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Parana » Paginajudicial
Fecha: 16/05/2024 16:13
Un proyecto para crear una área dentro de la fuerza para investigar delitos en la administración pública hace ruido en tribunales y en Casa de Gobierno. Entre Ríos cuenta con un andamiaje jurídico que no daría lugar a la iniciativa. Las sospechas de Roncaglia. Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Es previsible. Por dos cuestiones. La iniciativa que crea un área en el seno de la Policía para investigar hechos de corrupción posiblemente sea inconstitucional, pero además pondría de mal humor al procurador general de la provincia, Jorge García. Nota al pie: el jefe de los fiscales no está a gusto con el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, más allá de las fotos institucionales. No le gustó aquellas declaraciones del funcionario cuando dijo que quería más fiscales en la calle. Otra nota el pie: la presidencia en el Jurado de Enjuiciamiento; a cargo de la senadora Patricia Díaz, esposa de Domingo Daniel Rossi; no es del agrado de García. Está denunciado precisamente ante ese instituto. En la sesión de este miércoles en el Senado se pidió que el expediente N° 29274, que modifica la orgánica de la Policía, sea enviado desde la Comisión de Legislación General a las comisiones de Peticiones y Milicia y a la de Seguridad. Se entendió que fue mal girada a la de Legislación General. Ésta última no tiene competencia para dictaminar sobre milicias provinciales y organización de cuerpos policiales, o gestionar toda otra actividad cuya naturaleza involucre o contenga la cuestión de la seguridad pública. Vamos al proyecto de ley con media sanción en Diputados. En su artículo 5° dice: “Crear la División Investigación de Actos de Corrupción y la División Análisis y Prospectiva que dependerán directamente del jefe de Policía de provincia”. Y el artículo 7° incorpora el 46 bis, que expresa que “la División Investigación de Actos de Corrupción dependerá directamente de la Jefatura de Policía y tendrá las funciones y la organización que le corresponda de acuerdo a las reglamentaciones que al efecto dicte el jefe de Policía de la provincia”. El año pasado, por unanimidad, la Legislatura aprobó un artículo por el cual se reglamentó la Fiscalía Anticorrupción, un organismo incorporado en la reforma constitucional de 2008. Incluso el Consejo de la Magistratura llamó a concurso para cubrir los cargos, pero el proceso de elección quedó en nada a instancias del personaje del espectáculo mediático 2023: el fiscal José Arias. En resumen: la investigación de los delitos en el seno de la administración pública, por Constitución, está bajo la competencia del Ministerio Publico Fiscal, que ahora tiene a la Fiscalía Anticorrupción como área especializada. En declaraciones en Canal 9 (que se pueden buscar en youtube con fecha del 17 de abril), Roncaglia explicó el proyecto del que reveló su autoría: “La Policía no va a tener autonomía para investigar, sino que siempre la que investiga va a ser la Justicia, la investigación va a estar en la cabeza del fiscal. Lo que nosotros queremos armar es un equipo técnico y que confié, por eso no depende de una dirección sino del jefe directamente, para evitar esa cadena de novedades donde todo el mundo se entera quien está investigado”, dijo en defensa de la iniciativa en la que reveló que es de su autoría. Y enumeró a los integrantes del área que tiene en mente: “Abogados, estudiantes de Ciencias Económicas, analistas de información”. Roncaglia parecería tener buenas intenciones. Sucede que el equipo que quiere constituir es idéntico al equipo de peritos (con contadores y analistas en sistemas) que prevé precisamente la Fiscalía Anticorrupción en la carta magna y en su ley reglamentaria. El ministro, en todo caso, quiere una policía judicial -como manda el Código Procesal de Entre Ríos-, pero que dependa del Poder Ejecutivo. Lo explicita cuando se refiere a la “cadena de novedades”. Quiere la primicia, no las repercusiones. En eso, el caso de García es diferente, porque él suele ser el creador de las novedades. Cuando eso no ocurrió, en la causa de los contratos truchos, debió inventar una nueva novedad: la causa de contratos II. En la Cámara de Diputados el peronismo hizo hincapié en esta reforma de la orgánica y cuestionó el articulado. Votó en contra. Fabián Rogel, presidente del bloque oficialista (además de ex convencional constituyente en 2008), debió hacer una aclarar que como integrante de un gobierno que promovía ese proyecto, lo iba a acompañar, pero que no le gustaba. El fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes -el más experimentado en asuntos judiciales que habitan Casa de Gobierno y con terminales en los tribunales sobre todo en la Procuración General- no le satisface esa reforma. La corrección en el abordaje -según la competencia de las comisiones-podría ser también un ámbito para corregir el proyecto con media sanción. Podría ahorrarle un dolor de cabeza al Gobernador.
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