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» El Norte
Fecha: 09/05/2024 10:25
Nuevamente la Brigada Antiexplosivos se trasladó a la localidad de San Pedro por alertas de ataques terroristas. Durante tres días seguidos varias escuelas recibieron falsas amenazas de bombas. El mes pasado más de 25 instituciones fueron intimidadas. La Fiscalía Federal de San Nicolás había realizado tres allanamientos en el marco de esa investigación. De la redacción de EL NORTE [email protected] Nuevamente la vecina localidad de San Pedro se vio conmocionada por amenazas de ataques terroristas. Durante tres días consecutivos esa ciudad vivió momentos de angustia y de caos provocados por las amenazas de colocación de bombas en múltiples establecimientos educativos. Estas advertencias obligaron a evacuar a los alumnos de todos los niveles, generando desesperación entre las familias, caos vehicular y un despliegue masivo de las fuerzas dedicadas al protocolo de seguridad. El último e-mail que fue recibido este miércoles advertía sobre la presencia de artefactos explosivos en varias escuelas y en estaciones de servicio. La Brigada Antiexplosivos de San Nicolás debió ser nuevamente convocada para revisar las instalaciones y ante el posible hallazgo de bombas proceder a desactivarlas. En tanto la Fiscalía Federal nicoleña a cargo del fiscal Matías Di Lello instruyó medidas para profundizar en la investigación. El mes pasado luego de que las instituciones sampedrinas; entre ellas escuelas, bancos y bibliotecas; recibieran más de 25 intimidaciones la justicia ordenó varios allanamientos. Conforme a información extraoficial la Municipalidad de San Pedro se constituiría en Particular Damnificado para impulsar junto a la fiscalía la investigación. La causa está enmarcada en el delito de “Intimidación pública” que tiene una pena en expectativa de dos a seis años de prisión en caso de ser solamente un peligro abstracto. Las amenazas habrían sido recibidas a través de correos electrónicos en distintos establecimientos, entre ellos la Escuela Normal, el colegio San Francisco y el Instituto Nuestra Señora del Socorro lo que puso en alerta máxima a las autoridades. Hace un mes atrás, entre los días 8 y 9 de abril, la ciudad se paralizó tras recibir una ola de amenazas que generó terror y complicaciones en las comunidades educativas y en distintas instituciones como la Municipalidad y varios bancos. Los hechos son de una inusitada gravedad porque más allá de que hasta el momentos todas las advertencias fueron falsas, de todas formas, los responsables de la seguridad están obligados a cumplir con los protocolos de evacuación de los edificios y convocar a las brigadas especializadas generando gastos de recursos y ocupando a las fuerzas que podrían no estar disponibles en caso de emergencias reales. El pasado 12 de abril la justicia federal había allanado dos domicilios de San Pedro y fueron incautados elementos que fueron sometidos a pericias cuyos resultados aún se desconocen. Allanamientos En los allanamientos intervino la Fiscalía Federal de San Nicolás con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Fueron realizados en el marco de la investigación luego de que entre el lunes 8 y el martes 9 de abril distintos establecimientos recibieran correos electrónicos en los que se aseguraba que habían colocado artefactos explosivos. Esto llevó a la activación de protocolos de evacuación, revisión de edificios con personal policial anti-explosivos e incluso a la suspensión de clases. Si bien las amenazas no se concretaron, era necesario conocer quienes estaban detrás de los mensajes. Los diversos textos amenazantes, junto con un mensaje enviado desde una cuenta de Instagram, fueron anexados a la causa y se solicitaron a distintas empresas que remitieran información sobre las casillas involucradas. Tras la investigación y el pedido realizado por la Fiscalía Federal de San Nicolás, el Juzgado Federal N°2 llevó adelante durante la madrugada del 12 de abril pasado dos allanamientos en domicilios de San Pedro. Las diligencias fueron realizadas por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, que secuestró distintos elementos electrónicos que están siendo analizados por tener presuntamente vinculación con la pesquisa.
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