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» La Nacion
Fecha: 09/05/2024 15:27
Escuchar Mientras terminan de procesar el nuevo censo de personas en situación de calle en la Ciudad, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida, anticipa un aumento de alrededor del 30%, una suba similar a la registrada el año anterior. La cifra ronda las 4000 personas, de las cuales 1300 duermen en veredas, plazas y otros lugares del espacio público. El resto, pasa la noche en paradores o refugios. Una de las principales metas que se propone este funcionario de 36 años, politólogo de formación y con la experiencia de haber estado al frente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, tiene que ver con hacer cumplir el eslogan “la calle no es un lugar para vivir”. “Muchas veces la conversación respecto de las personas en situación de calle tiende a la romantización. Por un lado, afirmamos que la calle no es lugar para vivir, pero por otro lado decimos ‘bueno, hay que ver, no sé’. No, la calle no es lugar para vivir porque toda la experiencia que sucede en la calle está vinculada a violencia”, enfatiza durante una entrevista con LA NACION. En ese sentido, le baja el tono a la controversia generada hace unos días a partir de un posteo del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, sobre los operativos de limpieza de esquinas y espacios públicos que implican el desalojo de personas en situación de calle. “Nosotros creemos en una política pública para los tres millones de porteños, lo que incluye a las personas que están en calle y al resto de los porteños, que a veces cambian el recorrido para llevar los chicos al colegio o dejan de usar el espacio público porque ahí duermen personas o armaron una ranchada”, sostiene. —¿Cuántas personas exactamente hay hoy en situación de calle en la Ciudad? —Estamos terminando de procesar los datos del censo, pero los números preliminares nos dan que el total está en torno a las 4.000 personas, de las cuales unas 1300 están en la calle y 2.700 en nuestros paradores. Gabriel Mraida, ministro de desarrollo humano y habitat de CABA Santiago Cichero/AFV —Si yo le pidiera que me describiera ese universo, ¿qué me contaría? —Lo primero que te diría es que son personas y que cada una tiene una historia diferente, y que cuanto mayor capacidad tengamos de conectar con esa subjetividad, mejor respuesta podemos dar. Parte del trabajo que estamos haciendo en ese sentido es generar una mejor oferta de paradores. —¿Mejor en qué sentido? —El censo nos permite ver si tenemos las plazas suficientes, pero también cómo tenemos que ir segmentando lo que se ofrece en los paradores. No es lo mismo una familia que está circunstancialmente en la calle que una persona que tiene cierta tendencia crónica. Tampoco es lo mismo una persona que tiene un problema de consumo severo que una que solo está algunos días de la semana porque tiene un domicilio fijo en otro lugar del país. —¿Cuál es la propuesta que ofrece el Gobierno porteño para quienes no tienen un lugar para vivir? —Principalmente dos líneas de acción. La primera son los centros de inclusión social, conocidos como refugios o paradores. Son 47 espacios. Por una decisión muy clara del Jefe de Gobierno, nos estamos focalizando en mejorar las condiciones en esos lugares, pero sobre todo profundizar esta mirada de qué es lo que sucede en cada uno de ellos. Estamos abriendo en breve uno específico para personas con trastornos de salud mental y habilitando plazas nuevas para familias. Tenemos para personas con adicciones, para varones solos, etcétera. —¿Cuál es la otra línea? —El subsidio habitacional, un refuerzo para que puedan pagar un alquiler y que tiene sentido sólo en un segmento de las personas en calle, aquellas que tienen algún ingreso o capacidad de sustentación de algunos gastos, pero necesitan un refuerzo. —Usted mencionaba que pese a estos esfuerzos 1300 personas no quieren ir a los paradores. ¿Por que? —Las herramientas con las que veníamos trabajando hoy no alcanzan. El contexto pospandemia nos muestra un nivel de profundidad en la cuestión de salud mental mucho más grande del que teníamos registro. Por eso, una de las decisiones fue lanzar un protocolo de salud mental. Ahora, cuando detectamos a una persona que por su su estado de salud mental se pone en riesgo o pone en riesgo a terceros no sólo intervenimos con el BAP sino que acude el servicio de SAME psiquiátrico. Entonces, respondiendo a la pregunta, por un lado, en parte tiene que ver con cuáles son las herramientas que tenemos para abordar temáticas de salud mental y por otro lado con mejorar la prestación