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» Infobae
Fecha: 11/05/2024 04:39
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Bloque UCR (Adrián Escándar) Las circunstancias políticas y económicas argentinas nos vuelven a poner ante el imperativo y el desafío de una transformación profunda. La llamada “Ley Bases”, impulsada por el Gobierno y que ha tenido el acompañamiento de una mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, se propone como la herramienta institucional para implementar esos cambios y salir de nuestro obstinado ciclo de empobrecimiento y fracasos. El radicalismo ha sido históricamente una fuerza política reformista. A veces, liderando las reformas; en otras ocasiones, como la que nos toca en la actualidad, acompañando críticamente y con propuestas. En este sentido, las reformas estructurales del Estado, la necesidad de contar con un marco que libere a la producción de toda atadura burocrática y regulativa, no es algo nuevo. Es una materia pendiente de la democracia, reconquistada en 1983. El presidente Raúl Alfonsín, en un memorable discurso ante la Asamblea Legislativa, un 1º de mayo de 1988, propuso a los representantes del pueblo y de las provincias cuatro ideas fuerza para sentar los fundamentos de una renovada economía: nuevas reglas de juego entre el Estado y el mercado; racionalidad en la administración pública; achicamiento del Estado y supresión de subsidios; y una redistribución del gasto social para recuperar la justicia como objetivo. Raúl Alfonsín sabía de los obstáculos que tendría en ese camino y, alertó en ese discurso: “La política de reformas estructurales ha sido y es una decisión nuestra en la cual habremos de persistir, sabiendo que tropezaremos contra la resistencia de los intereses creados, pero sabiendo también que es una empresa contra la decadencia y en favor del crecimiento y del progreso social”. Esas ideas y propuestas fueron bloqueadas por “intereses creados”, obstaculizando una reforma y modernización profunda del Estado. En la historia de nuestro país, encontramos al radicalismo asumiendo la responsabilidad de promover o acompañar críticamente distintas encrucijadas de transformación. No podemos olvidar la Reforma Universitaria de 1918, aquel movimiento inescindible de la apertura democrática que trajo Yrigoyen, permitió mucho más que una renovación académica a escala continental, propiciando la remoción de lastres escolásticos en nuestra cultura; Amadeo Sabattini, comprendiendo la complejidad de un mundo envuelto en guerra, y todavía sin haber salido de los efectos de la Gran Depresión, manifestó su apoyo a políticas de industrialización sectorizadas, en los tiempos de la “Ley Pinedo”; Arturo Illia se puso al hombro un ambicioso programa de progresividad tributaria, que de haberse aplicado podría haber redundado en beneficios para toda la sociedad, en años de sostenido crecimiento económico. Lamentablemente, sus reformas fueron saboteadas por grupos concentrados del poder económico y sindical. La “Ley Bases” ofrece una oportunidad excepcional de exponer, ante una ciudadanía cansada y hasta irritada con la clase dirigente, un producto político que ha sido fruto de la discusión, del diálogo y el consenso. Los radicales propusimos una modernización laboral que promueva y facilite -mediante incentivos- los procesos de contratación, concentrando el debate en la lógica del trabajo del futuro, asociado con las nuevas tecnologías. Con el objeto de promover la iniciativa privada y el empleo de calidad, en tanto motores de la transformación. Como diputada nacional, me honra representar la voluntad de cambio de una gran porción de la sociedad. Con ese compromiso y esa coherencia, presenté un proyecto de ley modificatoria de la Ley 23.696 “Reforma del Estado”, que apunta a dotar al proceso privatizador de todos los resguardos institucionales que aseguren su transparencia y equidad. Valoro que, producto de los acuerdos, el proyecto de “Ley Bases” haya incorporado aportes que propuse, bajo la premisa de no cometer los mismos errores de la década del ‘90, cuando la reforma del Estado se hizo con opacidad y privilegios. Con estas contribuciones, toda privatización o concesión de activos públicos autorizados por el proyecto de ley tendrá que ser -y vamos a controlar para que así lo sea- un proceso transparente, participativo, que rinda cuentas y en línea con parámetros internacionales de gobierno abierto. Según el texto del proyecto principios de gobierno abierto deben ser respetados en la reglamentación, y también vigilados por el Congreso en su implementación. Estos principios, a su vez, no son meras enunciaciones. Se implementarán en un contexto en el que ya existe una ley de acceso a la información pública (Ley 27.275) que obliga a publicar proactivamente datos claves del proceso, como así también vuelve a toda documentación susceptible de ser entregada a requerimiento de los ciudadanos. Las políticas de gobierno abierto que debe llevar adelante el Estado Nacional, conforme a los compromisos internacionales asumidos, fortalecerá la idea de que las privatizaciones del siglo XXI sean de cara a la sociedad. Cuando sea ley, entonces, será posible avanzar en privatizaciones que, simultáneamente, hagan del Estado una organización más ágil y enfocada en sus funciones, y lo hagan con transparencia y control de las instituciones y de los ciudadanos. Desde una identidad reformista radical, con nuestras disidencias, con propuestas e ideas, este tiempo nos invita a pensar en un cambio verdadero y duradero, en un marco de concertación política, que nos permita construir una Argentina que se proyecte y mire hacia el futuro.
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