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Parana » Pagina Politica
Fecha: 10/05/2024 02:12
La necesidad de fijar reglas de juego electorales previsibles, que limiten al máximo la discrecionalidad de los gobernantes de turno; o que aporten a la transparencia del financiamiento de la política, forma parte de un debate que lleva décadas en la provincia. La reforma política que esta semana lanzó el gobierno de Rogelio Frigerio debería salir este año al menos por estas tres razones: 1.- Año no electoral. Es un argumento tradicional, que repara en la conveniencia de discutir la modificación de las reglas de juego electorales lo más alejado posible de los primeros comicios en los que esas nuevas reglas van a ser aplicadas. De ese modo se evita que las nuevas normas, que se presume regirán para muchos años, se contaminen de intereses electorales coyunturales de mayorías circunstanciales. El proceso de reforma política previo con el que más se avanzó -hubo un proyecto de código electoral con Boleta Única de Papel (BUP) que debatieron todos los partidos- fue el de 2018, también un año no electoral. Pero ese era el tercer año de la primera gestión de Gustavo Bordet. Es decir que se discutían reglas de juego que serían aplicadas por primera vez sólo un año después. Incluso hasta menos de un año si, como ocurrió, las elecciones de 2019 se separaban de las nacionales y Entre Ríos votaba en la primera mitad de ese año. Ahora es distinto. La reforma electoral se pretende debatir en el primer año de gestión de Rogelio Frigerio. El nuevo código electoral se aplicaría por primera vez recién en 2027, para la renovación de gobernador, intendentes, legisladores provinciales y concejales. Nadie puede saber hoy a quién beneficiará, en tres años, la BUP y las numerosas reglamentaciones que se incluyan en la reforma para los distintos órdenes de gobierno. 2.- Consenso político. Es la condición necesaria de cualquier modificación de las reglas de juego. Y lo que dejó el primer encuentro con los partidos fue la idea de un amplio apoyo para el cambio del sistema de votación y a la idea de discutir el financiamiento de la política. En el plano de los partidos con representación parlamentaria, que son los que finalmente votan, sobresale la predisposición del peronismo, con mayoría en el Senado y con el principal bloque opositor en Diputados. Es que entre los actuales legisladores peronistas dominan los que en 2018 estuvieron de acuerdo con la reforma que impulsaba Bordet y que fracasó, centralmente, por la resistencia interna que desde la presidencia de Cámara de Diputados ofrecía Sergio Urribarri. De hecho, el proyecto de código electoral que impulsó Bordet en 2018 y que tuvo a la entonces ministra de Gobierno, Rosario Romero, como redactora, es tomado en muchos aspectos como principal antecedente en el borrador que el gobierno tomará como base para el armado del proyecto definitivo, tras la ronda de consultas con las distintas fuerzas políticas de Entre Ríos. Hoy Romero, desde la intendencia de la capital provincial, es una figura política central en un peronismo que, tras 20 años consecutivos en el gobierno provincial, ha vuelto a la oposición. 3.- El ajuste. Es la razón más coyuntural de las tres. Y para algunos la más discutible. El inédito ajuste con el que el gobierno nacional somete a las provincias le ata las manos a Frigerio para avanzar en cualquier gestión que requiera financiamiento. Todo es urgencia. Al menos hasta que la anomalía se resuelva y vuelva a ponerse en marcha el país federal interrumpido por el presidente Milei el 10 de diciembre. Mientras tanto, iniciativas como la reforma política le pueden permitir a Frigerio demostrar que está gestionando, que “hay muchas cosas que, independientemente de la falta de recursos, se pueden hacer”, como dijo esta semana en reunión de gabinete. Que se puede, por caso, cumplir con una promesa de campaña como esta, que no implica gastos. Cada vez que se intentó una reforma política aparecieron críticas a la oportunidad. Se dijo que había asuntos más urgentes que resolver, que tenían que ver con las necesidades de la “gente” y no de la política. Como si los vicios en la representación política no perjudicaran, justamente, a la “gente”. Si es por crisis, nunca será el tiempo para una reforma. No hubiera sido posible reformar la Constitución Nacional en 1994 o la provincial en 2008. Pero claro, la necesidad de mejorar la representación política no figura seguramente a la cabeza de las preocupaciones de la amplísima mayoría de la sociedad que por estos días se ve afectada por un ajuste sólo comparable al de la crisis de 2001. La pregunta, en todo caso, es si una cosa impide la otra. Si avanzar en una reforma política, que involucra a lo sumo el trabajo de una secretaría (que además no se ocupa sólo de este tema) impide que el resto del gobierno siga funcionando. La respuesta es evidente. Las críticas a la oportunidad apuntan, en todo caso, al temor de que las fotos y noticias de políticos reunidos hablando de reglas electorales y de financiamiento, en medio de esta crisis, puedan alejar aún más a la dirigencia de una sociedad que, de tan harta de sucesivos fracasos económicos de los gobiernos de fuerzas mayoritarias, terminó apostando a una oferta tan incierta y arriesgada como la que proponía Milei. El fastidio social hacia la dirigencia tradicional es tan grande que, a casi medio año de asumir, muchas de las víctimas de brutal ajuste siguen bancando al Presidente. En todo caso, habrá que preguntarse cuánto incidió el sistema electoral vigente en la profundización del divorcio entre la sociedad y sus gobernantes. Y cuánto puede contribuir a superar esa crisis una reforma que apunte a eliminar restricciones, trampas, fraudes y diversas distorsiones de la voluntad popular. Fuente: Página Política
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