economista.
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