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  • DESIGNACIÓN DE JUECES. Buscan reformar el Consejo de la Magistratura

    Concepcion del Uruguay » La Calle

    Fecha: 10/05/2024 03:13

    El Ejecutivo provincial pretende modificar el método de selección de integrantes del Poder Judicial. Los equipos técnicos de la Secretaría de Justicia trabajan para introducir modificaciones a la ley orgánica del Consejo de la Magistratura. Hace dos semanas concluyeron el borrador final que está siendo evaluado por otras áreas de Gobierno. En gran medida, la reforma busca volver al esquema anterior del Consejo. Se trata de la regulación que estuvo vigente hasta 2022. Luego vino la modificatoria impulsada por el Poder Ejecutivo a cargo de Gustavo Bordet que la oposición no acompañó y además prometió modificar en caso de ser oficialismo. En los últimos 5 años, el Consejo inició 50 concursos, muchos de los cuales están pendientes de resolución aún. Y hay 57 más pendientes de llamado que fueron informados por el Superior Tribunal. La cifra se incrementa día a día por jubilaciones y renuncias. La propuesta es resucitar el sistema previo, en el cual los jurados llevaban casos para que sean resueltos por los postulantes. Desde siempre hubo sospechas de parcialidad por filtración, pero por ahora aparece como la salida posible del atolladero. También se puso la lupa sobre el esquema de recusaciones y excusaciones, que establece los criterios por los cuales un jurado puede dejar de desempeñar su función. El punto más álgido será la eliminación de la intervención del Superior Tribunal en el proceso de puntaje. Actualmente, un postulante inconforme con la nota otorgada por el Jurado en las dos primeras etapas (antecedentes y examen), puede pedir la revisión del pleno del Consejo. Y luego presentar una apelación ante el STJ, si su planteo no había sido atendido. La idea es regresar al esquema anterior, cuando la inconformidad podía llegar a la Justicia tras la resolución del plenario, pero a través del esquema contencioso administrativo. En carpeta también está cambiar los criterios consensuados para otorgar puntajes. El Gobierno comparte el criterio de los abogados particulares que se quejan de que gente designada “a dedo” gane puntos durante años por los vínculos personales que posee, en detrimento del profesionalismo.

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