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Parana » Litoral FM
Fecha: 09/05/2024 17:08
La situación se expuso en un pedido de informes que ingresó a la Cámara de Diputados en relación a la no renovación de contratos de agentes que se desarrollan como formadores profesionales y laborales de centros comunitarios que dependen del CGE. El martes 7 de mayo ingresó a la Cámara de Diputados un pedido de informe Mediante el cual se solicitó al Poder Ejecutivo que informe sobre cinco puntos derivados de la no renovación de contratos de trabajadores que prestan funciones como formadores profesionales y laborales de los centros comunitarios existentes en la Provincia, dependientes de la Dirección de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE). Se señaló la no renovación de contratos de agentes de Villaguay, Concepción del Uruguay y Paraná. En los fundamentos del pedido que fue presentado por las legisladoras, Stefanía Cora, autora, y Laura Stratta y Silvia Moreno, coautoras, del Bloque Más Para Entre Ríos, se destacó que “al poner fin a estos programas, se está limitando el acceso de la población a oportunidades de formación que son fundamentales para su crecimiento personal y profesional”. También se resaltó que “es responsabilidad del Estado y de esta honorable cámara tomar las medidas necesarias para remediar esta situación y garantizar el acceso de todos los ciudadanos a una educación y formación de calidad. Obligación Las legisladoras sostuvieron que “es pertinente señalar que la obligación del Estado de garantizar el acceso a la educación no se restringe exclusivamente al ámbito escolar, sino que también abarca iniciativas como los programas de formación y capacitación auspiciados por el CGE. Al poner fin a estos programas, el Estado incumple con su deber constitucional de promover el desarrollo integral y garantizar la igualdad de oportunidades para todos. En este contexto, es crucial adoptar medidas urgentes para remediar esta situación”. También entendieron que la adopción de aquellas medidas “podría implicar la implementación de políticas que aseguren la continuidad de los programas de Educación de Jóvenes y Adultos. En resumen, la no renovación de los contratos de los agentes en las ciudades de Villaguay, Concepción del Uruguay y Paraná constituye una transgresión a los fines económicos y educativos planteados por el Gobernador en su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la legislatura”. Puntos El primer punto del que se requirió información estribó en que se precise “si los organismos del ejecutivo a los cuales les corresponda pueden brindar un informe actualizado de la nómina de agentes que se desarrollan como formadores profesionales y laborales de los centros comunitarios existentes en la Provincia, dependientes de la Dirección de Jóvenes y Adultos del CGE”. El segundo, “si los organismos del ejecutivo a los cuales les corresponda pueden brindar un informe acabado del número de cargos de coordinador y capacitador laboral existente al día de la fecha, en las ciudades de Villaguay, Concepción del Uruguay y Paraná”, en tanto que el tercero instó a que se “informe sobre la situación contractual actual de los formadores profesionales y laborales del Centro Comunitario 24 de Villaguay. Y cuáles van a ser las medidas tendientes para lograr formalizar y estabilizar su situación laboral”. En tanto que en el cuarto y el quinto, se requirió que se “informe el monto contractual nominal percibido, por cada uno de los agentes coordinadores y formadores que desarrollan tareas actualmente en las ciudades de Villaguay, Concepción del Uruguay y Paraná, dependientes del CGE” y “si los organismos del ejecutivo a los que correspondan puedan brindar un informe acabado del porcentaje o monto del presupuesto destinado a desarrollar los servicios de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE”, respectivamente. Preocupación Las diputadas plantearon que el “documento tiene como fin plantear una preocupación de suma relevancia en materia social y educativa para los ciudadanos entrerrianos, específicamente abordar la problemática suscitada por la terminación y no renovación de los contratos de formadores y capacitadores en el contexto del programa auspiciado por el Consejo General de Educación (CGE)”. En aquella tesitura, entendieron que “es imperativo reconocer que el entramado legal que regula las relaciones laborales en el ámbito público está intrínsecamente ligado a los preceptos constitucionales que salvaguardan el derecho al trabajo digno y la protección de los derechos laborales. La finalización contractual de estos agentes, conlleva consecuencias adversas tanto a nivel individual como colectivo”. Individual y colectivo Los fundamentos del pedido de informe distinguieron consecuencias individuales y colectivas. En las primeras, se indicó que “individualmente, estas personas se ven sumidas en una situación de precariedad económica, enfrentando dificultades para mantener su sustento y, en muchos casos, careciendo de un adecuado respaldo de seguridad social. Esta realidad impacta negativamente en su bienestar y el de sus familias”. En relación a las segundas, se sostuvo que “a nivel colectivo, la finalización de estos programas de formación y capacitación implica un retroceso en el proceso de desarrollo humano y social de nuestra comunidad. Estos programas no solo facilitan el acceso a nuevas habilidades y conocimientos, sino que también fomentan la inclusión social y la movilidad ascendente de los ciudadanos. Al poner fin a estos programas, se está limitando el acceso de la población a oportunidades de formación que son fundamentales para su crecimiento personal y profesional”. APFDigital
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