de los paradores para poder tener una sintonía más fina con la necesidad de la persona. —Sobre ese protocolo, ¿a dónde van las personas cuando se define que requieren internación? —Son derivadas a un hospital con servicio de salud mental. Ahí reciben el tratamiento médico correspondiente. Ahora estamos diseñando un centro de inclusión específico para personas con trastornos de salud mental, de manera que cuando egresen del hospital puedan ir a ese parador. —¿Y si no requieren internación? —Tienen seguimiento médico. Nuestra ley de salud mental genera polémica porque tiene algunos artículos que para el abordaje en gente en situación de calle genera mucha complicación. Entonces necesitamos de otras herramientas como la intervención del SAME psiquiátrico para poder, en algunos casos, forzar la internación. Si en cambio el médico determina que no amerita una internación, se vuelve al abordaje social. —¿Está al tanto de que la Asesoría Tutelar N°1 denunció el protocolo por disponer traslados y evaluaciones sin orden judicial? —No estaba al tanto. Pero en todos los casos interviene la Justicia. Gabriel Mraida: "El contexto pospandemia nos muestra un nivel de profundidad en la cuestión de salud mental asociada a la situación de calle mucho más grande del que teníamos registro" Santiago Cichero/AFV —Volviendo a la red de paradores, algunas ONG advierten que no consiguen plazas. —No debiera suceder. No hemos tenido registro en ningún día de haber tenido las vacantes a tope. Sí puede suceder que haya algún interés específico de alguna persona que no coincida con la disponibilidad de esa noche. Eso sí puede suceder y vamos a tratar de achicar el margen de que suceda, pero nunca el margen va a ser cero. Además estamos ampliando las plazas. Hoy estamos por encima de las 3000 y el objetivo es tener para el invierno unas 4000, que es acorde a los números del censo. —Es decir que si hoy todas las personas censadas quisieran ir a un parador no habría suficientes plazas. —Lo que tenemos como recurso es el subsidio habitacional, que inmediatamente nos permite ofrecer lugares en hoteles pagados por el gobierno. Esta mirada y este foco prioritario que le estamos poniendo desde que asumimos en el gobierno va a hacer que la tasa de aceptación aumente. Por ende, necesitamos tener las plazas acordes. —A la par de las personas en situación de calle, hay otra población en riesgo, que si no recibe ayuda puede terminar en la calle porque no puede pagar la habitación que alquila, por ejemplo. ¿Cuántas personas son y cómo se las asiste? —Tenemos dos programas. Uno es el subsidio habitacional. Tenemos una red de 10.130 beneficiarios del subsidio. Les hacemos un seguimiento intensivo porque son la franja más frágil y, potencialmente, si no tuviesen ese subsidio podrían volver a la calle. Para recibirlo, hay cierta condicionalidad: quienes tienen hijos tienen que llevar a los chicos al colegio y tienen que presentarse a algunas entrevistas laborales que nosotros les podemos proveer, por ejemplo. —¿Cuál es el otro programa? —Ciudadanía Porteña, que es un programa que apunta más a cubrir la canasta de alimentos, no tanto la cuestión directamente habitacional. Pero ese registro de quiénes nos están solicitando este programa nos sirve para tener un termómetro. —Las ONG que trabajan en este tema dicen que el subsidio habitacional mensual oscila entre los 35.000 pesos para una persona y 50.000 para una familia mientras que una habitación de hotel sale entre 120.000 y 190.000, según la zona. —No, es más alto. El monto promedio es de 59.047 pesos. Además va a haber un aumento a mitad de año. Igual, estamos trabajando para que se mejore el subsidio habitacional. Es una respuesta que tiene atributos positivos, como la respuesta rápida en el caso de riesgo de calle de una persona que sufre un desalojo judicial, pero es poco flexible y poco permeable a identificar la heterogeneidad de las personas en calle. Entonces ofrece el mismo monto o las mismas condicionalidades para casi cualquier contexto. —¿Qué cambios están evaluando? —Vale la pena ver en qué casos funcionaría más un alquiler asistido, como tienen otros países. En ese caso, la herramienta tiene que funcionar como mecanismo de egreso de los paradores. Ver qué necesita una persona que tiene trabajo y que quizás con un subsidio que permita funcionar más como un alquiler social se pueda emancipar del parador. En otros casos, hoy está funcionando como un refuerzo de ingreso. Entonces quizás ahí tiene que haber otro programa o algo más parecido al Ciudadanía Porteña. —¿Por qué el subsidio habitacional sólo se puede usar para vivir en hoteles