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» La Nacion
Fecha: 10/05/2024 13:39
Escuchar CÓRDOBA.- Las entidades industriales del interior del país advierten que el “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI) genera asimetrías entre las empresas y, si no se incluye una cláusula de “compre nacional”, puede atentar contra la producción local. Los referentes de las instituciones coincidieron ante LA NACION en que es necesario un esquema de promoción para las inversiones, pero que hay correcciones que se deben hacer en el capítulo del proyecto de Ley Bases. También hay consideraciones respecto de la falta de coherencia entre esta promoción y la extensión del impuesto PAIS instrumentada hace unos días. Ya en las reuniones de comisión del Senado, el RIGI generó tensiones. El vocero presidencial, Manuel Adorni, se encargó de defenderlo ante las críticas surgidas de diferentes sectores. La iniciativa presenta beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para inversiones que tengan un piso de US$200 millones. El Poder Ejecutivo puede elevarlo, pero en ningún caso podría sobrepasar los US$900 millones. “Es necesario que vengan grandes inversiones al país, pero el RIGI debería ser revisado y modificado porque podría generar un escenario de competencia desleal, afectando a las pymes que son las proveedoras de estas empresas que podrían radicarse”, dice Fabián Solís, vicepresidente de la Unión Industrial de Mendoza. El titular de la Federación Industrial de Santa Fe, Javier Martín, remarca que están a favor de un sistema que promueva inversiones, y agrega: “Eso está fuera de discusión, pero debe ser virtuoso en su conexión con el entramado productivo local”. Por ejemplo, plantea que, además del monto de la inversión, se debería contemplar su aporte a las exportaciones y al empleo. Una exigencia de “compre nacional” del 25% “garantizaría el derrame” en la industria local, indica. Los referentes industriales señalan que las “asimetrías” en términos impositivos que generaría el RIGI va entre 15% y 30%. Para las nuevas inversiones se impulsa la devolución de saldos a favor del IVA en no más de tres meses y en Ganancias pagarían 25% sin aplicar ninguna escala; sobre la ganancia neta acumulada pagarían 7% y, después de siete años, bajaría al 3,5%. Podrían computar la totalidad de los importes pagados por impuesto a los débitos y créditos como saldo a favor en Ganancias. En el tratamiento en comisiones de la Ley Bases, el RIGI es un tema que genera polémica. Marcos Brindicci - LA NACION A eso se le agrega el tratamiento cambiario especial que se propone: libre disponibilidad de divisas para exportaciones de 20% el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero y divisas para financiamiento local o externo sin restricciones. “Perjudica a los que ya apostaron y lo hicieron con todas las limitaciones”, subraya Martín. Roberto Cristiá, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario, es más duro y terminante respecto del régimen. Enfatiza que “no tiene ningún beneficio y sí perjuicios para la industria nacional”. Advierte que, si bien se habla de que está direccionado para alentar inversiones en gas, minería y petróleo, “se suman sectores y se da carta blanca para abrirlo a cualquier inversor”. “¿Cómo van a poder competir las 39 fábricas de sembradoras que hay en la Argentina con un productor que acceda a todos esos beneficios? La diferencia de costos es de entre 15% y 35%, nos borran del mapa”, acota, y añade que de Ganancias “se le va a cobrar más a un trabajador argentino que a una multinacional”. El presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Luis Macario, opina diferente de sus colegas. Entiende que el régimen es “necesario” porque la Argentina “no tiene crédito”, y añade: “Como defaulteadora serial e incumplidora de normas, no es creíble. Nadie va a venir a invertir sin una promoción y sin poder girar dividendos”. Señala que, seguramente, después habrá que discutir un esquema para las pymes, pero está convencido de que quienes se radiquen “trabajarán con locales, beneficiarán a las industrias establecidas”. Duración Los economistas recomiendan incentivos generales y automáticos en vez de regímenes de promoción y apuntan, por ejemplo, al que rige en Tierra del Fuego. Cristiá cuestiona que los beneficios impositivos del RIGI durarían 30 años “y no sólo van para la inversión inicial sino para los insumos que importarán”. Martín aporta que el plazo es muy extenso “puede cambiar tecnología, modificarse cuestiones medioambientales y es probable que se termine rediscutiendo el tema”. Ambos también mencionan que cualquier modificación que gobiernos posteriores pretendan hacer, se dirimirán en el Ciadi, donde hasta ahora la Argentina perdió el 88% de los juicios. Luciana Mengo, presidenta de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Afamac), admite que el RIGI “genera entusiasmo en algunos sectores, pero no en el entramado productivo nacional”. Señala que el régimen podría “ser mejor recibido y apoyado por las industrias si se implementara entre las medidas de ‘próxima generación’ como las llama el Presidente”. Considera que, en este momento, “con recesión, caída de consumo y sin llegar aun a las tasas competitivas de créditos, desanima la inversión y genera mayor especulación como impacto directo”. Suma que la lectura del sector también podría ser: “¿Por qué a los que estamos peleando y luchando hace años no se nos tiene en cuenta y a los nuevos sí? Primero vayamos por la modificación en la carga tributaria de los argentinos, después que seamos competitivos podemos invitar a los demás a sumarse al desarrollo productivo. Es importante que se apruebe la Ley Bases para el crédito político que el gobierno necesita, pero no atentar contra propios”. Por su lado, la Cámara de Industriales Metalúrgicos cordobesa apoya el esquema y propone dos modificaciones: extender los beneficios sobre importaciones de bienes de capital, repuestos, partes y componentes a los proveedores nacionales, y limitar los beneficios que recibe un VPU a proyectos destinados a producción exportable, o a la proporción que las exportaciones representen en la operatoria total, para evitar distorsiones competitivas en el mercado interno.
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