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» LV12
Fecha: 15/05/2024 05:58
El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiteración y modificaciones a la unificación de condenas, concurso de delitos, legítima defensa y cumplimiento del deber. Embed - Abogado Pedro Biscay Estas medidas, que el Gobierno Nacional considera fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse y de los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona respectivamente. "El debate de cómo construir una estrategia sólida para la persecución del crimen organizado, en un país como Argentina que está ingresando poco a poco en los niveles más elevados de complejidad en cuanto a penetración del mundo del crimen mafioso y aplicación de la ley penal y regulatoria, implica pensar una estrategia por lo menos mas consistente desde el punto de vista conceptual y centralmente orientada a producir un nivel alto de efectivad en la desarticulación de estos fenómenos que tiene una cara visible que es la violencia en las calles, la guerra entre pandillas y los enfrentamiento", explicó en LV12, el abogado Pedro Biscay, del instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. En este sentido, indicó que "todo tiene un trasfondo y una estructura orgánica que no se ve y por eso son crímenes mafiosos, que lo vinculan con un comportamiento de tipo empresarial, entonces hay dos paradigmas, uno que ya se probó y no funcionó, que es la guerra contra las drogas". En cuanto al otro paradigma, Biscay sostuvo que "el proyecto de ley incorpora lo que se denomina 'Hacerle la guerra a las pandillas', el cual es equivocado y se contrapone con otro modelo, el cual estamos proponiendo nosotros en el instituto, que es la orientación de este problema a partir del análisis criminal y la investigación de mercados criminales, basado en el comportamiento empresarial de los grupos organizados vinculados al narcotráfico, tráfico de personas, de armas, fraudes financieros", etcétera. A modo de conclusión, el abogado expresó que "esta normativa no tiene esta finalidad y va incrementar los niveles de violencia a intensidades que desconocemos".
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