teniendo en cuenta que son caros y muchos están en pésimas condiciones? —Bueno, es parte de lo que se puede redefinir. Tenemos una crisis de vivienda en la ciudad producto de una medida que era muy mala (en referencia a la derogada Ley de Alquileres) y del cero acceso a crédito, que complicaba cualquier esquema de alquileres. Si eso empieza a mejorar, y hay indicadores que van en ese sentido, eso nos va a permitir que para la franja más frágil, podamos pensar otros esquemas de alquiler. —Es frecuente que, entre las personas que están en calle y las que están en riesgo de calle, se dé una especie de círculo vicioso: pagan un hotel mientras pueden y cuando no, terminan en calle y, de ahí, van a un centro de inclusión social. —Efectivamente es lo que sucede y es una de las cosas que más te interpela. Hay una cuestión macroeconómica que hace que la reinserción sea difícil. Estamos probando con una red de mentores, para que cada persona que así lo quiera tenga un acompañante que se ocupe de la dimensión afectiva y comunitaria de la reinserción de la persona. Muchos de estos retrocesos se dan porque si hay un pasito para atrás y no lo detectás, se cae en un ciclo de regresión. —¿Y qué porcentaje de personas que están en los paradores ya habían estado antes? —Te diría que es mayoritario. —¿Cuál es su opinión sobre la campaña Orden y Limpieza? —La política pública de calle desde que asumió Jorge Macri tiene dos rasgos centrales: es una prioridad y es una política para los tres millones de porteños. Creemos en una política pública para los tres millones de porteños, que incluye a las personas que están en calle y que incluye al resto de los porteños, que a veces cambian el recorrido para llevar los chicos al colegio o dejan de utilizar el espacio público. Está claro que en la ciudad se ha resentido la convivencia, en parte producto del aumento de las personas en situación de calle, de las ranchadas, de la ocupación de algunos lugares que no son dignos como lugar de vivienda y donde se ha interrumpido la utilización normal del espacio. —Hablamos de una población que depende fundamentalmente de su ministerio y, sin embargo, en los últimos días se pronunciaron al respecto funcionarios del Ministerio de Seguridad. Es decir, se venía abordando como una problemática social y ahora se instala más como una problemática de seguridad. ¿Cambió el abordaje? —Las dimensiones de desarrollo humano están siempre presentes. —¿En esta campaña también? —No es una campaña. Operativos de limpieza suceden todo el tiempo en todos los puntos de la Ciudad. —Es verdad. Pero ahora se comunican con una narrativa fuertemente anclada en la seguridad. —La narrativa es integral. En los operativos de limpieza hay una dimensión del espacio público que por supuesto hace a la mirada de cómo mejorar la convivencia de los tres millones de porteños. Hay otra dimensión que hace a la seguridad: la semana pasada una persona que estaba en calle fue detenida por un caso de violación. Y después hay otra dimensión, que es mayoritaria y que es la de desarrollo humano y que aparece en todos los casos. —Con esta nueva narrativa, ¿no hay riesgo de infundir miedo y profundizar la estigmatización? —Yo creo lo contrario. Creo que muchas veces la conversación respecto de las personas en situación de calle tiende a la romantización. Por un lado decimos que la calle no es lugar para vivir, pero por otro lado decimos: “bueno, hay que ver, no sé”. No, la calle no es lugar para vivir porque toda la experiencia que sucede en la calle está vinculada a violencia: hay inseguridad, hay una utilización indebida del espacio público. Cuando una persona usa como baño el espacio público, además de ser un perjuicio para todos los que quieren disponer del espacio público, es poco digno para esa persona. Entonces ahí no hay una estigmatización. A veces hay una falsa romantización o una construcción de una dicotomía que yo no creo que sea tal. —Hasta la nueva gestión, una persona en situación de calle podía no aceptar la oferta del Gobierno de la Ciudad y seguir viviendo en la calle. ¿Ya no tiene esa opción? —Bueno, dependerá después de cuál sea su conducta respecto del espacio público. Si su conducta supone una contravención o un delito deberá intervenir la policía como en cualquier otro caso. En eso no hay una mirada distinta. Pero sí hay un énfasis en que la calle no es lugar para vivir. Creo que vale la pena consensuar un nuevo sentido común que sea mucho más enfático en que la calle no es lugar para vivir. Bueno, construyamos todas las herramientas para que eso no suceda.
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